A dos años del 18-O: ONU alerta que persiste uso excesivo de la fuerza, hostigamiento y obstáculos en el acceso de las víctimas a justicia, reparación y garantías de no repetición

La Organización de Naciones Unidas (ONU) mostró nuevamente su preocupación por la continua violación de los Derechos Humanos (DD.HH.) en Chile, dos años después del estallido social del 18 de octubre de 2019 y el seguimiento realizado a las recomendaciones del primer informe emitido por la misión técnica que visitó al país en noviembre de ese año.

El organismo exhortó al Gobierno a “profundizar sus esfuerzos” ante la incertidumbre en cuanto a la rendición de cuentas y la lentitud con del fortalecimiento de sus capacidades. Además, considera urgente incrementar la protección del derecho de reunión pacífica.

“La demora en los procesos judiciales genera en las víctimas una sensación de desamparo (…) se sienten afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado”, dijo Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

En este sentido, ejemplificó que “el Estado no ha ofrecido disculpas públicas a las víctimas”, “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición”, se sigue registrando un uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanzaaguas y, en algunos casos, los Carabineros “no han prestado asistencia a personas heridas”.

Durante una entrevista en Europa Press, señaló que a pesar de que “se observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios” por parte de los agentes de seguridad, persiste el uso excesivo o arbitrario de la fuerza y hostigamiento contra manifestantes pacíficos, brigadistas de salud, observadores de Derechos Humanos y periodistas.

Con relación a la reforma de Carabineros, Jarab admitió refirió que no se incorpora de forma suficiente el rol que deben tener la sociedad civil, otros poderes y órganos autónomos del Estado en la supervisión de sus labores y cuestionó que si no se reconocen los hechos y la responsabilidad institucional, “¿cómo se puede avanzar hacia una reforma profunda, que otorgue garantías efectivas de no repetición?”.

El documento dado a conocer este lunes por la ONU, califica de “excesivo” el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones.

Por otra parte, respecto a leyes recientemente aprobadas como la Ley Antibarricadas, así como una propuesta legislativa que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica, advierte que podría resultar en “la militarización de la seguridad ciudadana”.

“Preocupa que se estén adoptando o proponiendo cambios que contravienen los estándares internacionales, tales como criminalización de la protesta y exención de responsabilidad penal ex ante para funcionarios que utilicen su arma en varias situaciones”, añade.

Sobre la redacción de una nueva Constitución, Jarab opinó que “es una gran oportunidad para profundizar los compromisos de Derechos Humanos”, los cuales “deben estar al centro del proceso constituyente”, especialmente en una sociedad “profundamente desigual” donde muchas personas “ven afectados sus derechos económicos, sociales y culturales”, y con una población indígena a la que el Estado “no ha ofrecido medidas que puedan superar la injusticia histórica y presente que sufrieron y siguen sufriendo”, reseña El Desconcierto.