El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dio un plazo de 10 días al presidente Jair Bolsonaro, para que brinde información sobre las «acciones y omisiones» de su gobierno para combatir el hambre, en medio de la pandemia del COVID-19.
A través de un oficio electrónico enviado por el presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, se explica a Bolsonaro que la solicitud de información se produce tras la denuncia interpuesta el pasado 28 de septiembre por el Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil (OAB).
La OAB interpuso ante el STF la «Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 885» y solicitó una medida cautelar para asegurar que el Gobierno Federal realice una inversión anual 1.000 millones de reales —más de 183 millones de dólares— para el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).
Según la OAB, las acciones y omisiones de la administración de Bolsonaro, en relación con la lucha contra el hambre, «violan los derechos fundamentales a la alimentación adecuada, la salud y la dignidad humana».
De acuerdo con la denuncia presentada por el OAB y divulgada por el STF, los juristas buscan evitar el agravamiento de la crisis de hambre que atraviesa el país, un tema que consideran es «absolutamente sensible».
Los abogados piden que el Programa Bolsa Familia, para atender a personas en vulnerabilidad, incluya automáticamente a ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con base en la prueba del criterio de ingresos; y solicitan que se reajuste el valor del ingreso per cápita, que define quiénes son elegibles en el programa.
En relación al Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), la OAB pidió que el gobierno federal garantice la transferencia de recursos financieros complementarios destinados a la compra de alimentos a los estados, municipios y el Distrito Federal. Además, insta a generar un ajuste anual.
Ante la emergencia alimentaria denunciada por la OAB, el colectivo de abogados solicita que el régimen de Bolsonaro reanude y amplíe la Ayuda de Emergencia de 600 reales (unos 110 dólares), así como la devolución del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) y los consejos de participación social, que fueron eliminados por su gobierno en el Decreto 9759/2019.
También piden que se derogue el tope de gasto y la recomposición del presupuesto para políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional que involucra al PAA, la asistencia técnica rural, distribución de alimentos, el plan Bolsa Verde, la organización económica de mujeres rurales, así como el desarrollo sostenible de comunidades quilombolas (afrodescendientes), pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Fuente: RT.
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