Chile y su nueva etapa (Parte I)

Por Pablo Jofré Leal

Las elecciones para gobernadores (1) alcaldes, concejales y constituyentes efectuadas el pasado 15 y 16 de mayo mostró como resultado: un gobierno derechista presidido por el empresario Sebastián Piñera en agonía, una dura derrota electoral para los partidos políticos tradicionales y la irrupción de voces, nombres y movimientos, representantes de una parte de la sociedad que aspiran a un país radicalmente distinto.

Ese marco anticipa para el país sudamericano, en lo que resta del año 2021,  enfrentar decisiones fundamentales, que van a signar a las futuras generaciones, fundamentalmente en lo que refiere a la elaboración de una nueva carta magna, de la cual se espera cumpla las expectativas de ese 80% de electores que votaron el apruebo a una nueva constitución el 25 de octubre del año 2020 y que determinó la primera de las derrotas que tendría el gobierno de Piñera y la derecha en Chile a partir de esa fecha. Una victoria refrendada el 15 y 16 de mayo pasado cuando la gran mayoría de los constituyentes elegidos representan la opción del apruebo y eso marca cierta certeza que los grandes temas que preocupan a los chilenos serán resueltos, precisamente, por los que están por un cambio medular a la manera en que Chile ha sido conducido, administrado y con decisiones que afectan a la gran mayoría de su población.

Esta idea queda expresada, por ejemplo, por el abogado Daniel Stingo quien obtuvo una de las más altas votaciones en la constituyente y quien increpó duramente a representantes de la derecha en un programa televisivo y que expresa esa decisión de no seguir maquillando el modelo político, económico y social que rige Chile hace décadas. El profesional sostuvo “Aquí no ganó la derecha pues estaba por el rechazo. Entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas, porque representamos a la gente. Los que ganamos, representamos a la gente. Los acuerdos se deben hacer con la mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora aquí los derechos sociales se desprivatizan, todos, y el agua también. Ustedes (refiriéndose a los representantes de la derecha) no pueden imponer nada, porque perdieron. Así de simple” (1)

Lo descrito anteriormente es la evidencia de la velocidad con que han avanzado los cambios efectivos y los que se esperan y que resultaban casi una utopía, un escenario difícil de vislumbrar previo al 18 de octubre del año 2019, cuando la sociedad chilena en forma multitudinaria salió a las calles para decir ¡basta! a 30 años de una democracia restringida. 30 años a los cuales hay que sumar 17 años de dictadura militar cuya herencia fue precisamente esta democracia cautiva. Un país que ha sido regido por la constitución del año 1980, elaborada entre cuatro paredes bajo la dictadura cívico-militar, con leves maquillajes bajo los gobiernos democráticos pero que mantuvieron, en esencia, la desigualdad social, brechas educativas, económicas, sanitarias y un futuro misérrimo.

A partir de ese 18 de octubre del año 2019 y durante cuatro meses, día a día, las principales ciudades del país vieron a millones de chilenos exigiendo cambios en un país, que sólo favorece a unos pocos, mirado como referente internacional pero que esconde, en su seno, enormes desigualdades. Sólo la pandemia del Covid 19 detuvo las manifestaciones masivas, que obligaron a la casta política a entrar en una reingeniería, en apoyar en forma oportunista las demandas sociales y sumarse al clamor de cambios medulares, so pena de desaparecer en el ciclón de las reivindicaciones sociales.

Y cuando refiero un país desigual no es una cantinela demagógica. Es la cruda realidad de una democracia débil que durante tres décadas ha mantenido la misma estructura política, económica, de inequidad, de brecha social, cultural y económica absoluta dejada por la dictadura. Un Chile donde el 1% de la población más rica se lleve el 26,5% de toda la riqueza del país y gran parte de la población se lleve apenas el 2% del PIB (2) Una brecha que se extiende en el ámbito de la educación, en un Chile donde sólo el 23% de los estudiantes, que este año 2021 accedieron a las universidades tradicionales, provienen de colegios públicos. El otro mayoritario porcentaje realizó su ciclo educativo primario y secundario en colegios pagados, privados, parte de la elite de Chile lo que significa que posteriormente ese grupo es el que ocupará los mejores empleos, ya sea por sus relaciones sociales, vínculos de amistad, la endogamia de la plutocracia, junto a la calidad muy por encima de la educación recibida con relación a quienes asistieron a colegios públicos.

