Concertación: Subordinación disfrazada de consenso

Quizá la mayor falacia de los 30 últimos años ha sido que nuestra historia reciente se habría fundamentado en una política de “consensos” entre la derecha y la “centro-izquierda” concertacionista. Lo que en efecto se produjo es que la ex Concertación disfrazó su “convergencia con la derecha que no estaba en condiciones políticas de reconocer” (de acuerdo a lo consignado por Edgardo Boeninger en 1997 en su libro: Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; pp. 368-9), haciendo que todo eventual cambio en la sociedad chilena tuviese que tener la aquiescencia de la misma derecha que –a través de la brutal dictadura de Pinochet- había impuesto un modelo neoliberal extremo y excluyente.

De este modo, el liderazgo concertacionista se subordinó completamente al modelo de sociedad ya impuesto por la derecha a sangre y fuego, incluyendo sus diversas estructuras, instituciones y políticas: El Plan Laboral; las AFP; las Isapres; la ley minera; las privatizaciones de servicios públicos; la LOCE; el sistema tributario que permite la elusión de las grandes fortunas; las universidades privadas con fines de lucro; la irrelevancia de sindicatos, cooperativas y juntas de vecinos; la integración solitaria al mercado mundial; etc. ¡Estas no fueron creadas por un consenso, sino por la imposición a sangre y fuego de una dictadura! Por lo tanto, el estipular que el mecanismo pertinente para modificarlas era el “consenso”; constituyó en los hechos ¡una forma de justificar que dichas instituciones no se cambiaran! Y así se han mantenido hasta el día de hoy, independiente del hecho de que ¡cinco veces el pueblo eligió gobiernos proclamadamente centro-izquierdistas y contrarios al neoliberalismo!…

Además, para hacer más digerible aún el consenso inmovilista, el liderazgo de la Concertación ideó maquiavélicamente una solapada “auto–trampa” que ¡hasta el día de hoy la generalidad de los chilenos ignora!: El virtual regalo de la mayoría parlamentaria inminente que habría tenido el gobierno de Patricio Aylwin de haberse conservado los términos originales de la Constitución del 80 (Artículo 65) respecto de los quórums requeridos para aprobar o modificar leyes ordinarias en el futuro Congreso. Así, pensando en que Pinochet sería ratificado en el plebiscito del 88; la Constitución establecía que para aprobar las leyes se requería la mayoría absoluta de una cámara, y solo un tercio de la otra; ya que la derecha siendo minoritaria –con los senadores designados- habría obtenido mayoría absoluta en el Senado y un tercio de la Cámara de Diputados. Pero como perdió Pinochet el 88, dicho prospecto le aseguraba TAMBIÉN a la Concertación la futura mayoría parlamentaria.

En efecto, la Concertación habría obtenido fácilmente (como de hecho la obtuvo) la mayoría de los diputados ¡y habría obtenido también el tercio del Senado! Esto, porque la Constitución original estipulaba 26 senadores electos (dos por cada una de las entonces 13 regiones) y 9 designados, es decir, un total de 35 senadores. Y como, en el peor de los casos, la Concertación habría obtenido uno por región (13); y el tercio de 35 es 12; tenía asegurada, no sólo la futura presidencia (Aylwin); sino también una futura mayoría parlamentaria.

Sin embargo, el liderazgo de la Concertación concordó con Pinochet y la derecha, en 1989, un “paquete” de 54 reformas constitucionales que en conjunto (ya que no se especificaron en la cédula electoral) fueron plebiscitadas “entre gallos y medianoche” (de hecho, muchos de los que incluso votaron, ni siquiera lo recuerdan) el 30 de julio de 1989. Entre ellas, los chilenos ni supimos que con dicho plebiscito se cambió decisivamente el Artículo 65 de la Constitución que establecía aquel quórum (ya que ¡ni siquiera se habló de ella en la brevísima “campaña”!), estableciendo un quórum de mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡pero sin terminar con los senadores designados!…

Es decir, la dirigencia de la Concertación no sólo postuló como positivo que ninguna de las instituciones -que la dictadura había impuesto a sangre y fuego- fuesen modificadas sin el “visto bueno” de la derecha; sino que además, se “amarró las manos”, regalándole virtualmente a esta la inminente mayoría parlamentaria que aquella tenía segura. Y “consecuente” con eso, rechazó posteriormente hacer pactos meramente electorales en las elecciones parlamentarias de 1993, 1997 y 2001 –que le fueron propuestos por el Partido Comunista– que, extrapolando los resultados, le habrían entregado dicha mayoría a partir de marzo de 1998…

Peor aún, cuando finalmente obtuvo aquella mayoría parlamentaria (con Ricardo Lagos de presidente, entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de los senadores Augusto Pinochet y Francisco Javier Errázuriz; y con Michelle Bachelet, durante sus dos gobiernos, en virtud de la eliminación en 2005 de los senadores designados) la Concertación NUNCA la usó para cumplir con sus objetivos programáticos contrarios al modelo neoliberal que decía tener desde que fue oposición a la dictadura.

