Una nueva ronda de invitados recibió la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de informar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por su eventual incumplimiento de la Constitución y las leyes.
Así, en la última sesión expuso la representante de las y los apoderadas/os del Servicio Local Andalien Sur, Ana Arce, quien puntualizó que no está en discusión la importancia del retorno a clases presenciales, apuntando a que lo relevante es «determinar cómo se han hecho las cosas».
Para el sector que representa, los derechos constitucionales no deben quedar a la deriva de la buena o mala voluntad de las autoridades, sino que se deben cumplir. A su juicio, eso es una falencia, ya que todo se ha hecho en base a instructivos y orientaciones, donde -creen- no hay una voluntad del ministro para que esto sea una obligatoriedad en pandemia.
La dirigente también denunció el mal estado en el que se encuentran distintos establecimientos educacionales, y criticó la ausencia de recursos adicionales a los contemplados del presupuesto para enfrentar la pandemia.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junaeb (Afaeb), Carolina Pizarro, se refirió a las evidencias y consecuencias que han detectando, y explicó que, en materia de alimentación, la focalización no responde a la nueva realidad, señalando que aumentó la demanda ante la mayor precariedad.
En esa línea, detalló problemas en cobertura, cambio en el apoyo a jóvenes y adultos, y dificultades de supervisión agravados por la pandemia. De igual manera, relató lo que ha pasado con las becas y la salud. Respecto de esto último, acusó un aumento del daño visual, auditivo y de columna, así como un aumento en el daño bucal y una mayor demanda de urgencias y centros de salud.
Una visión contraria manifestó el director de la Junab, Jaime Tohá, para quien el Mineduc, a través del organismo que encabeza, ha demostrado eficiencia y preparación para atender la crisis, afirmando que se aseguró la continuidad y la entrega de todos los servicios a los estudiantes de Chile.
Para Tohá, el servicio, a través de sus funcionarios, lineamientos e instrucciones del Ministerio, logró operar y ninguna política publica se suspendió, ello, pese a las dificultades, restricciones y cuarentenas. Finalmente, remarcó que el Gobierno aseguró de «manera exitosa» la alimentación, becas y asistencialidad que son parte de la misión que tiene que cumplir el servicio.