«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
Esta es la pregunta que podrá responder cualquier mexicana o mexicano que disponga de una credencial de elector el próximo domingo 1 de agosto, cuando el INE instalará 57 mil casillas a lo largo del territorio nacional, en las que se distribuirán 93.5 millones de boletas. Hasta el momento, la organización por parte del máximo organismo electoral ha dejado mucho que desear.
Un total de 285 mil 220 ciudadanas y ciudadanos recibirán y escrutarán las actas del primer gran referéndum ciudadano organizado por el gobierno mexicano.
Para que dicha Consulta pueda tener una repercusión legal, es necesario que 40% del padrón electoral ejerza su sufragio; este porcentaje se traduce en 37 millones 439 mil 23 ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
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La consulta fue propuesta el 15 de septiembre de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República y se aprobó el 22 de octubre del mismo año, por 272 votos a favor y 116 en contra.
Para su aprobación de la consulta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pregunta original, que mencionaba explícitamente los nombres de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña nieto, fue modificada. A juicio de analistas políticos como Andrea Chávez, la modificación introducida por la Corte abstrajo y complicó innecesariamente la pregunta.
La Consulta Popular ha gozado de una acogida favorable por parte de sectores como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; también, como era de esperarse, por altos funcionarios morenistas como Claudia Scheinbaum, así como por los principales voceros de López Obrador, tal como Epigmenio Ibarra.
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No obstante, ha sido descalificada por políticos opositores al régimen morenista, por lo general bajo el argumento de que «es una simulación», que «no tendrá repercusiones concretas» y, sobre todo que, al extirparse los nombres de los expresidentes por la Suprema Corte, en realidad no servirá para sentar a ninguno de los mandatarios en el banquillo de los acusados para hacerlos responder por sus entuertos.
De hecho, en una encuesta realizada por Polls MX el 30 de julio sobre el nivel de confianza en que la autoridad competente cumpliera con la decisión de la consulta, 38% contestaron que confiaban poco, 36% confiaban mucho, 18% confiaban «nada», 4% ni mucho ni poco y 4% se abstuvo de emitir una respuesta.
Un argumento reincidente contra la Consulta Popular es que, si alcanzara calidad vinculante y predominara el «sí», sólo se investigará a perfiles de grupos opositores a la administración corriente.
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Lo que esta objeción pasa por alto es que el fruto de esta Consulta sienta un precedente legal importante para que también todos aquellos funcionarios que hoy detentan el poder y que incurran en prácticas ilícitas, el día de mañana puedan ser investigados y juzgados sin tener para ello que recolectar dos millones de firmas.
Los detractores de la Consulta Popular también aducen que es un fenómeno que se encuentra «dividiendo a los mexicanos», argumento que se ha empleado en ocasiones anteriores para defender lo indefendible; por ejemplo, contra investigar judicialmente a los terroristas de la ultraderecha estadounidense que irrumpieron violentamente en el Capitolio de Washington D.C. el 6 de enero de 2021, pues no los medios conservadores sino los considerados liberales mencionaron en algún momento el peligro de «dividir a los estadounidenses».
A favor de la Consulta Popular, se ha dicho que es un ejercicio que acerca al pueblo a las decisiones de gobierno y también que será un mecanismo de presión para que el poder judicial active carpetas de investigación contra funcionarios públicos de alto nivel, procesos que siguen evitándose dentro de la cultura que hoy prevalece en muchas instancias del Poder Judicial.
Y es precisamente esta cultura de la impunidad selectiva, concomitante al putrefacto orden jurídico mexicano emanado del neoliberalismo, el fragmento de la realidad que escapa a la visión de quienes proclaman que «la ley no se consulta».
Consulta Popular y democracia participativa
La sociedad mexicana no ha tenido hasta el momento la experiencia de una democracia participativa. Acostumbrada a la democracia representativa, una buena parte de los mexicanos consideran que es suficiente con ejercer su voto por presidentes de la república, gobernadores y cuerpo parlamentario para afirmar que han aportado su ‘granito de arena’ a la voluntad política colectiva, y desentenderse de las decisiones políticas del país por 6 o 4 años.
Esta actitud es comprensible porque muchos son los problemas que enfrenta el mexicano promedio para sobrevivir, y cuando se sobrevive más de lo que se vive, resta poco espacio en la mente para ocuparse de fenómenos fuera del ámpula de lo inmediato. A esta limitación epistémica se le conoce como «visión de túnel».
En gran medida consciente de esta primacía en la mente humana de la urgencia cotidiana sobre los pendientes a largo plazo, Jean Jacques Rousseau advertía que era iluso imaginarse al pueblo permanentemente reunido para ocuparse permanentemente de asuntos públicos.
Las clases medias mexicanas, a su vez, sometidas a un menor nivel de explotación que las bases trabajadoras, viven por lo general al pendiente de sus míseros privilegios, radicalmente atomizadas e impedidas para involucrarse en luchas colectivas de gran calado.
Por todos estos factores, es comprensible que la invitación a una cultura participativa que plantea la Consulta Popular sea recibida con recelo y que los ideólogos conservadores hagan su contribución para acrecentar ese sentir; finalmente, lo que menos conviene a la casta aristocrática a la que sirven es que amplios sectores de la población empiecen a interesarse por las políticas públicas y exijan voz y voto en su diseño.
En conclusión, la Consulta Popular resulta un ejercicio prometedor; si alcanza un alto nivel de participación, podría establecer un antecedente significativo para volver este tipo de referéndums una parte esencial de la vida democrática del país.
No estaría de más, sin embargo, que en consonancia con la promoción de la democracia participativa, también exista apertura desde el Estado para estudiar y aprobar iniciativas ciudadanas de ley.
Después de todo, tan importante es que el pueblo estudie y se pronuncie sobre las medidas propuestas desde las distintas instancias de gobierno, como que ese mismo gobierno reconozca, a su vez, las inquietudes emanadas de una sociedad civil cada vez más politizada y otorgue el debido curso a las propuestas legislativas emanadas de grupos ciudadanos no necesariamente partidistas.
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