El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia aclaró este lunes a través de un comunicado que no participa en las negociaciones con el Gobierno en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.
«El Consejo regional indígena del Cauca, CRIC-Nacional, las 127 autoridades tradicionales y los 10 pueblos indígenas que representa, no participa de mesas de negociación con el Gobierno nacional hasta que no pare la criminalización de la protesta social», dice el texto.
El comunicado añade que «no se puede hablar de diálogos» con el gobierno «mientras el presidente Iván Duque y su cúpula militar continúan ordenando disparar contra los jóvenes que se encuentran en resistencia»; y «mientras siguen desapareciendo, torturando y judicializando a quienes se encuentran de manera activa en el paro nacional».
El CRIC pide una rectificación de la información brindada por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien informó a la prensa el sábado que el domingo «indígenas y jóvenes» estarían «en una mesa de negociación con el Gobierno».
El texto señala que dichas declaraciones «se prestan para difundir y desinformar a nivel nacional e internacional», dado que la información fue replicada también fuera del país.
En ese sentido invitan a la prensa a investigar y publicar versiones desde los diferentes actores y no solo las declaraciones oficiales «que el gobierno emite desde la comodidad de su escritorio, ignorando la cruda realidad que se vive en los territorios».
PLANTEAMIENTO
Asimismo, informan que el domingo delegados del CRIC estuvieron en Bogotá para adelantar diálogos exploratorios con el comité nacional del paro en el marco de la minga social y comunitaria.
Allí exclusivamente se discutió sobre el planteamiento, que, en conjunto, le harán al Gobierno nacional, «el cual consiste en salvaguardar la vida, los derechos humanos de la población colombiana y exigir las garantías al derecho fundamental a la protesta», concluye el texto.
El planteamiento incluye la exigencia de desmilitarizar el país y que cesen los ataques en todo el territorio nacional; desjudicializar a todas las personas que participaron de las protestas por derecho constitucional, la aparición «sanas y salvas» de las personas desaparecidas por fuerza pública y que el Gobierno repare «manera integral por todas las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones, la violencia física, verbal y sicológica hacia las mujeres y todos los delitos que violan los derechos humanos».
Finalmente se propone que se establezca una comisión con organismos internacionales para operativizar la ruta y se pueda dar claridad a los temas mencionados.
Desde el CRIC destacan que primero debe haber garantías de la vida, la protesta social y libre pensamiento, para luego pensar en un diálogo para dar «soluciones concertadas ante la actual crisis que vive el país».
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas que se realizan en Colombia desde el 28 de abril en contra de proyectos de Gobierno, la inmensa mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.
En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el 11 de mayo, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.
Fuente: Sputnik
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