Vinculan a proceso al exdelegado de la Sedatu y exedil interino en Zacatlán, Juan Manuel López Arroyo, debido a la investigación de la llamada «estafa maestra».
Cabe precisar que dentro de la misma causa penal que se sigue al político poblano, también fue vinculado a proceso Noé Molina Rusiles, exrector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), en el Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), se logró la vinculación a proceso en contra de los dos señalados, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
A los dos exfuncionarios mencionados se les acusa de haber desviado más de 300 millones de pesos.
«El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente; vinculó a Juan Manuel “L”, exservidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México»
Fiscalía General de la República
Hasta ahora, ninguno de los dos imputados está en prisión, y seguirán su proceso en libertad, sin salir del país; deberán presentarse cada mes a firmar su responsabilidad con la justicia.
¿Qué hizo Juan Manuel López Arroyo?
De acuerdo a informes de funcionarios judiciales, durante el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso, se hizo énfasis en que López Arroyo contrató indebidamente servicios con dinero público.
Además, solicitó el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.
¿Qué hizo Noé Molina Rusiles?
El exrector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl tomó parte en la contratación de servicios con recursos públicos.
También se le imputa haber ocasionado un daño a la hacienda pública federal por más de 319 millones de pesos; ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación.
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl subcontrató 98% del importe recibido y además no prestó el servicio.
El origen de la «estafa maestra»
Este término surge de una investigación periodística del medio «Animal Político», en asociación con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual fue publicada el 5 de septiembre de 2017.
La referida investigación puso al descubierto a un sistema de 128 empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno de México desvió más de 400 millones de dólares. Por medio de una red de desvíos de dinero, la cual involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, firmas privadas y más de 50 servidores públicos.