Fiscalía decide no perseverar en causa por cinco mil toneladas de salmones muertos vertidos al mar en Ancud

Este viernes, la Fiscalía de Valparaíso pidió el sobreseimiento definitivo del vicealmirante de la Armada (R), Osvaldo Schwarzenberg, quien se encontraba imputado por el eventual delito de prevaricación administrativa tras haber autorizado el vertimiento de cerca de 9 mil toneladas de salmones muertos, en Ancud, de las cuales 5 mil alcanzaron a llegar al mar.

Según consignó Radio Cooperativa, la investigación se radicó en Valparaíso debido a que al momento de los hechos (2016), el oficial dirigía la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) cuya base está en la ciudad-puerto. De hecho, el 21 de noviembre de 2018, la fiscal de Los Lagos, Pamela Salgado, iba a formalizar a Schwarzenberg, sin embargo, éste no se presentó.

Pese a lo anterior, el Ministerio Público comunicó al juzgado que no existen antecedentes para configurar el elemento de prevaricación, dando a conocer la decisión de no perseverar en la causa.

«Se verificó que la autorización otorgada por Directemar para el vertimiento de desechos de pescado en la Región de Los Lagos se ajustó a la normativa aplicable contenida en el Decreto 136 del 2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias», señaló el fiscal Claudio Rebeco, basado en un informe de Contraloría (716), emitido el 13 de marzo de 2017.

Rebeco especificó que dicho protocolo establece ciertas normativas de excepción «frente a casos de afectación de la salud pública», las cuales se habrían cumplido en la decisión de verter los salmones muertos al mar: «Este instrumento establece una excepción permitiendo que bajo determinados supuestos, excepcionales por cierto, pero que suponen afectación para la vida humana, puedan realizarse vertimientos de desechos de peces en el mar», sostuvo el fiscal.

Asimismo, recordó que los autores de informes técnicos fueron sobreseídos por el mismo tribunal y que el Tribunal Ambiental «desechó demandas al no poder acreditar la causalidad del vertimiento de salmones y el daño que se habría producido a los recursos hidrobiológicos».

Tras la decisión, todos los querellantes se opusieron al sobreseimiento y a la decisión de no perseverar en la causa. Orieta Llauca, querellante en la causa, dijo a la emisora que la situación «debe ser conocida por un juez», y que el estado de emergencia referido por Fiscalía «debe ser acreditado en un juicio». Además, denunció que faltaron estudios establecidos en el protocolo de Londres.

«Los informes que tuvo a la vista el director (de Directemar) son elaborados por quienes representan a la salmoneras, parte absolutamente interesada. Los informes de los demás servicios se basan en ese único informe. Ellos hacen estudios, pero no los que demanda el protocolo de Londres, no hacen análisis del mar ni de la materia que se iba a verter y mucho menos análisis conjuntos», fueron parte de los alegatos de la parte querellante.

Fuente: Cooperativa.cl