El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe en derecho ante la Corte Suprema en relación al proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.
El documento bajo la expresión “Amicus Curiae”, se refiere a un recurso realizado por terceros ajenos a un litigio, en el que ofrecen voluntariamente su opinión o demanda, y fue entregado en el marco de cinco recursos de casación en fase de admisibilidad que se encuentran ante el máximo tribunal contra el proyecto, interpuestos por comunidades.
El INDH solicitó al máximo tribunal tener presente en su resolución los aspectos desarrollados en el escrito, en caso de estimarlo pertinente, los cuales ilustran “los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado relativos a dicha obligación; Empresas y DDHH; consulta indígena y los estándares sobre tierras y territorios indígenas”, expresa el documento.
El texto comprende una revisión de los procesos de evaluación a los que ha sido sometido Dominga, la decisión del comité de ministros, el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, además de la decisión de la Coeva y las casaciones presentadas. Igualmente, explica el seguimiento de la normativa en derechos humanos, tanto nacional e internacional.
Alcances del informe
Sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la obligación del Estado, el INDH recuerda que es “un derecho que no tiene una naturaleza meramente individual, sino también colectiva, debiendo incluso considerarse las afectaciones a las generaciones futuras”.
En cuanto al papel de las empresas y los DDHH, recuerda la importancia de estas (tanto públicas como privadas) en materia medio ambiental, y advierte que “una deficiente evaluación ambiental, eventualmente generará lagunas en el acto regulatorio –en este caso la RCA–, lo que a su vez repercutirá en la inobservancia de los derechos humanos de las comunidades aledañas, presentes en el área de influencia”.
Mientras que en relación a la consulta indígena, plantea que «corresponde al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, no obstante la plena vigencia del derecho de consulta, establecer mecanismos institucionalizados que permitan garantizar un procedimiento adecuado que dé plena certeza a los pueblos concernidos bajo los principios desarrollados por el derecho internacional de derechos humanos. Estos procedimientos deben ser establecidos previa consulta con los pueblos indígenas, disponiéndose de un clima adecuado que genere confianzas entre los interlocutores».
El INDH solicitó al máximo tribunal «tener presente en su resolución los estándares desarrollados en el presente amicus curiae, en caso de estimarlo pertinente».
Proyecto Dominga
Se trata de un proyecto minero diseñado para producir hierro y secundariamente concentrado de cobre, la creación de una mina de tajo abierto, la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora. Está valorado en USD 2.500 millones y abarca territorios de las comunas de La Higuera, La Serena y Coquimbo. La empresa responsable es Andes Iron SpA, controlada por la familia del empresario Carlos Alberto Délano, amigo muy cercano del Presidente Sebastián Piñera.
Cabe recordar que el polémico proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de dicha región el pasado 11 de agosto.
Sin embargo, ha sido motivo de controversia, ya que pescadores, organizaciones medioambientales y ecologistas han advertido que sus operaciones tendrán un negativo impacto en una zona reconocida por su invaluable riqueza marina y terrestre, y por ser reserva de vida del pingüino de Humboldt, especie en peligro de extinción, hogar de ballenas y cachalotes, delfines nariz de botella y chungungos, más una inmensa variedad de aves, reptiles y plantas autóctonas.
Su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ha sido compleja, con aprobaciones y rechazos.
En 2017, la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Dominga, por lo que la empresa Andes Iron SpA recurrió al Comité de Ministros.
El Comité de Ministros –integrado por los titulare de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por Medio Ambiente–, revisó las reclamaciones al proyecto, resolviendo rechazar la del titular –la empresa Andes Iron–, y acoger parcialmente los recursos de reclamación de participación ciudadana, por considerar que las medidas de mitigación, compensación y reparación no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto.
En diciembre de ese mismo año, Andes Iron SpA entabla un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, alegando que el rechazo de Dominga habría sido ilegal.
Luego, en abril de 2021, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto minero Dominga (R-1-2017), consignó El Mostrador.
Dicha sentencia anuló la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo, que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto y ordenó retrotraerlo a la etapa de votación. Sin embargo, el pasado 11 de agosto de este año en una nueva votación, la Coeva calificó favorablemente, por 11 votos a favor y 1 en contra, el proyecto.
Actualmente, existen cinco recursos de casación de las comunidades y que se encuentra en fase de admisibilidad. Es en esta causa en la que el INDH presenta su informe en derecho o Amicus Curiae.
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