«Este miércoles 07 de julio la Convención Constituyente funcionó en el Salón de Honor del ex Congreso de Santiago, con transmisión directa a cargo de TV Senado, todo a disposición por unanimidad. Sin embargo, la Secpres brilló por su ausencia de manera increíble”, manifestó el senador Alejandro Navarro Brain.
De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “tanto las universidades estatales como el Senado, debieron actuar para dar alternativas que permitieran a la Convención Constitucional sesionar, esto tras el fiasco de hace unos días en que por problemas técnicos, como la falta de pantallas y micrófonos, junto a impedimentos sanitarios, se debió suspender la primera asamblea”.
“Luego de ello”, continuó, “nos enteramos que el Gobierno, en medio de sus problemas de coordinación, delegó las funciones en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Segpres, el que entregó un contrato por licitación directa de 450 millones de pesos, al dueño de la conocida empresa relacionada al mundo de los eventos, Street Machine Corp S.A., Paul Duncan Howard Morrison Cristi, empresario y vástago de la conocida ex diputada de la UDI, María Angélica Cristi”.
“Este contrato tenía como fin, tal como consta en la orden de compra correspondiente, la instalación de mobiliario básico (mesas, sillas, escritorios) y carpas para la sesión inicial de la Convención. Por ello hemos solicitado a Contraloría se revise su legalidad y se aplique el principio de probidad que debe regir todo compromiso y acto administrativo, terminando esta relación contractual”, manifestó el parlamentario, citado en nota de prensa.
“Además”, prosiguió, “pedimos que se aclare la justificación de la asignación directa de este contrato, pasando por alto el proceso de licitación correspondiente, y la justificación de cada uno de los millonarios montos involucrados, pues no debemos olvidar que Street Machine Corp ya había obtenido la adjudicación de licitaciones controvertidas en el pasado, como el contrato del 2016 para realizar una galleta de jengibre gigante en forma de casa, para la ex alcaldesa de Maipú Catherine Barriga, por 22 millones de pesos”.
Navarro finalizó señalando que, “esta serie de irregularidades, y las complicaciones que ha tenido el órgano constituyente, implican una infracción de lo señalado en el artículo 133 de la Constitución, el que establece claramente que corresponde al Presidente de la República o a los órganos que determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”.
“Por ello lo hemos reiterado: si Piñera no es capaz de coordinar esta fase de instalación, debe dejarla de lado. Presidente, si no va a ayudar, no estorbe”, sentenció.