Al cumplirse un mes de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, en Colombia, al menos 13 personas han resultado muertas en Cali, ciudad que ha sido militarizada por el gobierno y en la que han salido paramilitares a disparar contra los manifestantes. En la ciudad impera un toque de queda nocturno y, según varios videos difundidos por redes sociales, civiles armados o solitarios que se escudan tras la policía han abierto fuego contra las multitudes.
Ocurrió así ayer sábado cuando un sujeto con casco de motocicleta abrió fuego en una calle de Cali con manifestantes, ultimando a dos personas. Frente a hombre armados, las multitudes han adoptado la estrategia de la guardia indígena de confrontar sin armas y con la fuerza de la masa social para aislar a los francotiradores. Tras disparar, la multitud logró reducir al sujeto y, a diferencia de ocasiones anteriores en que recibía un juicio público, esta vez fue linchado. El tipo resultó ser un Fredy Bermúndez Ortiz, funcionario técnico de la Fiscalía Nacional de Colombia.
Si bien horas después el Fiscal Nacional Francisco Barbosa salió a aclarar que el funcionario se encontraba en sus horas libres, la actitud del fiscal en el último mes ha sido desestimar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la existencia de paramilitares y de irrestricto apego al gobierno de Duque.
En Bogotá también hubo varias movilizaciones, en las que participaron sindicalistas, agrarios y estudiantes. En una de ellas Ernesto Roa, presidente Coordinador Agrario, contó que “hoy está demostrado que no hay voluntad política. Todo lo contrario, la respuesta ha sido el tratamiento militar y de guerra, imponiendo el terrorismo de estado a la población movilizada”.
UN MES DE MOVILIZACIONES
Según la Defensoría del Pueblo ya han sido asesinadas unas 59, en tanto que organizaciones de derechos humanos calculan en 300 desaparecidos desde el último mes, cifra minimizada por las autoridades, las que sólo reconocen 123 casos. Según el balance entregado el viernes reciente por la ONG Temblores, tras un mes de movilizaciones hay 1.133 víctimas de violencia física; han ocurrido 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 47 víctimas de agresiones oculares; 22 víctimas de violencia sexual; y 6 víctimas de violencia basada en género.
En un relato que publicó Página 12, se cuenta que en el barrio de Meléndez, al sur de Cali, cinco paramilitares interrumpieron un acto pacífico desarrollado por los vecinos. Uno de ellos contó que “nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro (…) cuando se escucharon unos tiros y empezaron a masacrar a la gente (…) eran unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles”.
También en Cali ocurrió la detención ilegal de un joven músico integrante de la orquesta sinfónica, quien tras luego participar en un concierto de música clásica de apoyo a las movilizaciones fue detenido por la policía y golpeado para que hiciera una confesión forzada, la que fue grabada por los funcionarios policiales.
La respuesta del gobierno del derechista Duque ha sido el despliegue de militares en las ciudades epicentro de las protestas, llegando a Cali un contingente de 1.100 uniformados. La jornada anterior, el mandatario había ordenado el despliegue de los militares en ocho de los 32 departamentos que integran Colombia. La intención es levantar los bloqueos de rutas y sofocar las protestas que llevan un mes, iniciadas el 28 de abril en rechazo a un aumento de impuestos que afectaba a los más pobres y a las clases medias.
Si bien el gobierno cedió a la semana retirando el alza, la grave situación económica producida por décadas de neoliberalismo, lo que se profundizó con la epidemia de Covid-19, la sistemática persecución de activistas sociales e indígenas y la falta de expectativas de grandes sectores de las multitudes mantienen viva una movilización que no tiene parangón en la historia de Colombia.
La represión de la protesta ha sido desde los instrumentos institucionales, como la policía y el Ejército, quienes han reprimido fuertemente en las ciudades; y el uso de civiles paramilitares que han disparado sobre las multitudes que se manifiestan. Dicha estrategia es habitualmente practicada por los latifundistas en las zonas rurales de Colombia.
Otra estrategia de las autoridades y los medios colombianos ha sido acusar que las guerrillas de las FARC están detrás de la protesta. Una interpretación fue dada por el ex- presidente y gurú de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, procesado por paramilitarismo y con vínculos con el narcotráfico, quien acusó a poco iniciadas las movilizaciones que se trataba de una “guerra molecular” emprendida por la guerrilla y luego llamó a la policía a usar sus armas y darles impunidad.
Para el 29 de Junio está prevista la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá revisar las vulneraciones a los derechos humanos producida en Colombia. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó adelantar la llegada de la comisión.
En tanto, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó en horas recientes su profunda preocupación por acontecimientos ocurridos en Cali desde el 28 de mayo. Según la ONU, 14 personas habrían muerto y 98 habrían resultado heridas, 54 de ellas por armas de fuego.
También la Plataforma de Derechos Humanos, que agrupa a las organizaciones del campo, solicitó en forma inmediata a Estados Unidos, suspender la asistencia a la Policía Nacional de Colombia, “dada la fragrante y letal violencia ejercida contra los manifestantes. Las Plataformas siempre hemos solicitado el condicionamiento de la ayuda militar al cumplimiento de los Derechos Humanos”.
Tanto el Ejército colombiano como la policía reciben asistencia tećnica y ayudas de sus pares norteamericanos con la excusa del combate al narcotráfico y las guerrillas.
El Ciudadano
FOTO: Colombia informa
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