Un escándalo más se suma al caso de Monómeros, la empresa propiedad del Estado venezolano y filial de Pequiven que se encuentra en Colombia, y sobre la cual el Gobierno de Iván Duque ha tomado el control desde la semana pasada.
Este lunes 13 de septiembre se conoció que Carmen Elisa Hernández, quien se desempeñaba ilegalmente como presidenta de la junta directiva de la compañía, presentó su renuncia.
Hernández asumió ese cargo en abril de 2019, cuando el control de la empresa cayó en manos del exdiputado venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó como «presidente interino» de su país y fue apoyado en esa decisión por el gobierno de Duque.
Por ello, su reciente renuncia fue notificada a Guaidó. En la carta, que fue reseñada por El Heraldo y también circula en las redes sociales, Hernández alega que su dimisión se debe a un «absoluto desacuerdo» con la posición adoptada por la gerencia general y demás miembros de la junta directiva de la compañía, frente a la «resolución de control» expedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
En un comunicado, publicado en la cuenta en Twitter de Monómeros, la gerencia general dejó constancia de su desacuerdo con la medida de la Superintendencia de Sociedades de Colombia de tomar el control de la empresa y anunció que presentará los recursos de ley para que la institución «revoque su decisión».
Para Hernández, contrario a lo que opina la gerencia, la toma de control por parte del Gobierno colombiano «es el único mecanismo para proteger a Monómeros y permitirle superar la grave situación en la que se encuentra».
«Considero que con esta acción de contravenir la resolución de la Superintendencia de Sociedades, se arriesgan más de 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos que hacen parte de la operación de Monómeros», recalca.
Asimismo, dice que «se hace un evidente enfrentamiento contra el Estado colombiano«, que ha brindado su apoyo a Guaidó.
La Superintendencia de Sociedades de Colombia informó el pasado 6 de septiembre que sometió a «control» a Monómeros, mediante una resolución que ya había adoptado desde el 20 de agosto.
Según la institución colombiana, la intervención a la empresa venezolana -que estuvo en manos de Guaidó por más de dos años- busca «subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo». En paralelo, la administración del presidente Nicolás Maduro ha calificado la acción como un «robo» y anunció que emprenderá medidas judiciales para recuperar la empresa que fue ilegalmente confiscada.
En el comunicado de la gerencia impuesta por Guaidó señalan que, contrario a lo que dice la Superintendencia de Sociedades de Colombia, durante el primer semestre de 2021 los resultados financieros de Monómeros «fueron realmente positivos» e, incluso, se mantuvo el ritmo de trabajo durante las fuertes semanas de crisis por el paro nacional en el país sudamericano.
Monómeros, que es propiedad absoluta de Venezuela, resulta una empresa clave para Colombia, puesto que la compañía tiene la capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala; es decir, de ella depende buena parte de la seguridad alimentaria de los colombianos. Asimismo, según datos de la Superintendencia de Sociedades, la firma se ubica en el lugar 128 de las 1.000 empresas más grandes de ese país.
Fuente: RT.