Es cierto que en “hacerse la lesa” eficazmente, le ayudó muchísimo ¡el exterminio que había hecho en la década del 90 de la generalidad de la prensa escrita de centro-izquierda, a través de la discriminación del avisaje estatal, del bloqueo de ayudas externas y de la compra de algunos de esos medios por personeros concertacionistas, para luego cerrarlos! Y también la “neutralización” a favor de la derecha de TVN efectuada por ley en 1992; la privatización del Canal de la Universidad de Chile (que sin ser de centro-izquierda podía haber desarrollado un debate plural sobre la dictadura, las violaciones de derechos humanos y su modelo neoliberal); y la tenaz negativa (en que se incluyeron actos de corrupción, como reveló un artículo nunca desmentido de Patricia Verdugo) a devolverle los bienes confiscados por la dictadura a Víctor Pey por su diario “Clarín”, y que él había anunciado relanzar.

Notablemente, quien hizo ostentación de la disposición de la dirigencia concertacionista a ¡no usar su propia mayoría para sustituir el modelo neoliberal! fue el entonces saliente ministro del Interior de Lagos, Francisco Vidal, a La Segunda, diario que estaba preocupado por la mayoría parlamentaria conseguida por la Concertación antes de iniciarse el primer gobierno de Bachelet. Así, Vidal dijo en febrero de 2006: “La Concertación, particularmente en el Parlamento, va a tener un desafío enorme: siendo mayoría y con el derecho a ejercer la mayoría, en mi opinión debiera, a partir de este dato, buscar el mayor acuerdo posible, salvo que haya una oposición que se niegue a todo tipo de acuerdo. La Concertación va a tener una enorme responsabilidad (sic). Claro que el equipo que estará en La Moneda tiene la experiencia para ello, particularmente Andrés Zaldívar, que ha sido un gran gestor de acuerdos”.[1]

Y ante la pregunta subsiguiente: -¿Entonces cómo debe usar su mayoría la Concertación? ¿No debería hacerla valer y arrinconar (sic) a la derecha?, Vidal contestó: -Mi experiencia en el Congreso es que en la mayoría de las leyes lo ideal para el país es sacarlas con acuerdos, independiente de mayorías o no.[2] La verdad es que, si Ud. me dice una regla general, me gustaría sacar la mayor cantidad de leyes por acuerdo. Normalmente en una ley, por muy bien inspirada que entre al Congreso, siempre es bueno escuchar no solamente al parlamentario de gobierno, sino también al de oposición. Por último, porque tres cabezas piensan más que una. Entonces mi posición, a partir de mi experiencia de estos seis años, es hacer la mayor búsqueda de acuerdos. Eso no significa que en determinados temas legítimamente se expresen las posiciones distintas, pero si Ud. me dice qué es lo mejor para el país, lo mejor es el acuerdo, como se demostró en la mayoría de estas más de 600 leyes que hemos sacado. Ahora, ese acuerdo debe ser sobre la base de respetar los principios básicos del proyecto que nació del Ejecutivo; si se distorsionan completamente, es mejor que las cosas queden ahí, a mitad de camino” (La Segunda; 17-2-2006).[3]

Ciertamente estos mismos criterios fueron los que presidieron el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 de establecer un quórum de dos tercios para la aprobación de una nueva Constitución que sustituya la actual, suscrita por Lagos y todos sus ministros (incluyendo al mismo Vidal, a Nicolás Eyzaguirre y a Yasna Provoste; entre otros). Es decir, un quórum destinado a impedir la regla mayoritaria de la democracia, concediéndole a la minoría un virtual poder de veto. Con lo que, al igual que en 1989, la dirigencia de la Concertación quería aparecer “obligada” a aceptar los términos del a todas luces previsible tercio de la derecha.

El problema es que los muy sorprendentes resultados electorales del 15 y 16 de mayo pasados no le entregaron siquiera el tercio a los que en teoría serían los únicos convencionales neoliberales partidarios de mantener las bases del “modelo chileno”. La gran pregunta que surge es: ¿Qué harán ahora los convencionales de los partidos de la ex Concertación que, por muy pocos que sean, serán claves en la definición del futuro de Chile y del modelo neoliberal aún vigente? Pregunta que sobre todo responderán con su conducta los convencionales del PS que conforman, lejos, el mayor número dentro de la esmirriada ex Concertación…

Por Felipe Portales

[1] Sin duda. Entre otros, el que había negociado como presidente del Senado con el entonces senador Pinochet en agosto de 1998 para mover el feriado del 11 de septiembre al primer lunes de septiembre en forma de “Día de la Unidad Nacional”. Acuerdo que fue presentado desde la testera por ambos senadores y que lo refrendó una ley que posteriormente sería “silenciosamente” derogada en 2002…

[2] O sea, independiente de la regla democrática de la mayoría…

[3] ¿Que no salga una nueva ley? Con los criterios expresados parece ser este el sentido de esta última frase… Y las prácticas anteriores del gobierno de Lagos y las posteriores de los gobiernos de Bachelet confirman completamente esta dirección. Ninguna de las leyes de importancia de ambos gobiernos fue aprobada reflejando la regla democrática de la mayoría.