En las urnas no debe olvidarse a quien avaló la privatización del agua, fue Eduardo Rivera: Asamblea Social del Agua

Por Kara Castillo

Eduardo Rivera Pérez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Puebla, es el principal responsable de que el servicio de agua en la capital se haya privatizado, pues en su administración el Cabildo avaló la concesión que el finado Rafael Moreno Valle propuso y lo asumió sin reservas.

María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), señaló a la gestión del exedil Rivera Pérez como cómplice en la privatización del agua.

“Eduardo Rivera y el cabildo poblano pudieron haber detenido la privatización del agua y tirado el negocio millonario de Concesiones Integrales, pero al contrario, fueron sumisos a los intereses del entonces gobernador y de una empresa”, asentó.

Ochoa se dijo sorprendida de que la misma persona que oferta en su campaña analizar la revocación de la concesión del agua, sea el mismo que avaló dicha privatización a finales de 2013.

“En su momento no se tomó ni el tiempo ni la molestia de consultar a la ciudadanía de su municipio para saber qué pensaba y cómo afectaría la privatización del agua”.

La representante del ASA mostró la transcripción del Cabildo de septiembre de 2013, donde se evidencia cómo Rivera Pérez prácticamente “corrió” para que la mayoría del Cabildo votara para otorgar la concesión que podría terminar en 30 años.

La defensora del agua llamó a una contraloría ciudadana del agua pues dijo que no se debe olvidar quiénes entregaron el servicio a la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla), dado que muchos de estos regidores buscan un puesto de representación popular.

“La ASA llama a que se haga una contraloría ciudadana. Debemos responsabilizar, hacer una toma de nota y de cuentas a todas las autoridades electas como Eduardo Rivera, regidoras y regidores que votaron por la privatización del agua. Hacerlos responsables, junto con el gobierno estatal de ése momento en el impacto que estamos viviendo, como el estrés hídrico, eso tiene responsables. Detengamos el mal gobierno del agua».

María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA)

La ASA también insistirá, dijo, en remunicipalizar el agua, es decir, devolver los servicios de agua y/o saneamiento, previamente privatizados, al control público. Esto no sólo implica que el municipio vuelva a ser propietario de los activos, sino también responsable de la operación y gestión del servicio.

La privatización y sus efectos

La privatización del agua se inicia con la aprobación, el 31 de diciembre de 2012 –por la LVIII Legislatura estatal– de la Ley del Agua enviada ex profeso por el gobernador panista Rafael Moreno Valle; iniciativa que contraviene flagrantemente la tutela al Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que establecía desde febrero de 2012, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que permitía la concesión del servicio a particulares, con lo cual el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) sin dilación, ni consideración ciudadana alguna, el 29 de agosto de 2013, autorizó el oscuro procedimiento de licitación del servicio hídrico.

El 12 de septiembre de 2013, en Sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, presidido por el panista Eduardo Rivera Pérez, autorizó la Concesión del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Puebla.

La privatización se materializó el 15 de mayo de 2014, y en seguida se hacen visibles severas afectaciones en las tarifas, donde entre otras anomalías, se pasó de un cobro bimestral a uno mensual, se cambiaron de estrato a múltiples colonias y en general se dio un aumento tarifario que supera 500 por ciento y en algunos casos generó deudas sin sustento, de cientos de miles de pesos en usuarios residenciales, se redujo el agua por tandeos, en tanto la situación financiera de SOAPAP se agravó, contrario al discurso ofrecido para lograr la privatización.

Una verdadera plaga se hicieron los cortes de agua e increíblemente de drenaje, contraviniendo la tutela constitucional y los pactos internacionales firmados por México, todo ello, sin ninguna consideración jurisdiccional, ni supervisión por parte de SOAPAP ni del Ayuntamiento poblano.

Desde el primer día, narró Ochoa, la ASA emprendió la denuncia documentada ante los diversos entes de gobierno y legislativos, que deberían garantizar el derecho a llave del agua, además del Poder Judicial, donde se han presentado más de 500 casos, que los jueces ya han determinado la inconstitucionalidad de la Ley del Agua estatal.

ASA propone Agenda del Agua a candidatos

Transcurridos siete años de la materialización del acto de la Concesión, la ASA propuso líneas generales de la Agenda del Agua, a quienes busquen ser elegidos para un cargo:

• Impulsar a nivel federal la promulgación de la Ley General del Agua, con el documento que ya está consensuado por la ciudadanía, en las Comisiones respectivas en las Cámaras de Diputados y Senadores, basado en la Iniciativa presentada por La Coordinadora Nacional Agua para Todxs.
• A nivel estatal, abrogar la Ley del Agua del Estado de Puebla, por inconstitucional y porque promueve violaciones al derecho humano al agua y saneamiento; impulsar en cambio una Ley verdaderamente ciudadana, como la que ha promovido la ASA: Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley del Agua (ICELA);
• Para corregir la arbitrariedad y faltar al debido proceso de la Concesionaria, SOAPAP y el Ayuntamiento de Puebla y con sustento en la Jurisprudencia PC.VI.A. J/17 del 26 de febrero de 2021, deberán implementar un procedimiento jurisdiccional, tal que valide los casos justificados de RESTRICCIÓN de servicio (nunca debe haber suspensión total);
• En tanto no se promulgue la Ley General del Agua, garantista y progresiva, implementar contralorías ciudadanas, tales, que puedan verificar y en su caso, intervenir en la solución de falta de calidad, cantidad, tarifas justas, saneamiento y en general los más importantes aspectos del servicio;
• Detener el mal uso que se les da a los pozos existentes en algunas colonias de Puebla, como el de la Unidad Guadalupe, cuya operación les fue arrebatada, para comercializar el agua en otros sectores más lucrativos e irónicamente, afectar a la propia Unidad, con menores cantidades de agua y bajas presiones del vital líquido;
• Continuar con los esfuerzos ya iniciados por el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, con el Dictamen presentado a la LX Legislatura estatal, para la remunicipalización del servicio del agua y saneamiento, bajo el esquema del Buen gobierno del agua, retornando las facultades sobre la gestión del servicio, que le fueron quitadas vía SOAPAP.