La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 8 favor 4 en contra y 0 abstenciones, y despachó a la Sala de la Cámara Baja el proyecto de ley de cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones tras votar este lunes en particular el resto de indicaciones que quedaron pendientes.
De este modo, la iniciativa que cuenta con discusión inmediata del Gobierno, será revisada mañana martes por el Pleno y votado en una sesión convocada a partir de las 14:30 horas. Ahí se necesitarán 93 votos a favor (3/5 partes) para que avance hacia el Senado.
Durante la jornada de este lunes se discutieron un total de 9 indicaciones.
En este sentido, la Comisión aprobó una inédita indicación en el marco del debate por el cuarto retiro del 10%, afirmando que este se podría retirar en un plazo de 730 días, es decir, dos años.l
Esta indicación fue presentada por el diputado Jorge Durán, y contó con 10 votos a favor y dos en contra, consignó 24 Horas.
Luego de este debate, la Comisión abordó una nueva indicación, para que los pensionados con rentas vitalicias, puedan acceder al 10% del fondo previsional, y este puedan ser traspasado a sus cuentas de capitalización individual.
La indicación fue aprobada por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención, y plantea que el pago se hará en un plazo de 30 días corridos.
De igual forma, se votó la indicación presentada por el diputado Karim Bianchi, que autorizaba retirar el total de los fondos, “de su cuenta de capitalización individual, o un porcentaje de estos, con el solo objeto de ser invertidos en un bien inmueble o en un instrumento financiero”.
No obstante, esta propuesta fue declarada inadmisible, con 11 votos a favor y una abstención.
Posteriormente,, se analizó la propuesta del diputado DC Matías Walker, de pago de impuesto a quienes tengan una renta respecto superior a los $3.6 millones, la cual fue declarada inadmisible con ocho votos.
Otra indicación discutida fue la presentada por el diputado Jorge Durán (RN) que si bien reiteraba como en los retiros anteriores que los fondos son de propiedad de los afiliados al sistema de AFP estipulaba además una reforma permanente a la Constitución relativa a la expropiación de los fondos.
«No podrán ser objeto de expropiación, nacionalización, confiscación, apropiación o cualquier otra medida o mecanismo destinado a privar o restringir las facultades del propietario sobre dichos fondos, ni aún en virtud de una ley general o especial que lo autorice por causa de utilidad pública o interés nacional», planteaba la indicación declarada inadmisible por la mesa liderada por el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente de la comisión. Los diputados de oposición coincidieron con que esta propuesta era inadmisible por alejarse de la idea matriz del proyecto, además aumentaría el quórum de aprobación requiriendo 2/3 y podría ser un argumento para quien quisiera recurrir al Tribunal Constitucional. Mientras que desde el oficialismo señalaron que esto buscaba «proteger a los trabajadores» ante un eventual «Gobierno de izquierda» que quiera expropiar los ahorros.
No obstante, en la sesión se aprobó una indicación de la diputada Carolina Marzán (PPD), que fija multas a las AFP, hasta de 15 mil UF, a través de la Superintendencia de Pensiones, en el caso en que no hagan la transferencia por pensiones de alimentos a la madre.
Asimismo, se votó a favor de una indicación de la diputada PC Karol Cariola, que permite que a los deudores de pensión alimenticia se les retenga más del 10%, si es que la deuda supera ese monto.
La comisión viene votando desde el viernes pasado, las indicaciones presentadas por todos los parlamentarios.
Hasta los momentos, se ha debatido, el retiro total sin impuestos, incluyendo pensionados y rentas vitalicias. Dicha propuesta fue rechazada por la Comisión con 11 votos en contra y dos a favor.
La indicación que si fue aprobada – y presentada por el Frente Amplio y el Partido Comunista – por la mayoría de la Comisión fue el permitir el retiro del 100% de los fondos a personas con enfermedades catastróficas o con tratamientos de alto costo.
Dicha propuesta estable los requisitos para acreditar esta condición junto a un tope de 1.350 UF.
Cabe recordar que durante la semana pasada, el Gobierno otorgó discusión inmediata a esta iniciativa, con el fin de «despejar las certezas jurídicas de esta mala reforma constitucional».
El Ejecutivo plantea como argumento para la discusión inmediata «la imperiosa necesidad que el Congreso Nacional zanje, a través de su propia votación y a la mayor brevedad posible,el rechazo de la presente propuesta de reforma constitucional».
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