A tres años de intoxicaciones masivas: Comunidades de Quintero y Puchuncaví exigen soluciones reales y denuncian que el Estado hace oídos sordos a sus demandas

En medio de la crisis mundial por el cambio climático que se acentúa, cobrando mayor fuerza por el impacto del calentamiento global y la importancia de los derechos, defensa y preservación medioambiental, la comunidad de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, continúa a la espera de soluciones reales, tres años después de haber sufrido intoxicaciones masivas, registradas en agosto de 2018.

Las organizaciones medioambientales, junto a alcaldes de las dos comunas, exigen al Estado atender sus demandas ante el importante daño medioambiental que persigue a las llamadas “zonas de sacrificio”, como por ejemplo, el uso de suelo, monitoreo del aire y varamientos de carbón en el territorio.

Los habitantes de dichas localidades han manifestado en reiteradas ocasiones sentirse desprotegidos, ya que no ha habido avances en la investigación respecto a cómo se intoxicaron y las empresas del cordón industrial siguen funcionando.

Este lamentable escenario se presenta a pesar de existir un contundente fallo de la Corte Suprema que argumenta que los habitantes de la zona fueron vulnerados en sus derechos.

El máximo tribunal del país determinó se detectó la presencia de dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, los que califican de altamente dañinos para la salud.

Esto generó, aquel 21 de agosto del 2018, masivas intoxicaciones en niños, adultos y ancianos, que comprendían desde irritaciones, náuseas, mareos, vómitos y dolores de cabeza.

En ese sentido, pasó poco tiempo para que el Hospital Adriana Cousiño de Quintero comenzara a colapsar por la masiva llegada de pacientes.

El Estado hace oídos sordos

El director de Red Infancia Chile, Manuel Pizarro, denuncia que las autoridades hacen oídos sordos y se preocupan más de proteger a las empresas que la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, planeta que los varamientos de carbón no han cesado en todos estos años y que la norma horaria de Dióxido de Azufre traería “letra chica”

Pizarro señaló que «siguen siendo vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de Quintero y Puchuncaví a 3 años de los envenenamientos masivos, no sabemos quién fue no hay culpables, y lo peor de todo es que el Estado se ha dedicado más de proteger a las empresas, que a los mismos habitantes de Quintero y Puchuncaví, esto se debe porque querían reiniciar Ventanas I, esto se debe porque no han respetado el fallo que prohíbe el ingreso de barcos a descargar carbón, esto se debe porque la Corte Suprema falló a favor de las personas después de la contaminación».

Mientras que Marco Morales, alcalde de Puchuncaví, reconoció la falta de medidas gubernamentales e instó a la reparación inmediata de la comuna y que se mejoren cuanto antes los procesos con base en una mayor inversión en energías limpias, reseña BioBio Chile.

No obstante, en medio del abandono, los vecinos de Quintero y Puchuncaví mantienen su temor ante eventuales nuevas intoxicaciones de carácter masivas como en 2018, cuando en solo dos meses (entre agosto y octubre), hubo más de 1.600 atenciones de urgencia en los servicios de salud, principalmente por presencia de síntomas como náuseas, cefaleas, mareos, pérdida de sensibilidad en las extremidades e inconciencia, producto de una intoxicación “por gases presentes en la zona”, según un estudio de la Fundación Terram.

Vecinos exigen protección de las personas y el medioambiente

Los vecinos y organizaciones socioambientales de Quintero y Puchuncav volvieron a marchar el lunes , para visibilizar la falta de protección por parte del Estado de Chile, al cumplirse tres años de las intoxicaciones masivas,

Los habitantes de ambas comunas protestaron opor los continuos varamientos de carbón, peaks de contaminación del aire y los derrames de hidrocarburos que siguen sucediendo, sino que además, as{i como por las intenciones del Estado que pretende reactivar una termoeléctrica recién cerrada einstalar una planta desaladora de agua junto al mar, bajo el pretexto de la sequía que afecta al país.

A la manifestación también se unieron organizaciones comunitarias, no gubernamentales y concejales de los municipios de Quintero y Puchuncaví.

La Concejal Tamara Tello señaló que a tres años de las intoxicaciones masivas, «acá nada se sabe, aquí todo es atemporal y la verdad que esta marcha de alguna manera con gente de Quintero y Puchuncaví es precisamente por eso, porque no vamos a tolerar, no estamos de acuerdo, porque la comunidad no quiere más abusos, porque es una falta de respeto, es una vergüenza que a costa de nuestra salud y de nuestro derecho, tengamos que pagar las consecuencias por un ministerio o un gobierno, que no pone punto final a esta situación tan lamentable, (…) a nivel municipal ya están entregados los oficios para plantear nuestro absoluto rechazo con respecto a cualquier tipo de reapertura de la central Ventanas, así como el día de mañana tengamos que ponerle freno a la desaladora que quieren plantar en Puchuncaví».

