“Guaridas fiscales”, se toman el Estado por asalto

Resulta inaceptable para los/las funcionarios públicos conocer hechos vinculados al ejercicio de la política con los negocios privados, más aún ampararse con privilegios en las «guaridas fiscales». Una guarida fiscal, paraíso fiscal o refugio fiscal, son aquellos países o territorios que se caracterizan por la escasa o nula tributación a las  que se someten determinadas personas o entidades que, en dichas jurisdicciones, encuentran un refugio que hoy, son noticia mundial y afectan directamente al presidente de la República. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales _ ANEF_, la cual represento,  rechaza tajantemente la infracción al artículo 5° de la Ley sobre probidad administrativa,  en la que incurriera la primera autoridad  pública del país.  Las revelaciones arrojadas por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como “Pandora Papers”, sitúa nuestro país en el escenario internacional en controvertidas y vergonzosas relaciones entre el deber público del ejercicio presidencial, y el espacio privado empresarial.
 
Contraviniendo la ley, que exige al titular que ejerce el poder Ejecutivo, estar al servicio de la persona humana, promover el bien común, atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, fomentar el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley; por el contrario, el Presidente de la República  ha denostado su cargo al efectuar  transacciones empresariales que generan dudas, desde posible evasión de impuestos en islas vírgenes,  como también  abusando de su poder para dar cumplimiento a las exigencias de la ultima cuota de pago acordada, que exigía evitar que la zona involucrada se transformara en reserva protegida, cuestión que tiene como prerrogativa.  
 
 La investigación «Pandora Papers», es un antecedente más de la promoción del interés personal por sobre el de la población, impactando gravemente la fe pública.  No puede confundirse el trabajo público como plataforma para incrementar las riquezas personales y familiares. La ciudadanía se indigna frente al abuso de poder y rechaza el abandono de sus deberes, en cuanto a derechos humanos, fundamentales y sociales, pues nada  podía ejecutarse como debía ser, sino como lo permitieran los acontecimiento, corriendo con ello el límite de lo ético, por el de lo conveniente.  Los/as funcionarios públicos exigimos recuperar el sentido de lo ético en el funcionamiento de  las instituciones.  Los/las que corrompen el Estado, no son sus trabajadores/as; son ciertas jefaturas políticas de distinta procedencia ideológica, quienes en complicidad con los privados, optan por no investigar y aplicar  sanciones de «clases de éticas»;  amparando la corrupción. Chile debe recuperar su moral y su comportamiento,  como cuando sus autoridades públicas, después de cumplir sus mandatos, volvían a vivir honrada y dignamente, del ejercicio de sus profesiones.  Resulta lamentable encontrarnos ante una situación inigualable en la historia de Chile, donde su primera autoridad no sólo llega al poder bajo graves cuestionamientos sobre su enriquecimiento, sino además, en el ejercicio del mismo, hace uso y usufructo del Estado, como si fuera  su botín personal.

Los miembros del Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados/as, debe ejerzan su rol fiscalizador y al igual que el Poder Judicial, investigar los hechos de manera tal, que permitan despejar todas las dudas, evitando mantener la incertidumbre. La soberanía nacional está en juego, y las sanciones hacia todo aquel que atente contra los intereses de la patria y los ciudadanos/as, deben ser ejemplares. La ciudadanía no  debe permitir  que las expresiones de “guaridas fiscales”, se naturalicen y se apropien de los recursos del Estado. 

José Pérez Debelli
Presidente Nacional
Agrupación Nacional Empleados Fiscales
ANEF