Desde 1915, cada 19 de septiembre se realiza el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas y del Orden, en una fiesta que rinde homenaje a los militares caídos, batallas heroicas y al rol fundacional del Ejército en la identidad nacional. Pero la historia se dibuja con múltiples sombras que son imposibles de olvidar, donde las armas de estos agentes bélicos del estado en servicio del poder económico, se han levantado en numerosas ocasiones contra miles de habitantes de los diferentes territorios de Chile.
El propio Ejército define su razón de ser: preservar la paz, garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, frente a cualquier amenaza o agresión externa. Y ello lo debe hacer con obediencia al Poder Ejecutivo, no deliberante, según establece nuestra Constitución Política.
Sin embargo, la emancipación de la corona española, la defensa, las grandes batallas y héroes que memorizan niños y niñas en las escuelas, tienen matices y episodios horrendos. En palabras del historiador Gabriel Salazar- donde los intereses políticos y particulares motivaron matanzas en el seno del propio pueblo chileno.
A continuación, compartimos algunas de esas masacres, que han involucrado a decenas y decenas de miles de personas inocentes en el devenir histórico.
Batalla de Lircay
De acuerdo a la historia oficial, el 17 de abril de 1830 un enfrentamiento en la ribera del río Lircay dio fin a la guerra civil que selló el triunfo de las fuerzas conservadoras de Diego Portales por sobre los liberales. Las bases de la República de Chile, con un estado autoritario, se cimentaron con más de 200 muertos a su haber.
Para Salazar, se trataba de “un ejército mercenario improvisado por el patriciado mercantil santiaguino”, que derrotó y descuartizó a hachazos al “ejército ciudadano que había ganado la guerra de la Independencia”.
“Pacificación” de La Araucanía
Desde 1860, los intereses económicos, militares y políticos obligaban al Estado chileno a dominar definitivamente los territorios mapuche, que mantenían su independencia, defendida por más de tres siglos, por medio de la fuerza y por sucesivos tratados.
Es “una de las páginas más oscuras de la historia de Chile”, en palabras del historiador y antropólogo José Bengoa. El ejército chileno usó los métodos más bárbaros de la guerra: mataron mujeres y niños, quemaron sus casas y robaron miles de cabezas de ganado. En 1869, los diarios de la época ya hablaban de una “guerra de exterminio”.
Si bien sólo se quedaron como testigos los adornados partes militares, se calculan en varios miles los mapuche masacrados y muchos más murieron como consecuencia del exterminio, desplazados, empobrecidos y hambrientos, según relata Bengoa en sus libros.
De acuerdo a investigaciones realizada por un equipo encabezado por el historiador Hernán Curiñir, las masacres cometidas por el ejército chileno, de manera directa en la denominada «Pacificación de la Araucanía», involucrarían entre 50 mil a 70 mil mapuche asesinados entre los años 1860 a 1881. Similar realidad vivieron comunidades mapuche al otro lado de la cordillera a manos del ejército argentino, en una operación simultanea y coordinada a la chilena, financiada por el imperio británico, que habría arrojado unos cien mil asesinados en la denominada campaña del desierto.
Masacres a movimientos obreros a inicios del siglo XX
En aquella época, el joven movimiento obrero crecía, sus acciones eran cada vez más masivas y por consiguiente, la represión era aún más dura. Así quedó demostrado con “la huelga de la carne” en 1905, cuando trabajadores y consumidores salieron a las calles de Santiago a reclamar por el encarecimiento. La respuesta militar dejó cerca de 250 muertos.
Dos años antes, una huelga de portuarios en Valparaíso terminó con 50 muertos; luego, en 1906, las fuerzas armadas frenaron una huelga en ferrocarriles de Antofagasta, matando a trabajadores en una cifra que oscila entre los 50 y 300, según distintas versiones.
Matanza en la Escuela Santa María de Iquique 1907
Las versiones más moderadas hablan de unos 2.200 muertos. Otros aseguran que las víctimas superaron las 3.600. Todos coinciden en que fue la más cruel matanza de trabajadores en la historia de Chile, a manos de ejército.
Miles de trabajadores del salitre y sus familias marcharon a Iquique en diciembre de 1907 exigiendo al gobierno apoyar sus urgentes demandas. Cuando la huelga ya superaba los 20 mil paralizados, el gobierno ordenó al ejército desalojar a los manifestantes que se instalaron en la Escuela Domingo Santa María y ante su negativa, comenzó la masacre. Hombres, mujeres y niños fueron acribillados en las salas, pasillos y en el exterior del establecimiento.
Matanza de Curanilahue en 1916
El 18 de marzo de 1916, la sangre obrera fue derramada en Curanilahue, provincia de Arauco, región del Biobío. El conflicto inició con los obreros de la maestranza, y luego se propagó a los mineros. Frente a la movilización obrera por mejoras en sus condiciones de vida y contra los abusos empresariales, la compañía no dudo en militarizar la zona y aplicar la dura ley del fuego y la sangre, causando la muerte de arios obreros, según el historiador local Sebastián Paredes.
