El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes al Gobierno de Jair Bolsonaro tomar «las medidas necesarias» para proteger a indígenas en los territorios Yanomami y Mundurucus, en los estados de Roraima, Pará, Amazonas y Mato Grosso.
Las dos reservas y sus comunidades indígenas han sido víctimas de ataques sistemáticos por parte de mineros, con armas y bombas, que ya han provocado la muerte de al menos dos niños de la etnia yanomami.
El fallo del juez federal Luis Roberto Barroso, determinó que el Gobierno «adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger la vida, salud y seguridad de las poblaciones indígenas que habitan en los Territorios Indígenas Yanomami y Mundurucu».
El magistrado establece una serie de procedimientos que deben ser seguidos por las autoridades federales, a fin de garantizar la efectividad de las acciones de seguridad.
La decisión de Luis Roberto Barroso responde a la denuncia interpuesta el 19 de junio pasado por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que pedía la remoción de los mineros ilegales en los territorios indígenas Yanomami y Mundurucu.
El 10 de mayo, la Asociación Hutukara Yanomami (HAY) denunció un enfrentamiento entre indígenas yanomami y mineros ilegales que invadieron la comunidad Palimiu, en el estado de Roraima, con saldo de cuatro mineros y un indígena heridos de bala.
Los mineros ilegales también han protagonizado episodios violentos en territorio Mundurucu, ubicado en el estado de Pará y habitado por unos 12.000 indígenas.
Desde el 2020, los indígenas yanomami alertan sobre la situación de extrema tensión en su reserva, la mayor de Brasil, con 96.000 kilómetros cuadrados divididos entre los estados de Roraima y Amazonas.
Las organizaciones indígenas y ambientalistas denuncian la presencia de unos 20.000 mineros ilegales en territorio yanomami y sostienen que son uno de los principales factores de contagio del coronavirus en las comunidades.
Cortesía de TeleSUR
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