La Asamblea Popular Nacional China (Parlamento) aprobó este jueves una ley que protege a compañías nacionales de las sanciones unilaterales de gobiernos extranjeros, en el marco de las tensiones que vive con Estados Unidos en diversos ámbitos.
La normativa estuvo en revisión por el Legislativo desde comienzos de esta semana. Este órgano calificó la ley como un paso necesario porque garantiza un soporte legal y herramientas a Beijing ante las posturas discriminatorias de Washington y otras potencias occidentales.
El texto hace una excepción para las firmas e individuos chinos de tener que reconocer y cumplir con acciones consideradas injustificadas y extraterritoriales, además de facilitar la posibilidad de presentar demandas por daños ante los tribunales del gigante asiático.
También incluye el apoyo estatal a los afectados y brinda poder al Ministerio de Comercio para evaluar y anular cualquier sanción extranjera.
Con esta iniciativa legal, China pretende contratacar en defensa de su seguridad nacional, soberanía e intereses de desarrollo, así como de los derechos de sus ciudadanos, entidades jurídicas y organizaciones, como indicó recientemente este órgano.
El gigante asiático, toma esta decisión tras las nuevas fricciones con EE.UU., pues la Casa Blanca endureció más su política hacia Beijing la semana pasada, aplicando restricciones a negocios con 59 corporaciones, incluyendo a Huawei.
Igualmente, este martes, el Senado de Estados Unidos, aprobó una ley que destina más de 170.000.000.000 de dólares a la investigación y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de animar a las firmas locales para producir semiconductores en su suelo, alentar la competencia y contrarrestar el auge de China.
Previamente, Beijing adoptó un mecanismo de defensa con el que castigó a empresas e individuos extranjeros considerados no fiables por incurrir en actos que violenten los principios del mercado al cercenar las transacciones normales con compañías, organizaciones y ciudadanos.
Si las corporaciones incurren en esta falta, podrán enfrentar multas y barraras para invertir en China y participar en el comercio exterior. En el caso de las personas, se le impediría o limitaría la entrada al país y revocaría el permiso de residencia.
Cortesía de TeleSUR
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