Caso juez Urrutia: Magistrados por prevaricación judicial se acogen al derecho de guardar silencio

Los 21 magistrados de la Corte de Santiago investigados por el delito de prevaricación judicial y administrativa, decidieron acogerse al derecho de guardar silencio, de acuerdo a un escrito ingresado por la Defensoría hace algunas semanas ante el Ministerio Público, en el que además solicitan dejar sin efecto toda citación.

“En caso de decidir alguno de ellos prestar declaración, le será solicitado oportunamente por la defensa”, revela el documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

El caso responde a la querella interpuesta por el abogado Fernando Leal, a raíz de que los 21 ministros revocaran una decisión jurisdiccional adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, en la que en el año 2020 otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.

El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, está a cargo de la investigación en la que hace algunas semanas la Defensoría pidió el sobreseimiento, como parte de una de las peticiones en las que se busca terminar con la indagatoria, haciendo un llamado a una audiencia de cautela de garantías en calidad de “urgente”.

Además, otra petición apunta a que cualquier diligencia que realice el fiscal Vega y que tenga la característica de “intrusiva”, sea controlada constitucional y procesalmente por un tribunal antes de ser acogida, según nota publicada por la página web de Radio Bío Bío.

A través de estos mecanismos, la Defensoría intenta con una estrategia desesperada adelantarse al Ministerio Público, luego de que Vega acogiera al menos dos solicitudes planteadas por el abogado Fernando Leal. Se trata del listado de teléfonos celulares de todos los magistrados de la Corte querellados en el caso, como también su tráfico de llamadas, para establecer si recibieron llamadas de alguna autoridad política para sancionar a Urrutia.

Críticas al Poder Judicial

Recientemente, la Corte de Apelaciones rechazó abrir un sumario administrativo contra Urrutia, a quien se intentó sancionar por las críticas que planteó respecto al Poder Judicial durante una intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, donde refirió que si la Corte de Apelaciones de Santiago hubiese ordenado ante el primer recurso de amparo presentado frenar el uso de balines durante las movilizaciones del estallido social, “no hubiesen existido las cientos de mutilaciones oculares”.

“El Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad”, agregó.

La resolución resulta luego de que un grupo de 54 constituyentes respaldara al juez y planteara en una declaración pública su “rechazo ante los reproches y cualquier posible sanción administrativa”, defendiendo que el análisis realizado por el magistrado “fue certero y muy necesario para las reflexiones que se levantarán para el nuevo Chile que estamos construyendo”.

En este sentido, los convencionales reconocieron su contribución “a la necesidad de problematizar en torno a la refundación o reforma profunda del Poder Judicial (…) para tener una justicia plurinacional, promotora y defensora de los Derechos Humanos, con enfoque de género y perspectiva feminista, para lograr la justicia social para todos los pueblos y territorios”.