Un juzgado de la ciudad autónoma de Ceuta decidió suspender de forma cautelar por un periodo de 72 horas la devolución de menores migrantes desde su territorio a Marruecos, algo que el Gobierno de España venía realizando desde el pasado viernes.
Según informa la cadena pública RTVE, la decisión fue adoptada por una jueza de guardia tras tomar declaración a cinco niños cuya expulsión había sido objeto de recurso por parte de organizaciones humanitarias como la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.
«Como medida cautelarísima por el contencioso vamos a estar 72 horas sin traslados porque han pedido explicaciones del procedimiento al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno», señaló la vicepreisdenta de Ceuta, Mabel Deu, en declaraciones a los medios.
De esta manera, Madrid y Rabat no podrán continuar con el ritmo de 15 repatriaciones diarias que tenían previsto para devolver a los más de 700 menores no acompañados que se encuentran en Ceuta, la mayoría de los cuales entraron a la ciudad durante la crisis migratoria del pasado mes de mayo.
Esta decisión llega horas después de que otro juzgado ceutí ordenase suspender la repatriación de nueves menores al atender una demanda de la citada coordinadora en un intento por detener las 30 devoluciones previstas para este lunes y la jornada del martes.
Solo 12 de esos menores pudieron designar adecuadamente a su representación legal y, además, en el momento de la decisión del juzgado tres de ellos ya habían sido expulsados, por lo que finalmente únicamente se paralizó la repatriación de nueve menores.
La paralización cautelar de las devoluciones llega después de que el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (PSOE), defendiera este lunes que las expulsiones buscan «favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias» y su «reinserción social» en sus lugares de origen.
Sin embargo, la actuación en Ceuta despertó un aluvión de críticas, incluyendo a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz –del partido izquierdista Podemos– que pidió a sus socios del PSOE y más concretamente al presidente Pedro Sánchez la paralización de las expulsiones.
Del mismo modo, multitud de organizaciones pro derechos humanos –como Save The Children o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre muchas otras– se unieron para criticar las devoluciones, que también fueron rechazadas por el Defensor del Pueblo.
Estos actores cuestionaron la legalidad de las expulsiones, recordando que, frente a estas devoluciones grupales, la Carta Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño obligan a las autoridades a realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución que mejor responde a sus necesidades.
Las expulsiones fueron criticadas también por el relator especial de Naciones Unidas sobre refugiados, el chileno Felipe González Morales, quien a través de varios mensajes en Twitter dejó claro su oposición a la actuación del Gobierno español.
En un mensaje publicado el domingo, afirmó que las devoluciones «violan el derecho internacional» ya que se están realizando «sin haber completado el procedimiento de determinación del interés del niño».
Y este lunes, en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, González insistió en que «la determinación del interés superior de un niño no puede ser llevada a cabo discrecionalmente por las autoridades políticas» sino que «debe ser hecha por los órganos y procedimientos establecidos conforme a los tratados internacionales de derechos humanos».
Cortesía de Sputnik
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