Persecución a Mauricio Hernández Norambuena: Nueva negativa de traslado a la cárcel de Alta Seguridad y posterior envío a cárcel concesionada de Rancagua

Conversamos con dos constituyentes sobre el tema de la prisión política y el caso del comandante Ramiro particularmente, quien en la actual cárcel concesionada tendría visitas a través de locutorios, un exigencia que nunca aceptaron los presos politicos

Por Camila Sierra Madrid

El pasado sábado 6 de junio, a las seis de la mañana, fue trasladado Mauricio Hernández Norambuena desde la sección de máxima seguridad, en la capital, al dispositivo símil de la cárcel concesionada de Rancagua. Su familia alega que se repite la persecución y la tortura vivida ya en Brasil, país en el que el comandante Ramiro fue trasladado de penal en reiteradas oportunidades, durante sus reclusión por 17 años en los que le mantuvo en aislamiento extremo. Un nuevo cambio que a lo menos dificultaría el contacto con el mundo exterior, además de violar una vez más sus derechos humanos más básicos.

Cinco días pasaron desde que la Corte de Apelaciones dio a conocer el fallo en el que negaban definitivamente la posibilidad de trasladar a Hernández Norambuena desde la sección de máxima seguridad –donde sostenía el régimen de aislamiento en el cual lo mantienen desde que fue extraditado a Chile- a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de Rancagua junto a los demás presos que se encontraban cumpliendo condena en el CAS.

Una resolución de la Corte de Apelaciones que no solo niega lo dispuesto por el 7ª juzgado de Garantia, sino que desconoce los infomes de los órganos competentes, el INDH y el Colegio Médico, acerca de las malas condiciones carcelarias en que se encuentra el llamado comandante Ramiro.

Fue el martes 2 de junio cuando el presidente Sebastián Piñera declaraba, en la última cuenta pública de su gobierno, que en Chile no existe nadie que esté preso por sus ideas, dejando de manifiesto que quienes se encontraban encarcelados serían presos comunes, intentando extirpar cualquier atisbo de ideología en sus acciones.

Sin embargo, los abogados y constituyentes María Rivera (por el Distrito 8) y Hugo Gutiérrez (por el Distrito 2) manifiestan sin tapujos su desacuerdo, para ellos en Chile existe prisión política y violación sistemática a los Derechos Humanos, “por más que el Presidente de la República haya salido desconociéndola”, manifiesta Rivera, quien pertenece al Movimiento Internacional de los Trabajadores.

Cuatro días despues del discurso presidencial los presos que se encontraban recluidos en el Cárcel de Alta Seguridad (CAS), varios de ellos presos políticos, fueron derivados al Centro Penitenciario de Rancagua, además de la ex Penitenciaría,  al Centro Penitenciario Santiago 1 y a la Cárcel de Valdivia, varias de ellas concesionadas, lo que implica que las condiciones en las que se encontraban se verán alteradas,  junto con tener que cumplir con un nuevo aislamiento preventivo –según Gendarmería- por la crisis sanitaria por el Covid-19.

LO QUE DICEN LOS CONSTITUYENTES

 “Existe la prisión política porque las acciones, todas y cualquiera de ellas, efectuadas o no efectuadas por los compañeros que se encuentran en prisión, son en el marco de resistir y enfrentar las políticas de hambre, de marginación, de sobrexplotación y de opresión que han aplicado los gobiernos de turno, especialmente los gobiernos de Sebastián Piñera”, declara enfática María Rivera, quien también pertenece a la Defensa Popular.

Con esa premisa, es que continúa diciendo que “evidentemente es que defendemos, primero, el derecho a hacer acciones, a movilizarse, a organizarse y también a aplicar la autodefensa frente al terrorismo de Estado, la grave represión y violación a los Derechos Humanos que ha efectuado el gobierno de Sebastián Piñera en manos de carabineros y del Ejército de Chile”.

En relación al caso particular de Mauricio Hernández Norambuena, la abogada manifiesta que “efectivamente nosotros lo reconocemos como preso político, toda vez que las acciones que efectuó o que llevó a cabo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fueron evidentemente en contra de una dictadura sanguinaria, que violó, torturó y desapareció a compañeras y a compañeros”, añade Rivera, luego de haber reconocido, al contrario de lo que manifiesta el Presidente Piñera, quien ya termina su polémico período.  

