Abogada Patricia Tobón: «Las violencias de larga duración que han ocurrido a los pueblos indígenas, agravadas por el conflicto, evidencian por qué se encuentran en grave riesgo de desaparición»

Las voces de la comunidad indígena colombiana carijona cuentan la historia de una violencia que la ha perseguido durante generaciones como si se tratara de una maldición, y que hoy la tiene al borde del exterminio.

No más de 300 de ellos están asentados en los departamentos de Guaviare y Amazonas (sur), apenas preservando su lengua y con la esperanza de que sean reparados como víctimas del conflicto armado.

Su padecimiento a se remonta a 1920, cuando compañías estadounidenses, inglesas y francesas se volcaron por las selvas amazónicas a conseguir caucho y en ese paso terminaron por esclavizar a los carijona, quienes en los años 1980 empezaron a sufrir otra violencia: la que dejan los grupos armados ilegales que arrasaron con buena parte de su comunidad.

«Su cultura fue de cierta manera exterminada por esos patronos del caucho que no les dejaban hablar su lengua, los torturaban, mutilaban, no les pagaban por su jornada de trabajo y los obligaron a adoptar su religión, y estas mismas familias fueron después reclutadas y violentadas en el marco del conflicto por grupos armados ilegales, además en su territorio se libró la guerra contrainsurgente», explica la comisionada Patricia Tobón, integrante de la Comisión de la Verdad.

En la actualidad, ese organismo, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para esclarecer las causas del conflicto armado y satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido, escucha a los Carijona como parte de un trabajo que desarrolla para poder incluir en un capítulo étnico sus voces y análisis del conflicto del que han sido víctimas junto con 17 macroterritorios étnicos donde se ha ubicado la guerra por más de 50 años.

«Hablar de las violencias de larga duración que han ocurrido a los pueblos indígenas y que han sido agravadas por el conflicto es uno de los asuntos que evidencian por qué hoy esos pueblos se encuentran en grave riesgo de desaparición física y cultural», dice la comisionada Tobón.

«No se puede entender hoy la situación del riesgo de exterminio físico y cultural en el marco del conflicto armado sin entender todo ese tipo de violencia que les ha perseguido desde comienzos del siglo pasado», agrega.

Peligro de extinción

Actualmente grupos pequeños de carijonas viven en zonas distantes en el Amazonas y Guaviare. Hacen parte de comunidades multiétnicas conformadas por campesinos y por indígenas de otras etnias, por lo que su lengua, en peligro de extinción como su linaje, es hablada por pocos miembros de la tribu.

Según un censo poblacional realizado en 2015 por el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 425 personas se reconocían a sí mismas como carijonas. Hoy se calcula que no quedan más de 300.

«Esto nos ha dejado ver que no hay un solo territorio indígena que no haya sido afectado por el conflicto debido a que la presencia del Estado es precaria. Los grupos armados consideran que los indígenas pueden ser usados para ser su base social y participar en la guerra. Ante eso muchos indígenas se han opuesto y por eso han sido asesinados y puesto en calidad de confinamiento y desplazamiento forzado, generando una crisis humanitaria», explica Tobón.

Pero no sólo los grupos armados ilegales han socavado la existencia de los carijonas, quienes en 1982 fueron objeto de una masacre por parte del mismo Ejército Nacional.

«Ocurrió en octubre de 1982. Las noticias y el cruce de la información no era la mejor en ese entonces y se dio un informe de que en Puerto Nare (Guaviare) había guerrilla y que la gente de ahí era guerrillera. Entonces se prepara un operativo militar (…), el operativo llega (…). El Ejército asesina a siete civiles de los cuales cuatro eran carijonas, incluyendo el último payé o médico tradicional que tuvo la tribu», recuerda Gabriel Mora, integrante de la comunidad, según un documento de la Comisión de la Verdad.

Coca, más violencia

Con el tiempo y el auge del narcotráfico, la coca que siempre los acompañó se convirtió en otro generador de violencia y miseria para los carijonas.

«La coca siempre fue de nuestros padres y de nuestros abuelos. Siempre estuvo aquí, nunca hizo falta. Era natural tenerla y mambearla (masticarla). Los brujos la usaban para alentar a los enfermos. Nosotros no trabajábamos la coca, la usábamos para el diario vivir. Los colonos (narcotraficantes) sí comerciaban la coca. Sembraron muchas matas y nosotros hicimos igual. La coca cultivada pa’ comerciar trajo plata, pero también trajo desgracias», recuerda Ana Benjumea, una mujer carijona cuyo relato también comparte la Comisión.

Y con la coca, la violencia y el narcotráfico llegó también la fumigación aérea por parte del Estado, que de ese modo asperjó con el herbicida Glifosato los territorios carijonas sin que se realizara una consulta previa con la tribu.

El hecho llevó a que en 2015 las autoridades del resguardo de Puerto Nare formularan una acción de tutela por la vulneración de derechos fundamentales que les causó la aspersión, y aunque la Corte Constitucional falló a su favor en 2017, la comunidad aún espera que se cumpla la sentencia y el Estado adopte medidas efectivas para garantizar sus derechos.

Pandemia, la dificultad

Pero si la tribu no la ha tenido fácil, tampoco puede decirse algo diferente de la Comisión de la Verdad, cuyo trabajo se ha visto entorpecido por la pandemia de COVID-19 y cuyo tiempo de vigencia termina este año, lo que podría dejar a decenas de comunidades indígenas -entre ellas los Carijona- sin participar como víctimas del conflicto, lo que les dejaría sin posibilidad de ser reparadas.

«Con las restricciones de movilidad por el COVID hubo una afectación grande a las áreas rurales, ya que quienes se encuentran en ellas no pudieron presentar sus informes ante la Comisión, y ésta tampoco pudo llegar hasta ellas, por lo que muchos territorios se quedaron sin el proceso de participación», advierte la comisionada Tobón.

Ahora, es potestad de la Corte Constitucional aceptar o no un pedido reciente que hicieron organizaciones sociales para que se amplíe el periodo de la Comisión más allá del 2021 tras aducir la falta de articulación entre el organismo y las víctimas por cuenta de la pandemia, pero desde el Gobierno ya se escuchan voces que se oponen a dicha ampliación.

Mientras tanto, comisionados como Tobón esperan que sea cual fuere la decisión que tome la Corte, se pueda seguir escuchando las voces de indígenas como los Carijona, quienes a su vez se esfuerzan por rescatar de la extinción sus tradiciones con iniciativas comunitarias de transmisión de conocimientos entre los pocos integrantes que aún perviven.

Cortesía de Andrés Pachón Sputnik