Economista Gonzalo Colque: En Bolivia «La pelea por la tierra es ahora por la misma tierra, por la misma parcela, por la misma zona de tierras fiscales que todavía está en disputa»

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, señalado como uno de los principales responsables por el golpe de 2019, está enfrentado al Gobierno de Luis Arce para decidir cómo y a quién se distribuyen las tierras de este departamento, el más grande del país y con mayor producción de alimentos.

Las fértiles y vastas tierras del departamento de Santa Cruz son motivo de discordia entre el nuevo gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, y el Gobierno de Luis Arce. El gobernador cruceño —uno de los principales señalados por el golpe de Estado de 2019— lideró una reunión para organizarse contra los avasallamientos de tierras que serían cometidos por campesinos afines al Movimiento Al Socialismo, según sus denuncias.

La cuestión de la tierra es fundamental en Santa Cruz de la Sierra, cuyas interminables llanuras ocupan el 33% del territorio boliviano. Allí se producen más del 50% de alimentos del país. Es una región donde se hermanan el poder político y el económico, representado por la poderosa agroindustria cruceña, que tiene sus propios legisladores en Creemos, la agrupación política inventada por Camacho luego del golpe.

El problema de la tierra en Santa Cruz reflota viejas disputas regionalistas de Bolivia, un país megadiverso, donde confluyen las montañosas tierras altas de los Andes, así como la Amazonía selvática.

«En los hechos, es una pelea jurídica legal, que al no poder resolverse está tomando la forma de una pelea política. Por lo tanto, entran en la mesa otros elementos que implican el problema por la tierra: es el regionalismo entre collas y cambas, por ejemplo», dijo Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.

Las diferencias geográficas de Bolivia se traducen ocasionalmente en diferencias culturales. De esta manera se diferencia a los habitantes del país entre los «collas» de las tierras altas y los «cambas» de las tierras bajas.

Esta discriminación floreció con fuerza a inicios de 2000, con el ascenso del MAS liderado por Evo Morales (2006-2019), ese colla paradigmático para las élites cruceñas, que en ese entonces desplegaron una gran campaña comunicacional para afianzar la identidad cultural de «lo camba» en contraposición de «lo colla».

Cuando Morales inició su mandato, puso énfasis en titular tierras a favor de comunidades indígenas y campesinas del oriente boliviano. Los terratenientes cruceños vieron en esto una pésima señal para sus derechos propietarios.

Por ello acuñaron el concepto de «autonomía», como una manera de que los nueve departamentos de Bolivia salgan del control férreo del Estado nacional y puedan elaborar sus propias leyes, fundamentalmente en lo que refiere a la posesión de las tierras.

Durante las jornadas golpistas de 2019, el mismo Camacho apoyó que Santa Cruz adopte un modelo federal, lo cual les permitiría adoptar sus propias leyes con mayor independencia del Gobierno nacional.

El plan de hacer una Santa Cruz federal derivó en la descabellada idea de hacer con este y otros departamentos una república separada de Bolivia. Esta iniciativa llegó al paroxismo en 2008, cuando las autoridades de los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) iniciaron un golpe de Estado contra Morales.

Pero en 2008, a diferencia de 2019, los civiles golpistas no contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía. Por ello esta rebelión de la oposición al MAS fue rápidamente sofocada, con el saldo de una decena de campesinos del MAS asesinados en Porvenir, Pando.

Recuerdo de 2008

«Esta pelea por la tierra no es muy distinta a la de los años de la Media Luna (2006-2009), con la diferencia de dos elementos», dijo Colque.

«Uno: ya no hay tantas tierras disponibles como había antes, por lo tanto hay una disputa más intensificada y fuerte por lo poco que quedan de tierras fiscales, que podrían ser entregadas a comunidades campesinas indígenas o a empresarios», consideró.

«La pelea por la tierra es ahora por la misma tierra, por la misma parcela, por la misma zona de tierras fiscales que todavía está en pelea», remarcó Colque como un novedoso caldo de conflicto vigente.

Otro nuevo elemento reside en que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) «ha entregado varias autorizaciones de asentamientos de comunidades. A su vez, estas tierras son disputadas legalmente por los empresarios para consolidar su derecho propietario», dijo Colque.

Este debate también manifiesta las diferencias entre «los intereses económicos de los pequeños productores y de los grandes productores». Asimismo, «entra en balance si va a tomar autoridad sobre estas tierras el Gobierno departamental de Santa Cruz o el Gobierno nacional mediante el INRA».

Todos estos «son elementos a tener presentes para entender el conflicto», afirmó Colque.

Congreso por la tierra de Camacho

El pasado 2 de julio, transcurrió en San Ignacio de Velasco el Congreso por la Tierra, dirigido por el gobernador cruceño y por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el médico proctólogo Rómulo Calvo.

Durante los conflictos de 2019 que culminaron en el golpe de Estado contra Evo Morales, el 10 de noviembre de ese año, Camacho fungía como presidente de dicho comité, que reúne a los poderes empresariales y políticos cruceños. En esa calidad lideró inmensas movilizaciones que sirvieron para socavar la presidencia del MAS.

Luego del golpe, Camacho ensayó postularse a la presidencia con otro cívico de Potosí afín al golpe, Marco Antonio Pumari, como su candidato a vicepresidente. Pero el idilio duró poco, porque el actual gobernador cruceño difundió audios de conversación mantenidas con su entonces compañero de fórmula, según los cuales el potosino pedía cientos de miles de dólares y algunos cargos estratégicos en la Aduana para sacralizar la alianza electoral.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2020, Camacho obtuvo el 14% de votos, lejos del 55,1% obtenido por el actual presidente del MAS. El cruceño había cosechado casi todos sus votos en su departamento natal. Por ello, en abril pasado bajó sus expectativas y se candidateó como gobernador. Y ganó con más de 50%.

En octubre de 2020 Camacho también obtuvo 20 legisladores, sobre un total de 166 asambleístas. Con este puñado de poder, el líder de Creemos decidió avanzar sobre la posesión de las tierras de su departamento.

«Lo que quiere el Gobierno departamental es reemplazar el trabajo del INRA mediante la Comisión Agraria Departamental (CAD), que no ha funcionado nunca, porque por ley en ella tendrían que estar los distintos sectores agropecuarios representados y juntos, diseñando y aprobando políticas de distribución de tierras», dijo Colque.

Pero «eso no se ha dado en el país. Ni siquiera ha funcionado el Consejo Agrario Nacional, que también existe», indicó.

Por ello, «la intención de la Gobernación es reactivar esta instancia, en un afán de usarla políticamente y sustituir las actuaciones del INRA».

Legalmente, el CAD «no tiene las mismas competencias que el INRA. El CAD puede definir los grandes lineamientos de políticas de distribución de tierras, pero no puede hacer el trabajo de saneamiento y titulación de tierras. No tiene competencias legales», sostuvo el director de la Fundación Tierra.

En este sentido, afirmó que la CAD «no tiene competencias técnicas para definir si una propiedad pertenece a una u otra persona, si pertenece a un empresario o a una comunidad». Entonces, para Colque «la intención es intensificar la lucha política a partir de ese conflicto».

Cortesía de Sebastián Ochoa Sputnik