A poco más de una semana, el gobierno federal, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo un llamado enérgico al gobierno del estado de Puebla por las agresiones suscitadas frente a Fiscalía General contra defensores y familiares de Zyanya.
El caso de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, la difunta doctora de 26 años, cuya muerte fue catalogada como suicidio, al no contar con un peritaje con perspectiva de género. Desde 2018, su familia busca que su caso sea investigado bajo la Sentencia Mariana Lima Buendía. La cual establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigado como si se tratase de un feminicidio.
El 21 de mayo del presente año, los familiares de Zyanya fueron citados a las 11 am para cumplir una diligencia en la que se haría la entrega del inmueble donde falleció la joven; inmueble que se encontraba en un amparo para impedir dicha entrega y poder terminar las diligencias faltantes de la investigación (entre ellas la reconstrucción de los hechos).
Pasadas las 11 am los familiares y sus asesores jurídicos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, se dieron cuenta que la diligencia no tendría lugar, ya que por segunda ocasión, Fiscalía los había dejado plantados.
A lo que decidieron acudir directamente a las oficinas de Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con la intención de hablar con el fiscal y saber qué acontecía respecto a la diligencia a la que los habían citado.
Alrededor de las 4pm, la familia de la víctima y sus acompañantes, asesores del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, miembros de colectivos feministas y reporteros, fueron negados a permanecer en las instalaciones de la FGE, y se les agredió con empujones y gas lacrimógeno.
Una vez que la situación se calmó, y conforme los medios de comunicación y prensa arribamos a la escena, los familiares señalaron todas las agresiones de las que fueron objeto.
Mirada mediática a agresiones contra defensores de derechos humanos y familiares víctimas de un posible caso de feminicidio
La mirada internacional tuvo el tino de voltear a ver este caso de violación a los derechos humanos, en el que no sólo se ha revictimizado a la familia de Zyanya, sino que además se les ha agredido físicamente al manifestar su derecho a protestar de manera pacífica.
Tanto instituciones como ONU Mujeres, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO; entre otros que mostraron su apoyo ante estos actos de uso excesivo de fuerza por parte de autoridades que, en teoría, deberían evitar este tipo de acciones.
Respuesta de Gobierno Estatal y Fiscalía General del Estado
A los días de estas agresiones, el gobierno estatal, dirigido por Miguel Barbosa Huerta, manifestó que si bien no conocía el caso de Zyanya, estaba seguro de que la Fiscalía actuaría conforme a una búsqueda de nuevos datos y de forma profesional.
Mientras tanto Fiscalía comunicó que tomaría las medidas correspondientes para que las personas responsables fueran sancionadas y destituidas.
Por su parte, familiares de Zyanya y las demás víctimas de estos maltratos acudieron a denunciar a las personas que lograron identificar como los agresores.
Llamado a garantizar el derecho a la protesta social en el estado de Puebla
El 30 de mayo del presente año, nueve días después de lo sucedido frente a Fiscalía, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hace un llamado al gobierno del estado, para garantizar la no repetición de actos por parte de las autoridades, que violenten la libertad de los derechos humanos.
La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llama a garantizar el derecho a la protesta social en el Estado de Puebla.
El pasado 21 de mayo, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo conocimiento que familiares de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, se encontraban realizando una protesta pacífica en la Fiscalía General del Estado de Puebla, para exigir avances y resultados en la investigación iniciada por el delito de feminicidio con la participación de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y otras personas.
Durante el desarrollo de dicha protesta, personas servidoras públicas adscritas a dicha dependencia habrían reprimido con excesivo uso de la fuerza a la gente que se encontraba participando en la manifestación y documentando la misma; por lo que resultaron heridos familiares de la víctima, activistas, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y reporteros.
Todas las autoridades tienen la obligación constitucional de garantizar el respeto irrestricto de todos los derechos humanos; particularmente el derecho a la libre manifestación de ideas y el derecho a la protesta social pacífica, de todas aquellas personas que deseen expresar su legítimo reclamo por justicia y esclarecimiento de estos crímenes.
Por lo anterior, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Consultivo Ciudadano, condena categóricamente estos hechos y hace un llamado enérgico a las autoridades estatales para garantizar la no repetición de estas acciones por medio de la investigación oportuna de los mismos y la adopción de medidas preventivas.
Reiteramos que es obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno, contribuir a la no discriminación o estigmatización de cualquier forma de protesta o manifestación pacífica; así como buscar el diálogo para atender los reclamos sociales y construir las condiciones adecuadas para que todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ejerzan de forma segura su labor en todos los contextos.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
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