Este lunes, en el Juzgado de Garantía de Collipulli, se realizó la audiencia de formalización de nueve de diez militares imputados, entre ellos un oficial, por el delito de torturas cometidos en perjuicio de tres hombres y dos mujeres, en una causa en la que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es querellante. Uno de los imputados no fue notificado, por lo que se fijó su audiencia para el próximo 29 de junio.
En la audiencia se expusieron los antecedentes que constan en la carpeta investigativa, recopilados a lo largo de los casi siete meses de investigación, y que permitieron acreditar tanto la existencia del delito que se imputa, como la participación en los hechos a los militares formalizados, en esta etapa procesal.
Por lo anterior, el tribunal resolvió decretar la prisión preventiva de los nueve imputados, por considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad, atendiendo principalmente a la pena de crimen del delito de torturas, que va desde los 5 años y 1 día a los 10 años de pena, y el carácter del mismo, el cual representa una naturaleza pluriofensiva a distintos bienes jurídicos, entre ellos, la dignidad, la integridad física y la libertad, así como también la circunstancia contemplada en el artículo 150 letra C del Código Penal, que se aplica en razón de la calidad de detenidas de las víctimas al momento de los hechos, la cual excluye el tramo mínimo de la pena a aplicar.
Conforme a los testimonios recabados por el INDH, en base a los cuales se interpuso querella criminal por el delito de torturas contra los funcionarios del Ejército, los hechos se remontan al 13 de octubre 2020, alrededor de las 23 hrs. cuando regía el toque de queda, en momentos en que los afectados se encontraban en el sector del mirador, al final de la calle Cruz, comuna de Collipulli. En ese momento, se habría acercado un camión militar del cual descendieron uniformados con fúsil en mano y que habrían gritado “a tierra, a tierra”.
Las cinco víctimas relatan que fueron obligadas a ponerse boca abajo con las manos en la nuca. Posteriormente, señalaron, les amarraron las manos por la espalda con esposas plásticas y las
subieron al camión militar, trasladándolas al interior de un predio forestal. En ese lugar, las víctimas afirman que fueron obligadas a arrodillarse, mientras eran apuntadas por los cañones y agregan que fueron mojadas, y que unos militares dijeron que se trataba de “bencina”.
Acto seguido, según indican las víctimas, los militares simularon un fusilamiento, cuando uno de ellos dio la orden de “pasar bala” y se escucharon disparos. Posterior a esto, los funcionarios del Estado se habrían retirado del lugar.
Este es el primer caso en la Región de La Araucanía en que se imputa específicamente esta figura penal, incorporada el año 2016, adecuando la legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos, al establecer que tortura es “(…) todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigar a una persona por un acto que se le acuse haber cometido, o por discriminación”.
El Juzgado de Garantía fijó el plazo de 3 meses de investigación y resolvió que los imputados deberán presentarse en el plazo de 72 horas a cumplir la prisión preventiva. Aquellos que conservan la calidad de funcionarios del Ejército deberán realizarlo en sus unidades de destinación, y quienes ya no pertenecen a la institución deberán presentarse en el centro penitenciario dependiente de Gendarmería de Chile que corresponda a sus domicilios.