¿Hacia una descolonización constitucional en Chile?

Por Andrés Kogan Valderrama, Sociólogo

La pregunta sobre la descolonización del Estado se vuelve central en el contexto actual de Chile, luego de la inédita elección paritaria de candidatas y candidatos constituyentes, y saber quiénes van a ser parte de este nuevo órgano fundamental.

Señalo esto, ya que el Estado de Chile a lo largo de su historia, ha generado distintas constituciones desde 1810 en adelante, las cuales han sido escritas de manera antidemocrática por pequeños grupos de elite, los cuales han sentado las bases de un período republicano, que aunque se presente como una ruptura histórica con el periodo colonial anterior, ha profundizado la exclusión y negado la posibilidad de pensarnos más allá de los esquemas mentales, materiales y simbólicos provenientes del Norte Global.

De ahí que si bien la llamada Independencia de Chile fue realizada con éxito en términos militares y administrativos, no logró ser realmente un proceso descolonizador, ya que como bien ha mostrado el pensamiento anticolonial, fue un proceso heredero de un patrón de poder global moderno, capitalista, patriarcal y eurocéntrico de carácter uni-versal, que mantuvo la idea racista de que Europa y Estados Unidos eran los faros a seguir políticamente.

No es casualidad por tanto, que las nuevas repúblicas nacidas en el siglo XIX en la región, como el caso de la chilena por ejemplo, sean el resultado de ideas políticas provenientes de procesos internos de occidente, como son los casos de la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos, como si el único camino a seguir fuera solamente uno y sin alternativas por fuera de los límites de las democracias representativas modernas.

Es así como distintas ideas políticas, como lo son el progreso, desarrollo, derecha-izquierda, liberalismo-socialismo, conservadurismo-progresismo, parlamentarismo-presidencialismo, Estado Unitario-Estado Federal y la misma separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), han sido la base para sostener a las democracias modernas existentes en la región, lo que puede verse como un mero proceso de colonialismo interno o colonialidad, como dijo en su momento Aníbal Quijano, al ser definidos y vernos como países inferiores, subdesarrollados y provenientes del Tercer Mundo.  

Se podrá decir que en el siglo XX, las distintas izquierdas en la región y procesos políticos existentes en Chile, como son los casos del Frente Popular y la Unidad Popular, ampliaron la democracia existente, a través de la incorporación de nuevos actores y  derechos sociales, como de un cuestionamiento profundo al Estado capitalista, por reproducir la desigualdad entre países centro-periferia, como bien plantearon en su momento las distintas teorías de la dependencia.

No obstante, muchas de las distintas corrientes transformadoras del siglo XX en Chile, al igual que el resto de la región, no cuestionaron las bases mismas de la colonial-modernidad, al situarse desde corrientes políticas estadocéntricas y uni-nacionales, por lo que no fueron más allá de los límites impuestos de la civilización occidental, como pasó con el marxismo y los socialismos reales, los cuales terminaron por reproducir un modelo industrial, urbano y antropocéntrico, el cual tiene al mundo en una crisis socioambiental global sin precedentes.

Ante esto, se vuelve importantísimo mencionar las grandes movilizaciones populares contra el neoliberalismo, los procesos constituyentes y el giro político que tuvieron varios gobiernos de la región desde la década de los 2000, en los cuales se lograron nuevos derechos y nuevas constituciones que fueron más allá de lógicas modernas, al estar detrás ampliamente el movimiento indígena.

Es así como la influencia de distintas organizaciones indígenas, tanto en Ecuador como en Bolivia, como son los casos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), fueron claves para hacer rupturas con lógicas tradicionales provenientes de izquierdas eurocéntricas y autoritarias, que han concebido históricamente a la Madre Tierra como una fuente inagotable de recursos para el Estado.

De ahí lo fundamental en la conformación de Estados Plurinacionales e Interculturales, en donde los Derechos de la Naturaleza, el respeto por la Madre Tierra y alternativas como el Buen Vivir/Vivir Bien, son claves como horizontes sostenibles para la vida de humanos y no humanos, y verdaderos giros civilizatorios, en relación al derecho moderno humanista, como escribió el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro la Pachamama y lo Humano.

Lamentablemente, en la práctica, en esos dos países, el extractivismo, al igual que el resto de la región, se profundizó ampliamente, por lo que esos derechos fueron vulnerados por los mismos gobiernos progresistas, en donde el caudillismo, el clientelismo, el desarrollismo, la partidocracia y la dependencia económica con China, ha sido fatal para implementar políticas que pongan en el centro el cuidado de la vida.

De ahí que los gobiernos con más apoyo popular durante el ciclo progresista en la región, como lo fueron los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández, Lula Da Silva, José Mujica, más allá de ciertas políticas y retóricas de transformación social en sus respectivos países, incluso antiimperialistas, se hayan subordinado finalmente al llamado consenso de los commodities, como ha problematizado Maristella Svampa.

Se podrá decir, que con la reciente llegada de David Choquehuanca a la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, hay un reimpulso de defensa de la Pachamama, a través de iniciativas como el proyecto de “Ley de la Defensoría de la Madre Tierra”. Sin embargo, tomando las palabras de Eduardo Gudynas, el país ya cuenta con normas ambientales básicas que no se aplican y además no funciona en lo más mínimo el Tribunal Agroambiental, por ejemplo.

Visto este escenario a nivel regional, la pregunta por la descolonización constitucional en Chile se ve extremadamente compleja y difícil de responder. Esto considerando que Chile debe ser el país más neoliberal del mundo a nivel institucional y con la sociedad más bancarizada y endeudada que se conozca, lo que ha sido acompañado por un proceso de militarización de parte del Estado de Chile en territorios indígenas, el cual no solo ha sido un proceso de usurpación de tierras de parte de grandes empresas forestales, mineras y energéticas, sino también una negación como sujetos políticos y como aporte a la construcción de una democracia pluriversa.

