Continúa debate de proyecto que despenaliza el aborto sin causales dentro de las primeras 14 semanas de gestación

Esta semana, la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó con el análisis del proyecto que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación (boletín 12038).

Para tramitar esta iniciativa, el grupo parlamentario continúo con las audiencias. Así se hizo presente en la sesión, vía telemática, Anita Román, presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, quien afirmó que, a su juicio, el proyecto debe enfocarse en la trazabilidad de las determinantes sociales.

«Aquí estamos hablando de la decisión de una mujer en condiciones de vulnerabilidad y de un Estado que no se ha hecho cargo de estos temas», comentó, asegurando que como sociedad y equipo de salud, «tenemos la tarea de acompañar, pero jamás de intervenir en la decisión que toma una mujer en abortar».

¿Qué dice el proyecto?

Entre sus fundamentos, el texto legislativo recuerda que, en septiembre de 2017, se aprobó la Ley  21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo vital, la inviabilidad fetal y la violación sexual), lo cual si bien se reconoce como un avance, «no logró abordar la realidad de las mujeres en el país. Así, continúan vigentes sanciones penales a quienes decidan interrumpir un embarazo fuera de las estrictas causales previstas en la legislación».

Además, señala que en condiciones de ilegalidad, los abortos clandestinos conllevan graves riesgos para la salud y la vida de las mujeres, especialmente de quienes no cuentan con los recursos para acceder a un aborto seguro. Asimismo, indica que la penalización del aborto profundiza las desigualdades sociales y la injusticia de género, condenando de antemano a las mujeres pobres y a las jóvenes a prácticas inseguras que atentan contra la dignidad inherente a toda persona.

De igual modo, el texto plantea que las mujeres se exponen a ser denunciadas por médicos y personal de salud que incumplen sus obligaciones éticas y jurídicas de confidencialidad. Por ende, enfrentan mayores riesgos de persecución penal.