El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este lunes 23 de agosto que seguirán buscando justicia para las víctimas de las masacres de 2019, cometidas durante el gobierno de facto, puesto que el país sudamericano «ya no está más para soportar ninguna impunidad».
«Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubieron muertes, y 50 años posteriores sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en este golpe de Estado, y el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio«, señaló Arce, durante un acto oficial en el Estado Mayor General del Ejército.
Su declaración se produce dos días después que la expresidenta de facto Jeanine Áñez, acusada de «terrorismo, sedición y conspiración» en el marco del caso del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 y en proceso de que se le inicie un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, se practicara cortes en un brazo mientras se hallaba en una cárcel de La Paz.
En ese contexto, organizaciones nacionales e internacionales han pedido la libertad para la exmandataria de facto; por ejemplo, se ha pronunciado el opositor Comité Cívico pro Santa Cruz, cuyo titular, Rómulo Calvo, dijo que a Áñez «se le están vulnerando sus derechos».
Asimismo, los expresidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en una declaración, responsabilizan al Estado boliviano y su Gobierno por «la vida y la integridad personal» de Áñez.
Este domingo, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia informó que representantes de esa institución visitaron el Centro Penitenciario Miraflores, donde se encuentra Áñez, y conversaron con la expresidenta de facto «de manera confidencial».
«Se constataron lesiones físicas autoinfligidas que requirieron asistencia médica proporcionada por el centro penitenciario», dice el comunicado de ONU Bolivia. Además, recoge que Áñez «refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente» y sugiere cuidados a la política detenida de acuerdo con los estándares internacionales.
La semana pasada, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos registradas en el país sudamericano en 2019, y confirmó que en las ciudades de Sacaba y Senkata se cometieron masacres y que en las represiones de diferentes protestas sociales ocurridas ese año fueron asesinadas 38 personas.
«La forma de pacificar correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia, como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas; porque aquí no estamos hablando de que simplemente el golpe de Estado dejó un daño económico, dejó una deuda con 38 familias en el país», enfatizó Arce.
Fuente: RT.
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