Chile: Los inicios de la Convención Constitucional

1.- No es posible comprender el significado profundo de la Convención Constitucional para la construcción de una Constitución democrática, sin considerar previamente la tragedia del golpe de Estado de 1973 que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, el bombardeo de La Moneda y el magnicidio del Presidente de la República Dr. Salvador Allende. Sus adherentes y las organizaciones sociales y políticas fueron reprimidos: detenciones arbitrarias y masivas, prisiones extendidas en el tiempo y sin procesos, cesantía, exilio, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas. Son heridas sin cicatrizar en el espíritu de “los pobres del campo y de la ciudad”.

El pueblo fue declarado “enemigo interno” de parte de la dictadura militar-empresarial. Además de las FFAA, Carabineros y la Policía de Investigaciones, fueron creados aparatos represivos que dependían directamente de Pinochet: la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y su sucesora Central Nacional de Informaciones (CNI). Se sumaron otros organismos secretos y centenares de civiles que aplaudieron los crímenes y que hasta hoy los justifican. La impunidad, “la cobardía y la traición” han sido sus aliados.

La Constitución de 1925 fue “congelada”. Fue cerrado el Congreso, así como también los partidos políticos, las organizaciones sociales y sindicales y toda instancia que no apoyara explícitamente al régimen.

El país fue gobernado a través de bandos, actas constitucionales, decretos leyes. La Junta Militar se autoasignó la función legislativa. De esta manera funcionó Chile durante siete años, hasta la imposición de la Constitución de 1980. Esta fue elaborada por una comisión ad-hoc nombrada por Pinochet. Fue aprobada por un Consejo de Estado nombrado por Pinochet. Y fue “ratificada” por un plebiscito convocado por Pinochet, sin registros electorales y sin libertades públicas.

2.- La Constitución de 1980, aún vigente, condenó toda idea distinta a la de la dictadura. Generó “leyes de amarre”. Estableció quórums excesivamente altos (2/3) para así defender las leyes favorables a los intereses de los “dueños del poder” y asegurar la “democracia protegida”. Consagró un Consejo de Seguridad Nacional conformado fundamentalmente por los jefes de las FFAA y Carabineros. Instituyó un Tribunal Constitucional que hasta hoy defiende la institucionalidad de Pinochet. Creó un sistema electoral no democrático (llamado binominal) y que permite elegir dos candidatos: uno por cada lista, aunque uno de ellos haya perdido la elección.

En definitiva, la Constitución de 1980 fundó las bases de sustentación constitucional del neoliberalismo. Menciona los derechos individuales, pero no los garantiza. Define al Estado como subsidiario, tergiversando el significado del concepto. El derecho de propiedad constituye el núcleo del sistema.

3.- En la década de los ’80 del siglo XX hubo grandes manifestaciones populares que llevaron a USA a quitarle el apoyo a Pinochet para traspasarlo a personeros de su confianza de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, del gran empresariado y a representantes de la Iglesia Católica. USA se atemorizó ante el poder popular, por lo que apostó a la división de la oposición a la dictadura, lo que implicó la desarticulación del tejido social que había renacido. Pinochet se vio obligado a acceder a la realización de un plebiscito en 1988. Él tenía la seguridad de ganarlo. No obstante, Pinochet perdió el plebiscito y debió aceptar la negociación con la oposición pro-neoliberal, bajo la tuición de USA. Los negociadores fueron los partidos de la Concertación por la Democracia, el gran empresariado y delegados de las FFAA. En términos generales, acordaron la mantención del modelo económico neoliberal, la impunidad de Pinochet por los crímenes de lesa humanidad y el respeto a la Constitución de 1980.

En los años posteriores, no obstante haber tenido la posibilidad de modificar la situación de “democracia tutelada”, la Concertación de Partidos por la Democracia no lo hizo y se acomodó a la alternancia en el poder con la derecha tradicional. Fue ésta una gran traición que hasta ahora sus representantes se niegan a reconocer.

4.- En el año 2006, los estudiantes secundarios hicieron el primer movimiento cuestionador del modelo. El gobierno de Michelle Bachelet los neutralizó mediante la conformación de una comisión formal que se fue diluyendo. Otra gran traición.

En 2011, el movimiento universitario volvió a remecer al país. Este movimiento también se diluyó, aunque permitió dar paso a dirigentes mediáticos y carismáticos que han logrado conformar el actual Frente Amplio.

Hubo innumerables movilizaciones por un sistema previsional que permitiera acceder a jubilaciones. Por un sistema de salud que atendiera la salud de la población. Por el derecho al agua. Por un sistema de educación pública que posibilitara la educación y la superación de la “industria de la educación”. Por el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche. Por verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Por los derechos laborales. Por los derechos del movimiento feminista y de minorías sexuales. Por los derechos de los migrantes. Por una Asamblea Constituyente. Etc., etc., etc. Todos los movimientos se fueron diluyendo entre promesas y traiciones.

5.- En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se anunció el avance de una reforma constitucional. Era una promesa electoral y un imperativo de las fuerzas democráticas. Es así como en 2015 Bachelet propuso los “diálogos ciudadanos”, en la búsqueda del “encuentro de las tradiciones democráticas”. Fue presentado un Proyecto de Reforma Constitucional al Senado CINCO (5) días antes del término de su mandato. Por supuesto, el proyecto quedó sin tramitación. Fue un voladero de luces. Otra traición.

6.- Por eso la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 fue un ESTALLIDO SOCIAL, gatillado nuevamente por los estudiantes secundarios. Es éste el segmento más vulnerable y que no tiene nada que perder. Ellos saben que en la sociedad de mercado son perdedores por el lugar donde nacieron.

Las élites política y empresarial se asustaron al ver al gobierno acorralado. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, con expresiones histéricas declaró la guerra al pueblo. Pretendió acudir a las FFAA para restaurar el orden. Las FFAA accedieron sólo en parte: se atemorizaron por el desprecio que les mostraba el pueblo. Además, aprendieron que durante la dictadura de Pinochet fueron utilizados por el gran empresariado para ejercer “los trabajos sucios”. Y el tácito argumento más de fondo: las FFAA quieren continuar manteniendo los privilegios que los acuerdos entre las élites les han otorgado y así pueden robar del erario nacional como lo hacen de forma habitual e impunemente.

Piñera quedó sólo con el apoyo de Carabineros, a cambio de la impunidad por los fraudes fiscales más grandes de la historia de Chile.

Por todo esto y otros aspectos, el gran empresariado convocó a los dirigentes de los partidos de las dos derechas (Concertación de Partidos por la Democracia y la derecha tradicional) para que lanzaran un “salvavidas” al gobierno de Piñera. Este aparecía incapaz de afrontar la situación política. Y el resto de las élites se vieron ante un pueblo cuya existencia desconocían.

7.- Así se gestó el Acuerdo Político del 15 de noviembre de 2019, a medianoche y a puertas cerradas. Le dieron el nombre de ACUERDO POR LA PAZ Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. Convocaron a un plebiscito para el 25 de octubre de 2020, con el objetivo de aprobar o rechazar la idea de una nueva Constitución.

Se conformó una Mesa Técnica de “expertos constitucionalistas” para proponer una reforma constitucional a ser presentada al Congreso. La Constitución de Pinochet no permite la posibilidad de cambio de la Carta Magna, puesto que Pinochet se confeccionó una Constitución a su medida.

El Congreso adicionó y aprobó la propuesta con las cortapisas para que NO se cumpliera el deseo popular: se impuso el mismo sistema territorial distrital de elección parlamentaria, para una función de carácter nacional. Se implantó el sistema D’ Hondt para impedir la elección de independientes de los partidos políticos en el poder. Se estableció el quórum de 2/3  para apoyar proyectos, dejándose de lado el 50% propio de toda democracia. Si en el plebiscito ganaba APRUEBO, habría elección de Convencionales el 11 de abril de 2021. Una alternativa era el 100% de Convencionales electos. Otra posibilidad era una Convención Mixta: la mitad de diputados y senadores en ejercicio y la otra mitad de ciudadanos electos para el objeto específico. En el primer caso, la Convención contaría con 155 Convencionales. Al ganar la Convención Mixta, serían 172 los Convencionales. La Convención tendría entre 9 y 12 meses de deliberación. Se agregaron exigencias de Convención Paritaria y escaños reservados para pueblos indígenas.

El gobierno, las élites de los partidos políticos y el gran empresariado contaban con la seguridad de que sus representantes serían electos convencionales. Y así podrían torpedear los cambios sustantivos gracias al acuerdo del quórum de los 2/3.

8.- Pero el pueblo no había entregado poder de representación a las élites para que efectuaran acuerdos a sus espaldas. Para sorpresa de las élites, el voto de APROBACION de una nueva Constitución fue de 80% de los sufragantes.

Y aún más: los candidatos a convencionales más votados fueron representantes de sectores populares, defensores del medio ambiente, defensores del derecho al agua, líderes locales y territoriales, defensores de derechos humanos, científicos, profesionales y académicos democráticos.

La Concertación de Partidos por la Democracia y la derecha tradicional, que se habían alternado en el poder durante 30 años, quedaron reducidos a una mínima expresión.

Perdieron el quórum de los 2/3 que había sido el muro de contención de la Constitución de Pinochet para hacer reformas de fondo.

En la Convención Constitucional, el quórum de 2/3 se cumple con 103 votos. Los convencionales democráticos y antineoliberales superan con creces dicho número.

La reacción del Gobierno, de la derecha política y del gran empresariado se ha dirigido a obstaculizar el proceso, incumpliendo con el deber legal de proporcionar los medios para su funcionamiento, además de un burdo y grosero desprestigio a través de la prensa y de redes sociales.

9.- No obstante, la Convención Constitucional ha significado aire fresco para Chile y ha recibido el apoyo de la Cámara de Diputados (no del Senado), de las universidades públicas de Santiago y de regiones (no de las universidades católicas y otras de la “industria universitaria”), de municipalidades dirigidas por alcaldes democráticos y de otros diversos organismos.

La elección de la presidenta de la Convención Constitucional, representante del pueblo mapuche, Dra. ELISA LONCON, ha sido el mayor de los aciertos: mujer, indígena, académica de enorme prestigio, ajena a los oscuros manejos del poder, orgullosa de su origen. Convocó a Chile y a todos sus pueblos a cambiar la historia del país. Al asumir el cargo, señaló que “esta Convención Constitucional es para todas y todos, y participativamente se construirá un Chile plurinacional, intercultural, que no atente a los derechos humanos y de la naturaleza”. Llamó a una nueva forma de ser plural, democrático y participativo. Instó a “refundar Chile, ampliando la democracia con todos, con unas culturas de todos, estableciendo una nueva relación entre quienes conformamos el país”.

La elección del vicepresidente, Dr. JAIME BASSA, abogado constitucionalista, académico, promotor de organizaciones populares, también ha sido un acierto.  Ambos han sabido orientar con firmeza, prudencia, dignidad y sabiduría el inicio y el desarrollo de la Convención Constitucional.

10.- Paralelamente, el concepto “independiente” ha asumido el protagonismo de la política. Tras el estallido social se levantaron asambleas territoriales en todas las comunas y localidades de Chile. Hoy están colaborando con los constituyentes, sirviendo de vasos comunicantes entre la sociedad y la estructura de la Convención Constitucional.

El boicot vergonzoso y manifiesto del Gobierno, de la derecha y del gran empresariado a través de la prensa de su propiedad para impedir el funcionamiento de la Convención Constitucional es inmoral. Quieren hacer fracasar la Convención para que en el plebiscito de salida pierda la propuesta de nueva Constitución y se continúe con la Constitución de Pinochet.

Pero se han visto enfrentados a la calidad intelectual, política y ética de los convencionales democráticos. En su mayoría son jóvenes profesionales y luchadores sociales habituados a afrontar dificultades y a “nadar contra la corriente”.

11.- La Convención Constitucional se inauguró el 4 de julio. En ese momento, el boicot del Gobierno fue incalificable: no había salas de sesiones, ni oficinas habilitadas, ni instalaciones mínimas como micrófonos, computadores, papel higiénico en los baños. Tampoco se habían habilitado lugares para atender a la prensa y al público, así como lugares acondicionados para almorzar. Los convencionales debieron comer sentados en las escalinatas.

El 4 de agosto se cumplió un mes desde la inauguración. A pesar de los obstáculos puestos por el Gobierno y el infantilismo y las vulgaridades proferidas por convencionales representantes de la derecha, se realizaron 13 sesiones de pleno, más de 115 votaciones, 230 horas de trabajo en sesiones, 36 sesiones de comisiones y subcomisiones, 7 nuevas vicepresidencias, 8 comisiones ya trabajando en temas propiamente constitucionales.

La presidenta, Dra. Elisa Loncón, señaló que “se partió de cero, se han instalado formas de trabajo colaborativo, trato digno entre nosotros aunque a veces ha costado, ejercicio de democracia participativa, inclusión para deliberar desde otros paradigmas no tradicionales”.

Por su parte, el vicepresidente Dr. Bassa, con la sobriedad que le ha caracterizado, agradeció a los TRABAJADORES de la Universidad de Chile y de la Cámara de Diputados, que han prestado funciones para la Convención Constitucional.

12.- La semilla sembrada durante tantos años por el movimiento popular y personificada en la estatura moral del Presidente SALVADOR ALLENDE, está abriendo las grandes alamedas para que pase el hombre y la mujer libres para construir una sociedad donde la paz y la dignidad sean frutos de la justicia. La Convención Constitucional está posibilitando el reconocimiento y la identidad de todos. A pesar de tanta sangre derramada, el pueblo sigue de pie, porque “el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad”(1).

Por Hervi Lara

Santiago de Chile, 11 de agosto de 2021.

NOTAS

• Francisco, encíclica FRATELLI TUTTI, N° 118.
• Ver: Portales, Felipe, CHILE: UNA DEMOCRACIA TUTELADA. (Editorial Sudamericana, Santiago, 2.000).
• Ver: Acuña, Manuel, “La Convención comienza su marcha”. (Documento interno, Santiago, julio, 2021.)
• Ver: Torres, Oscar, “Historia y desafíos para la Convención Constituyente”. (Documento interno, Santiago, julio, 2021).

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL).

Encuentro de representantes de SICSAL-Cono Sur.

Ponencia de Hervi Lara (Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile) para información sobre la Convención Constitucional del directorio mundial, de los delegados de SICSAL del Cono Sur y de los demás representantes de los distintos países que integran la entidad.