Luis González Pérez, socio de la compañía INCAR Seguridad, será el encargado de dirigir la seguridad de la Convención Constitucional, que se instalará el próximo domingo 4 de julio.
El currículo de este sargento (r) de Carabineros señala que integró el Grupo de Guardia Presidencial durante los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet, labor que continuó bajo el mandato de Patricio Aylwin y hasta el inicio del período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, reveló una investigación realizada por CIPER.
Según Luis González, nunca fue escolta de presidentes, no obstante, entre 1988 y 1995, perteneció al Grupo de Guardia Presidencial. El ex carabinero dice que se desempeñaba en las inmediaciones de La Moneda y que nunca estuvo involucrado en caso de violación a los derechos humanos
Señaló a CIPER, que cumplió su rol como funcionario de Carabineros durante 20 años, carrera que dejó para fundar su empresa.
$488 millones para INCAR Seguridad
A pocos días del inicio de sesiones del órgano constituyente ya se han puesto en marcha al menos 37 procesos para adquirir bienes y servicios para su funcioanmiento, y al menos 12 de estos procesos corresponden a licitaciones, des cuales cinco ya fueron adjudicas.
El contrato de “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad”fue adjudicado el pasado 2 de junio pasado a INCAR Seguridad, empresa que cobrará un total de $488 millones distribuidos en diez meses, un monto similar a los $500 millones previstos en el ítem de “participación ciudadana”.
El trabajo de INCAR Seguridad será el de resguardar el “patrimonio”, realizar “control de acceso” de personas y vehículos, además de realizar un despliegue de seguridad en caso de “catástrofes, asaltos y sabotaje” en las inmediaciones de la antigua sede del Congreso Nacional, donde sesionará la Convención por un máximo de un año.
Según CIPER, INCAR tiene más de 1.500 trabajadores y es propiedad de los hermanos Marcos, Manuel y Luis González Pérez. En Mercado Público registra varios contratos desde 2011 con organismos públicos, entre ellos el Registro Civil, Dipreca y el Hospital Padre Hurtado.
En su propuesta técnica para el proceso de licitación destacó sus contratos con las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea y Lo Espejo, además de servicios prestados a privados, como la Universidad del Desarrollo.
Consultado Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención, respecto a si no se evaluaron los antecedentes históricos de los postulantes, este respondió a CIPER que este tipo de preguntas le parecían “capciosas” y que “nosotros asignamos los procesos respecto a lo que diga la normativa. Y los antecedentes de por qué se adjudica a una empresa no están establecidos en las actas de licitación”.
197 multas por incumplimiento laboral
En tan solo cinco años, la empresa INCAR SEGURIDAD, ha tenido que pagar 197 multas por incumplimiento laboral, de las cuales, aproximadamente una decena, se han ejecutado este año.
En total, INCAR ha pagado 4.459 UTM (unos $231 millones) desde 2017. A esto, y en el mismo periodo, se deben sumar multas por más de 300 Ingresos Mínimos Mensuales.
Según pudo conocer CIPER, la última multa se ejecutó el pasado 29 de mayo, cuando recibió una sanción por una falta “grave” y pagó 60 UTM (unos $3,2 millones), por no cumplir con la comunicación exigida anualmente por la DT.
Indignación en redes sociales
Tras darse a conocer la información, usuarios de la red social Twitter manifestaron su indignación, debido a los cargos que ha ejecutado Luis González Pérez y temen incluso que se espíe a los 155 convencionales constituyentes.
Desde CIPER indicaron que consultaron al secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina, si no se consideró evaluar antecedentes históricos o laborales, ya que algunas situaciones podrían generar aprensión y desconfianza en algunos sectores de la convención.
Encina respondió a este medio, que este tipo de preguntas le parecían “capciosas” y que su equipo se ajustó a la normativa técnica: “Nosotros asignamos los procesos respecto a lo que diga la normativa. Y los antecedentes de por qué se adjudica a una empresa o no están establecidos en las actas de licitación”.
Asimismo, se refirió a la posibilidad de que los convencionales quieran modificar o anular algunos de los contratos suscritos y explicó que “si ellos quieren revisar cada uno de los contratos, están en todo el derecho. Si la convención tiene algo (que cambiar) lo conversaré con el presidente de la convención, él en su rol de presidente y yo en mi rol de secretario ejecutivo”.
La Convención Constitucional tendrá el lapso de un año para poder discutir la nueva Carta Magna, que sustituirá el texto legal aprobado en 1981 y promulgado durante la dictadura.
Estará conformada por 155 convencionales, en su mayoría mujeres, y por primera vez habrá representación de los pueblos originarios.
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