Un Chile donde el salario mínimo apenas supera los 450 dólares, que convierte al país sudamericano en uno de los más caros del mundo en materia habitacional, alimenticia, transporte y servicios básicos. Además y esto ha sido parte esencial de las demandas ciudadanas en estos años es la necesidad de modificar medularmente el sistema de pensiones, que no sólo es indigno y amenaza la vejez de la población a la hora de jubilarse, sino que es injusto para gran parte de los que se pensionan representando, en promedio, un 30% del último salario obtenido por la personas que llegan a la edad de supuestamente retirarse del campo laboral (y digo supuestamente porque el bajo nivel de pensiones obliga a la personas a retrasar ese o seguir trabajando luego de pensionarse). Esta realidad acrecienta la indignación cuando se comparan el nivel de jubilación recibida por un civil, con el mundo policial y militar, ya que estos últimos mantienen un sistema previsional al margen del resto de los chilenos y que les significa acceder a cifras cuatro, cinco y hasta nueve veces más alta que la sociedad chilena no adscrita al sistema, que poseen los uniformados. Lo sintomático es que es que el sistema de pensión de capitalización individual, que sustituyo al de reparto fue instalado a sangre y fuego en la dictadura militar dejando fuera precisamente a los militares.

En el plano del acceso a la salud, que es otra de las grandes demandas de cambio de la ciudadanía y que en el seno de la discusión sobre una nueva constitución estará en el centro del debate, la desigualdad descrita para el tema remuneraciones y pensiones, como también la educación, se expresa con todo su dramatismo en el sector sanitario. Un sistema que durante la dictadura militar privilegió la salud privada y con ello al sostén político-empresarial el régimen pinochetista en desmedro de la salud pública que fue un ejemplo para múltiples naciones. Durante la etapa d ellos gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría se tendió a aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a fortalecer la atención primaria, de especialidades y hospitales públicos pero sigue siendo insuficiente. Un sistema mixto donde quien posee el dinero suficiente tiene posibilidades de acceder con oportunidad y calidad tecnológica y profesional a la solución de sus necesidades: operarse, curarse, y con lógica, con mayores posibilidades de sobrevivir.

En el plano político la dinámica de cambios sobrepasa a los partidos políticos, desconcierta a las empresas encuestadoras que llevan años sin dar en el clavo, genera análisis errados d ellos medios de información impresos, radiales, televisivos, que mayoritariamente, pertenecen al campo de la derecha económica y que han tenido que ir modificando lenta y progresivamente su narrativa pues el desprestigio también los alcanza. Tenemos aún un sistema político restringido, que agoniza y en ese lento morir bien sabemos que las fieras heridas suelen ser peligrosas. Un sistema que ya no da el ancho y al cual la población, al menos en el apruebo de octubre del año 2020, las elecciones del 15 y 16 de mayo y sus resultados ha dicho ¡No más ¡. Una población que ha dicho basta y echado a andar, que no está dispuesta a soportar la indignidad de sobrevivir en un país, que ha sido el edén para una minoría y una suerte de tierra de sacrificio, para gran parte de sus 18 millones de habitantes.

Pablo Jofré Leal

Artículo Cedido por www.segundopaso.es

1. En la segunda vuelta de la elección de gobernadores (el pasado 13 de junio) allí donde los candidatos que se presentaron no lograron la mayoría para triunfar en primera vuelta mostró, nuevamente, el desastre electoral del oficialismo que sólo obtuvo una d elas 15 gobernaciones. Y, al mismo tiempo la constatación que no se puede dar por ganada una carrera que no se ha corrido completamente como fue el caso de la disputa por la gobernación de Santiago (la más grande del país) y que tuvo como protagonista l democratacristiano Claudio Orrego y la frenteamplista Karina Oliva, que previo a la segunda vuelta aparecía con cifras superiores al 60% de aprobación. La derecha, junto a los sectores de centro y socialdemócratas se movilizaron activamente y lograron revertir la teoría y convertir en práctica un resultado que generó escozor en las filas del novel movimiento conformado por ex militantes de la ex Concertación y Nueva Mayoría y militantes de la izquierda que hasta hace pocos años era considerada extraparlamentaria. Uno de los puntos más notorios de esta segunda vuelta fue la escasísima concurrencia (sólo el 19,61% de los electores habilitados ejercieron su voto) que alarmó a la casta política que se puso de inmediato a trabajar por reestablecer el voto obligatorio, incluso en aquellos que habían votado años atrás en hacerlo voluntario. Puede más el objetivo de mantener los privilegios que avanzar en fortalecer una democracia que seduzca al ciudadano y no lo obligue.
2. https://www.24horas.cl/programas/estadonacional/stingo-convencion-constitucional-acuerdos-nosotros—4792442
3. La Cepal en su Informe Panorama Social 2019 confirma alta concentración de la riqueza en Chile: el 1% más acaudalado es dueño del 26,5% del PIB. “Por casi una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo. Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte. El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo regional. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019