Una semana después de haber asumido la presidencia de Perú, Pedro Castillo enfrenta fuertes presiones por parte de la oposición partidaria y mediática para que cambie a su gabinete por presunta falta de idoneidad de varios de los funcionarios designados, lo que ha desatado un clima de confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La tensión política en el país se recrudeció luego de que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le enviara una carta a Castillo en la que le señala al presidente la necesidad de revaluar las designaciones ministeriales a partir de principios constitucionales, explica la periodista Cecilia González en un reportaje para RT.
«Le corresponde superar esta crisis, evitando agudizar polarización de la sociedad. Hemos pedido una cita», dijo al subrayar la importancia de que los cargos sean ocupados por dirigentes que tengan plenas convicciones en materia de derechos humanos.
«Aquel que no cree en la igualdad, que es misógino, homofóbico, que no cree en la igualdad de derechos de la mujer no encarna las políticas del país y no puede liderarlas», aseveró.
Gutiérrez recordó que el terrorismo «es una lacra» que ha afectado la institucionalidad del país y los derechos humanos de las personas más vulnerables, lo que hace inviable que políticos que han defendido a terroristas ocupen un puesto público. Se refirió así al jefe de Gabinete, Guido Bellido, quien tiene una investigación abierta por supuesta instigación al terrorismo sobre la cual ya se ha deslindado.
«Enviamos un documento al despacho de la presidencia. Le decimos con respeto pero con mucha claridad, que si bien tiene plena facultad para elegir a sus ministros, está obligado a hacer filtros de estándares constitucionales y ética pública. Estamos hablando de la administración pública, no de un organismo privado, por ello, se necesita un particular cuidado al momento de designar a los miembros del gabinete», afirmó el defensor.
En una clara advertencia, Gutiérrez dijo que el presidente tiene la oportunidad de corregir los nombramientos y debe recordar que el ejercicio de poder es «limitado y temporal» y que, en su caso, existen instituciones como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo con autoridad para controlar a los gobernantes.
Perú y el poder del Congreso
La indefinición sobre el Gabinete genera un clima de incertidumbre porque en Perú el Congreso debe avalar los nombramientos con un voto de confianza. En caso de que haya un rechazo, el presidente tiene que hacer nuevas designaciones, pero si vuelven a ser censuradas, entonces Castillo tendría la facultad de disolver el Congreso.
De hecho, eso fue lo que hizo en 2019 el expresidente Martín Vizcarra, pero un año después el nuevo parlamento lo destituyó, en un proceso plagado de irregularidades que desembocó en una grave crisis política.
Hoy ya hay políticos y periodistas opositores que amenazan a Castillo con que, si no cambia el gabinete, el Congreso iniciará un proceso para declarar una «vacancia por incapacidad moral» en su contra, igual a la que sufrió Vizcarra.
Para sostener a sus funcionarios, el presidente necesita el voto de confianza de 66 de los 130 congresistas, por lo que Bellido ya comenzó a negociar con las diferentes bancadas opositoras. El bloque del fujimorista Fuerza Popular, que cuenta con 24 escaños, ya rechazó de antemano cualquier tipo de diálogo con el Gobierno.
La primera gran tarea de Bellido como jefe de Gabinete es buscar el respaldo para los nombramientos, pero el problema es que él es el principal funcionario cuestionado, ya que un fiscal lo acusó de «apología del terrorismo», luego de que durante una entrevista televisiva se negara a calificar a Sendero Luminoso como una organización terrorista. Además, en 2017 publicó un post en homenaje a la líder senderista Edith Lagos.
Sin embargo, Bellido afirmó en conferencia de prensa que ni él ni ninguno de los ministros elegidos por Castillo tuvo ni tiene vínculo alguno con grupos terroristas y se deslindó, de manera tajante, tanto de Sendero Luminoso como del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
«Pueden investigar 500.000 veces, nunca hemos hecho una apología al terrorismo, jamás. Eso lo niego rotundamente y ya volteamos la página», afirmó.
Pero sobre el jefe de Gabinete pesa también un historial de posteos homofóbicos y misóginos en redes sociales, en los que asegura que «la mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo» o que el feminismo «es un cáncer».
Otras denuncias
La oposición en Perú se ha empeñado en buscar todo tipo de acusaciones, tengan o no fundamento o cierta gravedad, para impugnar al gabinete y promover su censura.
Uno de los escándalos estalló esta semana, cuando el Ministerio Público reveló que había iniciado una investigación contra el nuevo ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por presunta «inconducta» e incompatibilidad en el cargo, ya que no renunció de manera anticipada al puesto que ejercía como fiscal y del cual solo había obtenido una licencia temporal.
Por otra parte, el opositor diario La República aseguró que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, tiene vínculos con César Tito, un dirigente que encabeza las demandas de liberación del exlíder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y otros terroristas, lo que el nuevo funcionario ha negado.
Al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, le descubrieron multas de tránsito, y al ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, que había recibido una sanción disciplinaria hace 24 años.
El canciller Héctor Béjar, en tanto, es impugnado porque fue guerrillero en Cuba, junto con Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara, y más tarde en Perú participó en el Movimiento de Izquierda Revolucionario y fundó el Ejército de Liberación Nacional.
En términos generales, además, las críticas al gabinete se han enfocado en la casi nula paridad de género, ya que Castillo solo designó a dos mujeres entre los 19 ministerios: a la vicepresidenta Dina Boluarte, en Desarrollo e Inclusión Social, y a Anahí Durand, en Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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