Lapidario informe de Contraloría sobre colapso en la SMA: Se tarda años en dar respuesta a las denuncias

La Superintendencia del Medio ambiente (SMA) se encuentra en una situación de colapso, por lo que -como consecuencia-, procesar y responder las denuncias según corresponde, podría tardar años, reveló un informe reciente realizado por la Contraloría.

El documento señala que casi la mitad de las denuncias (44,22%) que llegaron a la institución entre 2016 y 2019, no fueron atendidas ya que no tuvieron ninguna gestión de fiscalización.

Un ejemplo de ello es el emblemático caso de la organización ambientalista “Todos Somos Putaendo”, que desde el año 2016 exige controlar, fiscalizar y detener el avance de proyectos mineros en el lugar. Pero no fue hasta un año después, en 2017 cuando llegaron las fiscalizaciones “para dar cuenta de que la empresa minera había hecho trabajos durante todo este periodo sin autorización. Hasta la actualidad seguimos arrastrando la problemática de esta denuncia”, detalló el vocero del colectivo, Eduardo Mercado.

Por su parte, el superintendente del Medioambiente, Cristóbal de la Maza, justifica que esta situación catastrófica es debido a una importante falta de recursos. “Para cubrir la brecha de lo que demanda la ciudadanía, tenemos una distancia abismal. Ya se han duplicado el número de denuncias que recibimos con respecto al año anterior. Para cubrir la demanda que se presenta hoy y lo que se proyecta, requerimos al menos duplicar los recursos que tiene la superintendencia”, aseguró.

En la actualidad, solo 88 fiscalizadores se encuentran trabajando a escala nacional, con la tarea de inspeccionar la actividad de las casi 17 mil empresas en las que tiene competencia la Superintendencia del Medio Ambiente. Mientras que para este año 2021 hay más de 3.000 fiscalizaciones programadas, sumadas a las más de 3.500 denuncias que se realizaron solo este año, reseña CNN Chile.

“Contamos con 3 fiscalizadores en promedio por región, y con esos fiscalizadores tenemos que tener una cobertura para no solo cubrir las denuncias, sino que otros instrumentos que fiscalizamos de oficio”, agregó de la Maza

En este sentido, que Claudia Pastore, fiscalizadora de la SMA, admitió que “tenemos que ser capaces de priorizar, porque un fiscalizador no tiene dedicación exclusiva con un caso. Crecen las normativas, crece nuestra carga de trabajo (…) nos sentimos con nuestro día a día, un poco agobiados”.

Desde que inició sus actividades, la Superintendencia ha recibido 16.000 denuncias en curso, 3.000 en investigaciones avanzadas y otras 3.000 que no han iniciado. Aunado a ello, el SMA sufrió la disminución de un 7% en su presupuesto anual este año.

Entretanto, el ente contralor pudo certificar que toda esta falta de resultados en las investigaciones, obliga a los denunciantes a acudir personalmente a instancias judiciales, que en muchos casos les dan la razón. 

Isabel Allende, senadora y miembro de la comisión de Medio Ambiente, planteó la necesidad de generar una ley corta de reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, esto, en medio de la situación mundial respecto a la contaminación y el cambio climático, donde Chile ha tenido que lidiar con una de sus sequías más intensas de los últimos 70 años.