Masacres sistemáticas a obreros del salitre 1921 a 1925
Los siguientes decenios siguen siendo testigos de violencia militar. Entre 1921 y 1925, cientos de obreros fueron asesinados en oficinas salitreras de Antofagasta, en episodios conocidos como San Gregorio, Marusia y La Coruña. Una época en que el oro blanco ya entraba en crisis, la cesantía comenzaba a golpear y los trabajadores aún exigían terminar con las fichas y recibir su pago en dinero.
La masacre de Ranquil 1934
En 1934, campesinos chilenos y mapuches se rebelan contra un decreto emitido por el presidente Arturo Alessandri, que -literalmente- expropia los títulos de propiedad de pequeños propietarios de tierra, para dárselos a grandes terratenientes, como la familia Bunster. Los campesinos organizados en el Sindicato Agrícola de Lonquimay se alzan en rebelión para recuperar su tierra. El Estado chileno responde con el ejército y la policía, con una horrible masacre que produjo cientos de muertos.
Cuando una masiva marcha pretendía llegar a Temuco, el día 6 de julio de 1934, unidades policiales y militares ejecutan una verdadera masacre en el Fundo Ranquil. Por la inexistencia de registros claros de identificación en la época, y la poca confiabilidad de las cifras oficiales, se dice que entre 400 a 1.500 personas murieron en la asonada y tras ella, campesinos, obreros pobres chilenos y campesinos mapuche.
Masacre de Pampa Irigon de Puerto Montt 1934
También se recuerda la muerte de 10 pobladores en Puerto Montt -una niña de 9 meses entre ellos-, en marzo de 1969, cuando el gobierno ordenó a fuerzas de represión de Carabineros el desalojo de una toma de terrenos en el sector Pampa Irigoin.
Masacre de El Salvador 11 de marzo de 1966
En el mineral de El Salvador hubo un paro total. Las diversas comisiones tenían a su cargo tareas concretas: la olla común para los huelguistas y familiares, competencias deportivas, actos artísticos – culturales, cuidado de los niños, disciplina, etc. El centro de todas estas acciones era la sede del Sindicato.
El entonces ministro de Defensa de Eduardo Frei Montalva, Juan de Dios Carmona, ordenó la ocupación militar de El Salvador. El operativo tuvo lugar el 11 de marzo de 1966. Fue realizado por efectivos del Ejército.
Una mujer, que llevaba una bandera chilena fue asesinada. Se llamaba Leopoldina Chaparro Castillo. Tenía 36 años y estaba en avanzado estado de embarazo. Cerca de ella cayó otra: Marta Egurrola de Miles, madre de tres hijos y otro por nacer. También cayeron asesinados seis obreros.
Ocho muertos y cuarenta heridos fue el saldo de la masacre.
Dictadura militar de 1973 / 1989 y crímenes de lesa humanidad
No existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile, sin embargo, se estima en 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.
El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
El año 2002, Codepu daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas: Cecilia Miguelina Bojanic Abad (23 años), María Cecilia Labrin Lazo (25 años), Nalvia Rosa Mena Alvarado (20 años), Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29 años), Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27 años), Michelle Peña Herreros (27 años), Diana Arón (24 años), Gloria Lagos Nilsson (28 años).
El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), señaló 307 casos de menores de 20 años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta adolescentes. El informe presenta 75 casos de niños detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños asesinados por militares durante la dictadura.
Un informe de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche) junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2016, identificó 171 los casos de personas la Nación mapuche asesinadas/desaparecidas por la dictadura militar. Entre los casos documentados, está el de una lactante menor de 1 año y el de una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado. También se hace referencia al caso de un hombre y su familia que vivían en el sector Montaña Recortada comuna de Lautaro. Al momento del secuestro del comunero, encerraron en el domicilio a su mujer y sus siete hijos, tras lo cual prendieron fuego a la casa. Los familiares de la víctima apenas alcanzaron a salvar sus vidas gracias al auxilio prestado por vecinos que alcanzaron a llegar.
Se estima en más de 250.000 las personas detenidas durante los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.
Gobierno de Piñera y las sistemáticas violaciones a los DDHH en el estallido social 2019 al 2020
El 18 de octubre de 2019 se levanta en Chile una de las mayores rebeliones en la historia republicana que ha sido conocida popularmente como “El estallido o la revuelta social”, impulsado previamente por un movimiento de estudiantes de secundaria y que luego movilizó por meses a millones de personas en el País exigiendo cambios estructurales ante diversas políticas de dominación, exclusión, injusticias, desigualdad y opresión del régimen político y modelo neoliberal reinante. La respuesta fue militares y fuerzas represivas de carabineros en la calle.
El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Por su parte, Fiscalía Nacional reporta 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020 e indica 5.558 casos que investiga de víctimas de violaciones a DD.HH.