Pandora Papers desnuda las tácticas offshore de las familias Cueto Plaza (Latam), Errázuriz Ovalle (CIDEF) y Cortés Solari (Falabella)

Las familias Cueto Plaza (accionistas de la aerolínea Latam), Errázuriz Ovalle (dueños de la automotriz CIDEF y una decena de otras empresas) y Cortés Solari (accionistas de la cadena de tiendas Falabella), figuran en la larga lista de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revela los mecanismos offshore a los que recurren para proteger o esconder sus riquezas.

Al desglosar los Pandora Papers, se detallan las estructuras diseñadas para realizar sucesiones a través de trusts (asociación de empresas de un mismo gremio) o fundaciones, con las que, por ejemplo, se puede evitar el pago de los impuestos a la herencia y las donaciones, o derrochar dinero en el exterior a través de cuentas bancarias no informadas y el uso de tarjetas de crédito.

Cueto Plaza

En el caso de los Cueto, en diciembre de 2007 constituyeron una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), con un capital inicial de $2.500 millones y de agente registrador la oficina panameña del grupo Amicorp, que creó para la familia la sociedad Cantábrico Internacional Inc. Las acciones quedaron en manos de Inversiones del Cantábrico S.A., creada en Chile.

Los Cueto aseguran que el objetivo de Cantábrico Internacional Inc. es ser “el vehículo de inversiones en el exterior de la familia”, además “recalcamos que esta sociedad se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones”.

El 5 de julio de 2019 Cantábrico Internacional Inc., titular de una cuenta en el banco Morgan Stanley en Miami y cuyos beneficiarios finales son los cuatro hermanos Cueto Plaza y sus 21 hijos, cambió de agente registrador a Overseas Management Company (OMC), mudó de dirección en Panamá, donde modificó el nombre a Ribadesella International Inc. y aumentó el capital en US$14 millones, supuestamente para capitalizar una deuda con su matriz.

Errázuriz Ovalle

En noviembre de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció por delitos tributarios y aduaneros que ascendían a $48.380 millones, a la Sociedad Contractual Minera Cala Cala (SCM Cala Cala) que vendía yodo con un margen mínimo de utilidad a empresas del mismo Grupo Errázuriz, que como intermediarias revendían el producto a un precio sustancialmente mayor e injustificado a Atacama Chemicals. Esta investigación judicial continúa abierta.

No obstante, ese mismo año Francisco Javier Errázuriz Talavera traspasó a sus hijos -en secreto y lejos de Chile- todos sus negocios y activos dedicados a los rubros minero, inmobiliario, automotriz, pesquero, salmonero, agrícola, forestal, ganadero, vitivinícola, frutícola y financiero, entre otros.

Además, la familia preparaba un documento de casi 100 páginas denominado “Protocolo Familiar de los Hermanos Errázuriz Ovalle”, junto a la consultora española Unilco, que establece un marco con reglas consensuadas para  “prever o evitar conflictos futuros” y ser una “herramienta esencial en el proceso de transición generacional futuro, que se regula de manera precisa, al tiempo que se establecen las normas de régimen interior de las sociedades que permitan estructurar de manera adecuada los órganos de gobierno y gestión de las empresas”.

En abril de 2015, abrieron una fundación de interés privado (FIP) en el paraíso fiscal de Panamá, Fairwind Assets Foundation. “Las FIP panameñas son bóvedas infranqueables para poner a resguardo riquezas y planificar sucesiones patrimoniales: otorgan total confidencialidad respecto de sus beneficiarios; sus activos no pueden ser objeto de embargo por causa de obligaciones personales de sus integrantes y sanciona con penas de cárcel y multas en dinero a quienes no mantengan reserva sobre sus movimientos y actividades”, reseña Ciper.

El bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), fue el encargado de gestionar la apertura de la fundación, “constituida para implementar legalmente los acuerdos y decisiones contenidos en el protocolo de los hermanos Errázuriz Ovalle, suscrito en marzo de 2014, con el objeto de ser el vehículo legal que actúe como entidad tenedora de los negocios e inversiones del grupo económico familiar denominado Grupo Errázuriz Ovalle (…) La intención es que la fundación sirva como vehículo para la planificación ordenada y protección del patrimonio de la Familia Errázuriz Ovalle para que los beneficios económicos lleguen a los miembros de dicha familia”.

Cortés Solari

Las líneas de negocio de los Cortés Solari van desde tiendas por departamento (Falabella); mejoramiento del hogar (Sodimac); supermercado (Tottus); centros comerciales (Mall Plaza y Open Plaza), hasta servicios financieros (CMR Falabella, Banco Falabella y Seguros Falabella), y se reparten a través de varios cientos de sucursales en Chile, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay y México.

En 2011, la familia dividió uno de sus principales vehículos de inversión en Chile, Inversiones Quitalmahue S.A., en dos sociedades: Inversiones Quitalmahue Dos e Inversiones Quitalmahue Tres, sin desaparecer Quitalmahue S.A.

Según los archivos recopilados por Pandora Papers, en octubre de ese mismo año, solicitaron los servicios del bufete Alcogal para abrir en Panamá dos offshore: Atenea Venture Corporation y Bacco Group Corporation.

En esa fecha, Quitalmahue Dos aumentó su capital de $421 millones a más de $6.632 millones, debido a la emisión de 115 millones de nuevas acciones, en virtud de un crédito -cuyo origen se desconoce y equivalente al monto del aumento- que la panameña Atenea Venture mantenía contra esa sociedad chilena.

El mismo escenario se repite con otra deuda desconocida que Quitalmahue Tres tenía con Bacco Group, con la que la primera aumentó su capital de $416 millones a poco más de $6.714 millones, emitiendo nuevas acciones (142 millones).

Años después, el 14 de diciembre de 2017 cambiaron la jurisdicción de Atenea Venture y Bacco Group a Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, cinco días después ambas offshore fueron disueltas y absorbidas por la recién creada chilena Batenea SpA, “controlada por Inversiones Quitalmahue S.A. y por la sociedad Don Alberto Cuatro Beta SpA, subsidiaria de Inversiones Corso, principal vehículo de inversión de la familia y a través del cual participan en Falabella”, publica Ciper.

De acuerdo al reportaje realizado por Ciper y LaBot, que comprendió  un cuestionario enviado a la familia sobre los fines de sus sociedades offshore, los Cortés Solari respondieron que las sociedades en cuestión fueron constituidas como vehículos “para invertir en Private Equity” y que cumplieron con todas las obligaciones exigidas por la autoridad tributaria nacional.

El “encanto” de las sociedades offshore

En las distintas investigaciones periodísticas en las que se han destapado las redes societarias en paraísos fiscales o jurisdicciones con baja o nula tributación, queda en evidencia la preferencia de la elite económica en la utilización de estos sistemas, que no necesariamente involucran ilegalidad.

Entre los argumentos para justificar estas tramas se encuentran facilitar inversiones en el extranjero, aunque muchas veces estas estructuras offshore operan al margen de la ley evadiendo las normas tributarias.

El atractivo de estas sociedades o fundaciones en paraísos fiscales, es una exquisita tentación para los grupos de poderes ya que ofrecen una bajísima o nula carga tributaria, confidencialidad y secreto, lo que dificulta a las autoridades tributarias locales tener conocimiento y seguir sus movimientos.