Por lo mismo, la reconstrucción del tejido social, la organización política y la articulación entre movimientos sociales en Chile, ha llegado mucho más tarde que otros países de la región, ante una institucionalización y naturalización tan fuerte del neoliberalismo en Chile, por lo que el desafío de descolonizar el Estado es quizás mucho más ambicioso y difícil de plantear siquiera para la discusión.

Por suerte, con la revuelta popular de octubre del 2019, se abrió un proceso de politización en Chile muy profundo, que generó un proceso constituyente inédito en el país, forzando a la clase política neoliberal a ceder un plebiscito en donde los ciudadanos decidieran si querían o no una nueva Constitución, lo que derivó en el año 2020 en un aplastante 80% de preferencias por un Sí para una nueva Constitución.

Asimismo, es destacable también la elección paritaria para constituyentes del pasado 15 y 16 de mayo, en donde muchos luchadores sociales y ambientales de la revuelta social y parte de organizaciones de base salieron electos y electas. No es menor el rol que jugarán las y los constituyentes de la Lista del Pueblo en esta nueva convención constitucional, por ejemplo, junto a otras y otros independientes críticos que tienen una relación directa y son parte de comunidades organizadas.

Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo esta convención constitucional funcionará, en tanto su capacidad de articularse con los distintos movimientos sociales y territorios, será clave, en cuanto a su capacidad de generar mecanismos de participación directa con las comunidades. Pero también, es fundamental la misma presión social que se ejerza sobre esta nueva convención constitucional, a través de manifestaciones, huelgas, paros, cabildos autoconvocados y trabajo político desde las bases,

El peligro obviamente de que los partidos políticos tradicionales recolonicen el proceso institucional constituyente, está siempre presente. No hay que olvidar que son esos mismos partidos, no solo de derecha, sino también los de una izquierda de mercado (ex concertación), que negaron la posibilidad de pensar un país distinto.

Pero tampoco se puede ver con mucho optimismo lo que pueda pasar con los partidos políticos de izquierda más progresistas en Chile en este proceso constituyente, como lo son los casos del Partido Comunista o los partidos que conforman el Frente Amplio. Me parece que todos ellos aún no ven al eurocentrismo como un problema político por superar y a la descolonización del Estado como parte de un proceso crucial por construir en el país.

Planteo esto, ya que en mayor o menor medida, siguen siendo izquierdas apegadas a modelos políticos eurocéntricos, sea socialdemócratas, populistas o marxistas, en donde la discusión de mayor o menor tamaño del Estado, en tanto superación del neoliberalismo, lo ven como la principal aspiración a alcanzar para este nuevo proceso constituyente.     

Lo señalo, ya que cuando a esas izquierdas occidentalizadas en Chile se les plantea la discusión sobre descolonización, plurinacionalidad e interculturalidad, lo siguen concibiendo como meros reconocimientos a los pueblos originarios, y en el mejor de los casos, a ciertas autonomías territoriales, pero no como algo transversal en la sociedad y de transformación del mismo Estado moderno, no viendo así, como bien plantea Silvia Rivera Cusicanqui, que lo que se trata es de sacar el indio o la india que llevamos dentro, y de ir mucho más allá la idea misma de plurinacionalidad existente del Estado moderno, desde una mirada ecoterritorial, como bien señala Francisca Fernández Droguett, la cual incluya a comunidades políticas indígenas, afro, migrantes, campesinas y sectores populares urbanos. 

No sorprende entonces que persista un discurso de esas izquierdas subordinado completamente al discurso colonial del desarrollo de los últimos 70 años, en donde recetas como el desarrollo sustentable o un ecosocialismo estatal, parecieran instalarse como salidas a la crisis climática actual.

Asimismo, esos mismos sectores de izquierda, siguen usando también discursos estadocéntricos del siglo pasado, para referirse a los bienes comunes comunitarios, en donde la nacionalización estatal de los llamados recursos naturales y la industrialización de la economía, se plantean como un horizonte deseable, a pesar de ser insostenibles socioambientalmente. 

Menos mal que los movimientos sociales en Chile en los últimos 20 años, conformados por distintas organizaciones estudiantiles, socioambientales, feministas, mapuche, entre muchas otras, han sido claves para confrontar, reconfigurar y ampliar esta retórica de izquierda eurocéntrica y antropocéntrica, anclada en los límites coloniales y patriarcales de la modernidad.

Los casos en Chile de la Asociación de Estudiantes Secundarios (ACES), el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por decir solo algunos, son buenos ejemplos de cómo desde las comunidades y territorios organizados es posible construir alternativas más profundas.

De ahí que se planteen con cada vez más fuerza en Chile demandas como Derechos de la Madre Tierra, derecho a migrar, fin a la megaminería, fin al adultocentrismo, educación no sexista, políticas de los cuidados, derecho a la locura y a la diversidad mental, soberanía alimentaria y energética, gestión comunitaria de las aguas, familias diversas y alternativas al desarrollo y a la modernidad, desde buenos vivires, como lo puede ser el Küme Mongen mapuche, y otras miradas y experiencias colectivas y ecocéntricas que trascienden al Estado moderno.

Por lo tanto, será clave la relación entre los sectores más críticos de la nueva convención constitucional, provenientes de  movimientos sociales, con sus bases mismas, ya que si no, será una nueva Constitución que podrá tener ciertos Derechos Humanos consagrados e incluso de la Madre Tierra, como el agua por ejemplo, pero sin un arraigo en las comunidades, lo que hará que fácilmente sean vulnerados por los mismos gobiernos y las grandes empresas existentes, como ha pasado en tantos otros países de la región.