A su vez, Hugo Poblete, del Sindicato de Pescadores S-24 expresó que «estamos aquí visibilizando nuestra problemática, hace 3 años ocurrió el evento masivo de intoxicación y lamentablemente no ha habido soluciones, las 500 hectáreas para seguir emplazando industrias todavía están, las emisiones si han bajado ha sido muy poco, y encima nos llegan a poner 2 desaladoras más que llegan a deteriorar la salud y la economía de nuestra comuna, lo que es bastante nocivo, de hecho la salmuera, porque cuando ellos filtran el agua de mar hay una mortandad importante de larvas, entonces las futuras generaciones de peces, algas, moluscos que van a haber en la bahía, quedan destruidas».

María Araya, presidenta del Consejo Consultivo de Salud del Hospital Adriana Cousiño expresó que «hoy día se cumplen 3 años de las intoxicaciones masivas que tuvieron tanto a la comuna de Quintero como Puchuncavi y 3 años incumplidos, ya que todavía no hemos avanzado ni en salud ni en medioambiente y también con la problemática que están instalando nuevas empresas que vienen a hacer mucho más daño a nuestra bahía».

«Creo que el Estado de Chile lo único que ha hecho con estas comunas es pegarle una patada en el trasero y olvidarse de que nosotros somos las comunas energéticas de este país, que por aquí pasan miles de millones (pesos) y no son capaces ni siquiera de compensar a las comunidades», dijo, citada por Pura Noticia.

Por su parte, Carmen Ortega de Mujeres Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví planteó que «estamos aquí por que los varamientos ya no dan más, nuestros nietos necesitan respirar, este era un lugar paradisíaco para vivir, para disfrutar en vacaciones y ahora estamos marginados a tener que respirar día y noche contaminación. Las desalinadoras que piensan poner es un atentado contra la madre naturaleza, contra lo poco y nada que queda de vida en este sector, que el Estado se haga cargo de lo que han hecho con esta parte y a lo largo de todo Chile».
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Comunidad gana una batalla

Recientemente la comunidad de Puchuncaví ganó una batalla, luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema fallara a su favor, al acoger un recurso de protección en el que se obliga a la empresa de energía AES Gener, propietaria de varias termoeléctricas, a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al proyecto de una planta desalinizadora.

La entidad legal resolvió que “se acoge el recurso de protección disponiéndose que el proyecto denominado “Módulos de Desalación de Agua de Mar, Ventanas N°3” deberá ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental” y consideró que “la operación del proyecto constituye una amenaza al derecho del recurrente a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

“Queda de manifiesto, por tanto, que la Declaración de Impacto Ambiental en este caso resulta insuficiente para el adecuado análisis de los efectos que tendrá la operación de los módulos de desalación sobre el medio marino, haciéndose así necesario un Estudio de Impacto Ambiental”, especifica el documento emitido por el tribunal, y consignado por la Fundación Terram.

Cabe mencionar que la compañía, de capital estadounidense, había presentado una Declaración de Impacto Ambiental, un mecanismo más sencillo y con estándares inferiores que el EIA, debido a que no calcula el impacto ni ofrece planes de mitigación, bajo la excusa de que no se trata de un proyecto nuevo ni de una reconversión, sino más de una “optimización” de una de sus plantas termoeléctricas.

Sin embargo, movimientos defensores del medioambiente denunciaron que la firma fraccionó el proyecto en varias partes, para así eludir la normativa legal, ya que además de la reconversión de la termoeléctrica, lleva adelante otro proyecto, con el que se pretende construir un ducto desde Quintero hasta Tiltil, llamado “Suministro de Agua Zona Centro”.

Por su parte, el abogado Alejandro Chaparro quién junto al el fotógrafo y vecino de la comuna de Puchuncaví, Patricio Vergara, presentaron el recurso se mostró muy satisfecho con la sentencia que respalda que todo proyecto industrial que se emplace en la zona y afecte el medio ambiente, debe contar con un EIA.

En este sentido, agregó que esto demuestra “lo mal que lo está haciendo la institucionalidad ambiental del país, ya que no es posible que ellos hayan puesto las manos al fuego por el proyecto, que claramente afectaba al medio ambiente. Debemos revisar las políticas que estamos realizando como país. Quintero y Puchuncaví son zonas que no resisten más proyectos que afectan al medio ambiente y la autoridad ambiental debe elevar los estándares a las empresas que se encuentran emplazadas y a los nuevos proyectos industriales”.