Para la abogada es fundamental reconocer que las acciones a las que se refiere son políticas: “entonces, las acciones de las personas que enfrentaron militarmente a la dictadura militar fueron absolutamente legítimas y deben ser reconocidas como acciones políticas. Por lo tanto, el comandante Ramiro para el Movimiento Internacional de los Trabajadores, y para mí especialmente, es un preso político y así debemos reconocerlo y defenderlo, planteándolo en todos los espacios como un tema que no podemos dejar de lado”, manifiesta enfática quien fue elegida constituyente por el Distrito 8.

Respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones –que negó el traslado de Hernández Norambuena al CAS cinco días antes de llevarlo al Centro Penitenciario de Rancagua- Hugo Gutiérrez es enfático en decir que “carece de fundamentos, de antecedentes y está totalmente fuera de contexto, ya que establece la peligrosidad del condenado en base a condiciones, capacidades materiales, operativas y físicas de hace 25 años atrás”, refiriéndose con esto a que en el informe otorgado por la Corte, apela a la fuga en helicóptero de 1996 como argumento para seguir manteniendo a Ramiro en aislamiento total.

“Bajo esa mirada, tanto la decisión de Gendarmería como la resolución de la Corte es ridícula. Gendarmería y la Corte resuelven sobre bases irreales, como que el FPMR aún existe y que cuenta con capacidad operativa, y como si Mauricio tuviera el mismo estado físico y mental que en 1996. Todo el argumento para negar el cambio de régimen penitenciario es impertinente y extemporáneo», puntualiza.

«En definitiva, parece una resolución pauteada por un Ministro de Justicia perteneciente a la Unión Demócrata Independiente (UDI), amigo de Jaime Guzmán. Es un fallo descaradamente político, que acredita que la prisión de Mauricio Hernández es una prisión política”, concluye el abogado comunista constituyente por el Distrito 2.

En cuanto a la misma resolución, para María Rivera solo demostraría que es un dictamen lamentable: “la Corte de Apelaciones vuelve a dictar otra condena más sobre Mauricio Hernández Norambuena, quien ha cumplido ya cantidad de años, pero que además, se encontraba hasta antes de su trasladado arbitrario a Rancagua, en una cárcel que ha sido identificada por todo el mundo de los DDHH como una cárcel de exterminio».

«Esa cárcel de máxima seguridad solo con luz artificial, es evidentemente otra condena más sobre la espalda del comandante Ramiro. La verdad es que me parece absolutamente inaceptable la violación a los DDHH básicos”, acusa.

UNA CÁRCEL CONCESIONADA

Según la información que han entregado los abogados de Hernández Norambuena y las referencias que se tienen respecto al funcionamiento de las cárceles concesionadas, los derechos de los internos podrían verse aún más limitados. Así lo manifiesta Yanira González Henríquez, abogada del equipo defensor del denominado Comandante Ramiro:

“Es bastante grave y preocupante que ahora cambien a todos los internos a un recinto penal concesionado donde sus derechos se ven aún más restringidos, no tan solo por el aislamiento que va a sufrir que es más severo, toda vez que la atención con sus abogados son con locutorio y las visitas también son en la misma modalidad. Eso significa que ni siquiera va a poder tener contacto físico con sus seres queridos y con el mundo exterior”.

La misma abogada, quien sostuvo una reunión con Álvaro Millanao, Alcaide del penal de Rancagua, declara que, según el jefe del establecimiento penitenciario, “existe al parecer la voluntad para que las visitas sean lo más parecidas a lo que eran en la Unidad Especial de Máxima Seguridad, pero de todas formas no tenemos ninguna certeza de que así sea”.

En cuanto a las encomiendas –paquetes con alimentos y útiles de aseo, entre otros, que se entrega a los internos desde el mundo exterior- son mucho más limitadas ya que se trata de una cárcel concesionada, es decir, “se topa con los contratos de concesión con empresas y todo lo que tiene que ver con el negocio de las cárceles”, dice González.

Por lo mismo, es que la defensora del comandante Ramiro, se manifiesta preocupada; “estamos en una situación aún más dramática que la anterior. Esta permanencia en el Complejo Penitenciario de Rancagua puede durar desde ocho meses hasta un año y medio, sin certeza al día de hoy cual será el régimen penitenciario que tendrá nuestro representado y el resto de los privados de libertad trasladados desde la Unidad Especial de Alta Seguridad”.