Por Marisol Córdoba/Redacción
La bancada de Morena en el Senado revivió la iniciativa del legislador poblano Alejandro Armenta Mier para aplicar la castración química a los violadores sexuales de menores de edad.
La iniciativa fue turnada la semana pasada a comisiones para su análisis, a unos días de que se dejara sin fuero al diputado federal por Puebla, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado por abusar sexualmente de varios adolescentes.
La propuesta plantea reformar el artículo 209 bis del Código Penal Federal para aplicar una pena de 15 a 30 años de prisión y multa de 2 mil 500 a 10 mil días de salario mínimo a quienes aprovechen la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años.
La iniciativa de Armenta, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, plantea que la OCDE ubica a México en el primer lugar mundial en abuso sexual, violación, violencia física y homicidio en menores.
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El martes 12 de febrero de 2019 Armenta Mier propuso cambios al Código Penal en el Artículo 209 Bis para endurecer las penas contra violadores pedófilos y pederastas y en principio planteó la castración química.
En la iniciativa plantea que “el autor del delito será sujeto de manera obligatoria a tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico integral el tiempo que se requiera”.
Se desecha el siguiente párrafo de la ley vigente: “el autor del delito podrá ser sujeto de tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta”.
Eliminar impulso sexual
El tratamiento médico propuesto logra la inhibición hormonal o castración química, lo que significa eliminar el impulso sexual que genera violencia entre un delincuente, dijo esta semana el senador Armenta en entrevista con el periódico El Financiero.
En 2017, la entonces Procuraduría General de la República contabilizó 243 denuncias por abuso sexual o infantil, impunidad, complicidad, corrupción.
Entre 2012 y 18 han sido presentados 78 mil casos en algún Ministerio Público.
El documento plantea que la castración química resultaría contraproducente, debido a que los agresores expresarán la violencia en otras formas, como el homicidio.
La castración química tendría que aplicarse con el consentimiento del agresor.
En el caso de pedófilos y pederastas, así como agresores sexuales, la iniciativa propone que:
“El autor del delito será sujeto de manera obligatoria a tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico integral el tiempo que se requiera, al momento de manera voluntaria con el beneficio de acuerdo con la gravedad del delito, de tener el 20 por ciento de la sanción bajo libertad condicional si recibe tratamiento médico para la inhibición del deseo sexual y psiquiátrico para la pedofilia. Esta última medida aplica para todos los agresores sexuales de manera voluntaria”.
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