Líderes, alcaldes indígenas y representantes de organizaciones sociales y populares realizaron una protesta pacífica en Ciudad de Guatemala para apoyar la resistencia indígena en el municipio El Estor y rechazar el estado de sitio, mientras este martes se reportaron acciones de las fuerzas publicas contra los pobladores.
En el marco del conflicto minero, que las comunidades mayas rechazan, se reportan este martes allanamientos en El Estor, que bajo el amparo del estado de sitio en la región, las autoridades indicaron que buscan armas y drogas en la casa de un periodista y líderes indígenas.
Desde el decreto de la medida extraordinaria, avalada por el Congreso, la Policía Nacional Civil (PNC) fue desplegada en El Estor para reprimir a las comunidades q’eqchi, luego que la resistencia cumplía 20 días de bloqueos contra la extracción de níquel de la minera Solway Investment Group.
El periodista Juan Bautista Xol corresponsal de Prensa Comunitaria, fue detenido este martes en su casa en El Estor, Izabal, por la PNC y el Ministerio Público. Xol realizó una labor periodística a lo largo de la protesta indígena.
Respecto a las acciones de solidaridad con el movimiento indígena maya, los participantes marcharon desde la capitalina Plaza de la Constitución hasta las sedes del Ministerio Público (MP) y de la Corte de Constitucionalidad, donde rechazaron la medida de excepción.
Dejaron claro que esta restringe sus derechos constitucionales y criminaliza la protesta de las comunidades originarias.
También demandaron que el Gobierno atienda sus preocupaciones sobre el funcionamiento del proyecto minero Fénix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel/