Guardia Indígena Lucho Acosta: «Somos un símbolo de los pueblos originarios que en su sola presentación representa el rechazo a la guerra, somos voluntarios, no nos paga nadie, voluntarios para defender la vida»

La Guardia Indígena, una de las organizaciones más importantes de Colombia, ha sido parte de las jornadas de movilización durante el estallido entre abril y julio de este año. Está compuesta por cerca de 70.000 integrantes. Su coordinador, Lucho Acosta, dialoga desde Cauca, al suroccidente del país.

El departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, es uno de los territorios más conflictivos del país. Es una zona montañosa, selvática, con grandes sembradíos de cultivos ilícitos de coca y marihuana, grupos armados, una escalada de violencia con 14 masacres en el 2020 del total de 91 a nivel nacional, y 11 de las 61 que han ocurrido este año.

Cauca es también el departamento donde más líderes sociales son asesinados, de los cuales la mayoría son indígenas y campesinos. La violencia política, por control de territorio, no es nueva en el país ni en esta región clave por su geografía que conecta hacia el sur con Ecuador, hacia el oriente con la selva de Amazonas, hacia el noroccidente con Bogotá, y hacia el oriente tiene numerosas desembocaduras por ríos sobre el Océano Pacífico.

Para enfrentar esa violencia armada se organizó la Guardia Indígena, compuesta por 70.000 integrantes, de los cuales unos 13.000 están en el Cauca, de donde es su coordinador nacional, Lucho Acosta. Alrededor suyo hay plantas de mandarina, bananas, gallinas ponedoras, perros que duermen la siesta, una mesa donde sirve un tinto, como se le dice a la tasa de café en Colombia.

Acosta es del pueblo Nasa y años atrás, en los 90, era maestro. Ahora es una figura reconocida por su lugar de dirección dentro de la Guardia, una estructura del movimiento indígena que se articula desde lo local hasta lo nacional en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Él, como el conjunto del movimiento, estuvo en las calles durante las semanas del estallido entre abril y julio, en particular en la ciudad de Cali y en el Cauca.

La defensa del territorio

“La Guardia Indígena es un proceso de resistencia que crean los pueblos indígenas de Colombia, es un proceso de defensa de los derechos de los pueblos, de la defensa de los territorios, la protección de la vida”, explica su coordinador nacional.

“Somos un proceso no armado que andamos con bastones, son un símbolo de los pueblos indígenas que en su sola presentación representa el rechazo a la guerra, somos voluntarios, no nos paga nadie, voluntarios para defender la vida, es una guardia milenaria, pero se crea y se estructura cuando estuvo la situación de afectación más fuerte del conflicto armado, en los territorios indígenas, se crea como una una defensa civil no armada para proteger los derechos”.

El inicio del momento de mayor afectación ocurrió a fines de los años 90, cuando las grandes estructuras paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegaron al Cauca. Aumentaron los desplazamientos, “los enfrentamientos, tomas guerrilleras, la presión hacia esa guerrilla para combatirla, era muy fuerte la guerrilla en los territorios indígenas del Cauca, era un escenario de guerra que comenzó a golpear a mucha gente, a entrar en los territorios”.

La cuestión era entonces, explica Acosta, “o nos quedábamos en los territorios o nos íbamos, la presión era fuerte, para quedarnos debíamos tener una estrategia, entonces es cuando se estructura la Guardia y se oficializa de manera permanente. Anteriormente era por momentos, para eventos, marchas, recuperaciones de tierras”, como las que actualmente continúan.

La Guardia Indígena “cumplió un papel en ayudar a que la guerra no fuera tan dura en los territorios, para evitar el desplazamiento, el reclutamiento, evitar los homicidios. Se ha convertido en un ejercicio de quitarle jóvenes a la guerra, una escuela de formación política de los nuevos liderazgos del movimiento indígena”.

El conflicto armado sin fin

Así como la desmovilización de las AUC en el 2006 no significó el fin del paramilitarismo, el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tampoco significó el fin del conflicto armado en el país.

“Pensábamos que con el proceso de paz iban a mejorar las condiciones de seguridad y protección en los territorios, vino un repoblamiento de grupos disidentes, grupos paramilitares, grupos al servicio del narcotráfico que comenzaron a disputarse el territorio”, afirma el coordinador nacional de la Guardia Indígena.

“La situación de ese tiempo a la de ahora es parecida, lo más delicado es no saber de dónde viene, quiénes son y las formas cómo operan, uno antes decía ‘esos son de las FARC’, pero cómo operan ahorita no se sabe si son paramilitares, de dónde son”.

La desmovilización de las FARC en el 2016, la disidencia de algunos frentes que decidieron mantenerse en armas, el regreso a la lucha armada de antiguos comandantes como Iván Márquez al frente de la ahora llamada “segunda Marquetalia”, la continuidad del Ejército de Liberación Nacional, el recrudecimiento de grupos paramilitares, crearon un mapa complejo de actores en los territorios.

En el Cauca conviven varias de esas estructuras armadas que, según Acosta, no actúan de manera aislada. “Creo que es una estrategia, con el proceso de paz ha habido una visibilidad internacional, entonces los soldados no pueden disparar y pusieron a otros a disparar para controlar, generar miedo, detrás de eso está el Gobierno, las fuerzas militares, están comandantes del Ejército, eso uno lo puede ver, lo sabe”.

Lo asesinatos sistemáticos de quienes defienden territorios, son dirigentes comunitarios, busca frenar la organización social. Se trata de una situación que lleva décadas en Colombia y se ha vuelto a intensificar bajo el gobierno de Iván Duque, del partido Centro Democrático, conducido por el ex presidente Álvaro Uribe. “Detrás de eso está el uribismo, es su política, en su forma de hablar hay una justificación de asesinar al que protesta, eso es el uribismo”.

El estallido social

El 28 de abril pasado inició un paro nacional que se convirtió en un estallido por más de dos meses. Cali, a pocas horas de Popayán, capital del Cauca, fue el principal epicentro, con 24 de puntos de resistencia a lo largo de la ciudad. El movimiento indígena decidió sumarse a las protestas contra el gobierno y su modelo neoliberal.

“Hacemos parte de una sociedad y nos afectan todas las reformas en Colombia, el movimiento indígena no nos podemos sentir por fuera, decidimos acompañar con nuestra simbología, con nuestro orden, con nuestra solidaridad, nuestra estrategia de resistencia, lo hicimos en Cali, en el Cauca, se acompañaron muchas regiones”, explica Acosta.

“El papel de la Guardia fue cómo direccionar, cómo acompañar, esto fue un ejercicio muy importante de acompañamiento a este estallido, de reclamo de derechos de todos los sectores”. El movimiento indígena fue atacado en Cali con armas de fuego por civiles aliados a las fuerzas de seguridad del Estado, una modalidad de represión que se repitió en varias oportunidades.

Lucho Acosta, como coordinador nacional, fue parte de esa movilización: “me llamó la atención la fuerza de los pelados (la juventud), la decisión, el aguante como dicen ellos, el estar decididos a morir me llamó mucho la atención, les vi su guerrero, eso me impactó, y también la emoción de ver a los indígenas, de vernos, con una confianza, ‘llegaron los que son, los duros’ decían, ‘vengan, ayúdennos’, como una admiración”.

Las protestas menguaron en el mes de agosto, producto del desgaste, las represiones y asesinatos por parte del Gobierno que señaló a quienes se movilizaban como parte de una estrategia de “terrorismo urbano de baja intensidad”, y una necesaria reorganización de un movimiento sin dirección política clara. Acosta señala que habrá un “resurgimiento del estallido” en un contexto electoral cada vez más cercano, con las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

La alternativa electoral

El movimiento indígena también se ha trazado una hoja de ruta ante las elecciones: “se necesita un respaldo institucional, la apuesta política es que esté una alternativa, un gobierno que logre entender lo que el pueblo y las comunidades quieren, debe estar en ese gobierno gente que escuche las necesidades, que responda a estos jóvenes que necesitan un abrazo de su Estado, pero reciben balas y plomo”.

Esa alternativa se encuentra ahora, explica Acosta, en el “pacto histórico”, el espacio de unidad de diferentes fuerzas políticas progresistas y de centro de cara al 2022, cuya figura principal es Gustavo Petro, quien estuvo en el Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca realizado días atrás.

Las elecciones tendrán lugar en lo que seguramente será un contexto de protestas. “Va a haber una situación de represión muy fuerte hacia la movilización para el que debemos estar preparados, antes de que se vaya Duque eso va a estallar con mucha más fuerza”. Por el momento existe una tensa calma que parece poder quebrarse en cualquier momento, en un país donde se han sucedido fuertes movilizaciones desde el año 2019.

La Guardia, el conjunto del movimiento indígena, se prepara para ambos escenarios, las urnas y las calles, en un país golpeado por una violencia política ininterrumpida que tiene al uribismo en el centro de su ecuación. 2021 está siendo un año posiblemente bisagra con el estallido histórico, 2022 podría ser el de una victoria electoral de una fuerza progresista, de confluencia de numerosos sectores, entre los cuales está el movimiento indígena colombiano.

Cortesía de Marco Teruggi Sputnik