Organizaciones medioambientales exigen cancelar consulta pública sobre política acuícola que busca perpetuar modelo depredador

Desde el 30 de abril, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) ha estado realizando una consulta pública con el objetivo de definir, por las próximas dos décadas, una política nacional de acuicultura que reemplace la actual que fue definida durante el gobierno de Ricardo Lagos.

La denominada “Propuesta de política nacional de acuicultura para las próximas dos décadas”, ha provocado rechazo por parte de la ciudadanía y distintas organizaciones medioambientales del país, que plantean que es una irregularidad de cara al proceso constituyente.

Así lo indica una declaración pública emitida por la agrupación No + Salmoneras que hasta la fecha cuenta con más de 120 firmantes, encontrándose entre ellos, organizaciones que van desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medioambientales (OLCA) hasta la Comunidad Indígena Nerkon en Castro.

Según denuncia el comunicado de las agrupaciones chilotas y de la Patagonia norte, esta consulta no solo viene a poner en riesgo el ecosistema y el desarrollo de localidades vinculadas al sector acuícola, sino que también viene a pasar a llevar decisiones que son propias de la Convención Constitucional.

«Rechazamos que el actual gobierno ignore el contexto de crisis política, social, sanitaria y ecológica para perpetuar, a través de su propuesta de políticas públicas sobre acuicultura, el modelo que se encuentra en cuestión y que la sociedad recién se apronta a discutir», plantean en el texto.

Asimismo, señalan que la consulta impulsada desde La Moneda demuestra el flagrante interés por continuar protegiendo los intereses de un sector en desmedro de las grandes mayorías.

«Desde los territorios intervenidos por la acuicultura, y principalmente por la industria salmonera, declaramos que somos testigos de la progresiva degradación y contaminación de cada lugar en que esta actividad económica se ha desarrollado, incluyendo bordes costeros, ríos, lagos, fiordos y mares; somos conscientes también del impacto de la cadena productiva de insumos para la industria (enormes cantidades de alimentos extraídos a su vez del mar, uso desproporcionado de antibióticos y pesticidas, huella de carbono e hídrica detrás de cada operación, etc.); de la precariedad laboral, brecha de género, pérdida de economías locales, oficios, soberanía alimentaria, deterioro del tejido social y costumbres sufrido por las comunidades invadidas por la industria», destaca el comunicado.

Así lo explicó uno de los integrantes de la organización firmante Defendamos Chiloé, Álvaro Montaña, quien fue categórico al revisar el documento Google Forms de 17 páginas que contiene la consulta del gobierno.

“El llamado desde las organizaciones de la Patagonia es a no llenarlo, no debe hacerse esta consulta. Yo miré el formulario y las preguntas en la participación ciudadana a lo más te pregunta cosas cosméticas”, advirtió Montaña.

“La industria acuícola nacional es la gran responsable de la depredación de los recursos pesqueros, porque gran parte de la pesca industrial de Chile va a convertirse en harina y aceite de pescado para alimentar salmones. Lejos de ser apoyada, tiene que hoy día ser regulada y fiscalizada”, enfatizó.

Cabe destacar, que esta consulta se basa exclusivamente en los estudios requeridos por la propia Subpesca a la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Esto, a través del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA) de 2017.

“Fue elaborada a través de una consultoría que no fue consensuada por las organizaciones ni por quienes sufrimos los impactos del desarrollo acuícola en las últimas tres décadas”, explicó el geógrafo.

Una consulta que ignora las consecuencias

Sin embargo, no solo la exclusión de actores resulta problemática de este estudio. Según la integrante de la agrupación Mar y Tierra de la comuna de Hualaihue, Tamara Ojeda, este estudio no enfrenta las problemáticas que han sufrido las comunidades producto de la acuicultura.

“Nosotros hicimos un estudio del informe presentado por la PUCV y la Universidad de Concepción (…) Ahí se concluyó que no existe en ese documento ninguna indicación de que se pueda encarar y resolver los problemas que la industria salmonera ha generado hasta ahora”, plantéo.

Fue ese mismo motivo que motivó a la agrupación Mar y Tierra a ser parte del comunicado. Según comenta Ojeda, su comunidad lleva años luchando en contra de la Piscicultura San Joaquín, propiedad de Cultivos Marinos Lago Yelcho S.p.A, quienes desde su instalación han provocado distintos daños al estero del río Cisnes y sus costas cercanas.

Para Montaña, esto termina reflejando la otra cara que la acuicultura ha provocado en las zonas australes de Chile. Una industria en la que exportaciones de productos como los Choritos y Salmones se posicionan como las segundas más importantes del mundo. “En lo macro eso tiene ubicado a Chile muy arriba, pero en lo micro o en lo social resulta que Chiloe lidera en la encuesta CASEN 2017 los indicadores de pobreza por ingresos y multidimensional” contrasta el geógrafo del Movimiento Defendamos Chiloé.

Es por esto, que para Ojeda la clave es revertir esta consulta y trasladarla a las discusiones constitucionales que empezaran a realizarse a partir de Julio. “No somos ciudadanos pasivos, estamos pendientes y hemos estudiado la propuesta. Es por esto que de forma coordinada hemos preparado esta declaración que queremos enviar a todos los constituyentes y autoridades” anuncia Ojeda.

De la misma forma opina Montaña, quien no deja de ver la convención constituyente como el verdadero mecanismo de definición de una nueva política acuícola. Nosotros esperamos que los temas oceánicos, pesqueros, acuícolas y costeros sean discutidos en un sentido amplio y desde ahí se adhieran los nuevos acuerdos políticos, judiciales y sociales respecto al uso del mar”, recalcó.

Suspensión de la consulta

Desde las organizaciones medioambientales destacan que el futuro de Chile y el bienestar de sus ciudadanos está supeditado a la relación que sostengamos con el medioambiente de ahora en adelante. Por tal motivo exigen lo siguiente:

1. Suspender el proceso de consulta de la “Propuesta de política nacional en acuicultura para las próximas dos décadas”, así como toda implementación de políticas públicas en esta línea mientras se desarrolle el proceso constituyente.

2. Redirigir los fondos públicos declarados como disponibles en esta propuesta para:

a) ciencia e investigación que permita comprender los ecosistemas complejos que se están interviniendo y los impactos generados hasta ahora, mediante la creación de centros de investigación en los lugares afectados y no mediante meros monitoreos y teledetección.

b) optimizar la fiscalización y detener las operaciones de las industrias que están generando ecocidio y abuso laboral en nuestros territorios partiendo por la salmonicultura en ríos, lagos, fiordos y canales más frágiles.

c) implementar planes de desarrollo local en base a las características de cada territorio e identidad de sus comunidades y en la comprensión integrada de los componentes ecosistémicos y culturales para así generar una diversificación de la economía local que surja del trabajo colaborativo y en equilibrio con la naturaleza.

Tanto el formulario de la consulta publica del gobierno como el comunicado de No + Salmoneras, permanecerán abiertos hasta el próximo 5 de Julio.