Indulto para las y los presos políticos de la revuelta y un nuevo pacto social

Por: Equipo programático de derechos humanos- Candidatura de Daniel Jadue.

El domingo 4 de julio, día de la inauguración de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, recién elegida para presidirla, hizo un llamado “a construir un Chile plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas, contra toda dominación”. En su discurso expresó el deseo de muchas y muchos de establecer una nueva relación con todas las naciones que conforman este país, y mostró un horizonte para el nuevo pacto social que requiere nuestra sociedad, el que también se expresó en otros hitos significativos de ese día. Al inicio de la jornada, por ejemplo, las y los constituyentes se negaron a iniciar la ceremonia mientras se estaba reprimiendo a quienes se manifestaban en los alrededores de la Convención; luego, Elisa Loncón llamó a discutir una declaración sobre la situación de las y los presos de la revuelta social en la primera sesión del órgano constituyente .

Este último punto ha sido materia de discusión durante los últimos meses, por parte de variadas organizaciones políticas y sociales, y por agrupaciones de familiares de personas detenidas en el marco de la revuelta social, instalándose como una demanda urgente en este momento en el que se construyen las bases del país que queremos en este nuevo ciclo. A partir de esta situación, en el parlamento se encuentra en trámite un proyecto de ley que propone el indulto humanitario para personas detenidas en el contexto del estallido social. Respecto de este tema, nuestra candidatura ha tenido un posicionamiento claro: concordamos plenamente con la demanda de libertad para las y los presos políticos, como lo hemos planteado públicamente, y como se encuentra expresado en nuestras bases programáticas. Existen múltiples razones que hacen imperioso resolver esta situación.

En primer lugar, es muy importante destacar que la amplia movilización social que se vivió en nuestro país con el estallido social inició el proceso constituyente en el que nos encontramos, y logró hacer impostergable la demanda de comenzar la construcción de un nuevo modelo de sociedad, más inclusivo e igualitario. La elaboración de una nueva constitución, proceso respaldado ampliamente por la ciudadanía en las urnas, no hubiese sido posible sin la ruptura generada por las movilizaciones del estallido. En ese marco, dichas movilizaciones corresponden a un momento extraordinario, necesario luego de muchos años de dilatación de las múltiples demandas sociales surgidas ante el inhumano y extremo proyecto neoliberal que se ha implementado en Chile en las últimas décadas.

En segundo lugar, es importante recordar que numerosos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch, informaron las masivas violaciones de derechos humanos contra manifestantes, las que dejaron como saldo personas asesinadas por agentes del Estado y una gran cantidad de heridos y mutilados. También es expresión de estas vulneraciones que, durante el estallido social, la prisión en general, y la prisión preventiva en particular, ha sido usada como forma de control de las protestas, realidad que se expresa en el alto número de personas detenidas bajo esta última modalidad. En su Informe Anual 2019, el INDH señaló que, en el período del 17 de octubre al 30 de noviembre de ese año, 8.168 personas se encontraban detenidas^[1], cifra que en febrero de 2020 llegaba a las 10.365 personas^[2]. Según la Fiscalía, este número llegaba incluso a los 38 mil casos^[3], de los cuales, según la misma entidad, más de 16 mil casos se encontraban archivados en enero de ese año (34% del total).

Esto último es lo que permite calificar a muchas de las personas detenidas durante el estallido social como presas y presos políticos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) acordó en 2012 que una persona es considerada presa política cuando ha sido detenida violando garantías como la libertad de expresión, pensamiento y reunión; en los casos en que “la duración de la detención o sus condiciones son manifiestamente desproporcionadas en relación a la infracción por la cual la persona ha sido declarada culpable o por la que se presume haya cometido un delito”; si ha sido detenida por razones políticas de forma discriminatoria en relación con otras personas; y, si “la detención es resultado de procedimientos irregulares y aparece vinculada con motivaciones políticas” (PACE, 2012, Resolución 1900). Estas características se cumplen extensamente para los casos de las personas detenidas en el contexto de la revuelta popular, por situaciones como: numerosas detenciones sin pruebas, prisiones preventivas extendidas sin juicio, reiteradas denuncias por procedimientos ilegales e incumplimiento de protocolos y de los estándares fijados por las propias fuerzas policiales, además del uso de la herramienta penal en contexto de movilización social.

En concreto, desde el Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos, impulsor del proyecto de Ley de Indulto General, se ha logrado identificar 80 personas que están  actualmente en prisión preventiva y han elaborado un catastro inicial de, al menos, 800 personas consideradas presos políticos de la revuelta.

Es en este escenario que nuestra candidatura se suma al llamado que realizó la Convención Constitucional, para que se tramite con la máxima celeridad el Proyecto de Ley de Indulto General a las personas detenidas en el contexto del estallido social, y en caso de que esta medida no logre ser resuelta por el actual parlamento, nos comprometemos a dar urgencia a su tramitación en nuestro futuro gobierno, considerando también la posibilidad de ejercer las atribuciones presidenciales en materia de indulto. Avanzar en esto es una medida de justicia y de defensa del derecho a la manifestación, y de reconocimiento del rol que tuvo ésta en el proceso de democratización actual que vive nuestra sociedad, así como también una medida de reparación ante las múltiples violaciones de derechos humanos con las que el actual gobierno respondió a las demandas populares. Esta iniciativa debe ser complementada con otras medidas de reparación integral a las personas afectadas por graves vulneraciones perpetradas, con la derogación de leyes como la Antibarricadas, Antisaqueos y de Control Preventivo de Identidad, y con la necesaria refundación de Carabineros, entre otras que son parte de nuestro programa. Nuestro nuevo pacto social sólo será posible con más derechos sociales y políticos, solo de esa forma tendremos bases firmes para una democracia robusta, inclusiva y equitativa.

^[1] De las cuales 7.050 eran adultos (5.828 hombres y 1.222 mujeres), y 961 eran niños, niñas o adolescentes. Informe Anual. Sobre la situación de los DDHH en Chile en el contexto de la crisis social, 17 de octubre – 30 de noviembre de 2019. En: https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2019/12/23/20191223102256.pdf

^[2] INDH. Reporte de datos 18 de febrero de 2020. En: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-de-datos-18-febrero-de-2020.pdf

^[3] https://www.ciperchile.cl/2021/07/09/%F0%9F%A4%96-primera-estacion-los-presos-de-la-revuelta/