Gobierno de Chile expulsó a 72 migrantes colombianos y argentinos

El Gobierno de Sebastián Piñera fletó un avión para expulsar a 72 inmigrantes  colombianos y argentinos que, señala el parte, habían cometido delitos o habían ingresado clandestinamente, en el contexto de la nueva ley de migración que busca ordenar y regular la situación de los extranjeros.

Informaron 45 de los migrantes fueron expulsados por causas judiciales, ya que se encontraban cumpliendo condenas en cárceles por delitos como secuestro, tráfico de drogas y robo con violencia e intimidación, informó el Ministerio del Interior en un comunicado, de acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE.

Los restante fueron expulsados de forma administrativa por haber ingresado clandestinamente al país y algunos por tener adicionalmente antecedentes en su nación de origen tales como hurto agravado, fabricación y tráfico de armas y actos sexuales con menores de 14 años.

Se trata del tercer vuelo de expulsión masiva de migrantes que realiza el Gobierno en lo que va de año. Sumado a los dos anteriores, los días 25 de abril y 6 de junio, han abandonado el país un total de 392 personas.

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, explicó a la prensa que la legislación contempla que contra aquellas personas que «incumplen gravemente la regulación migratoria» se pueda iniciar «respecto a cada una de ellas un proceso de expulsión».

Asimismo, indicó que «la nueva ley contempla un proceso extraordinario de regularización» y que más de 300.000 personas han iniciado ya su proceso de regularización y «más de 70.000 de ellas ya están regulares».

«Ese es el llamado que nosotros hacemos, a la regularidad migratoria. Y el ingreso clandestino es todo lo contrario», dijo Galli.

La autoridad abundó que al haber personas que tienen antecedentes judiciales en su país, no pudieron regularizar su situación en Chile y por lo tanto se inicia su proceso de expulsión.

«Otras personas ingresaron clandestinamente por pasos no habilitados y eso constituye en la legislación actual un delito», enfatizó.

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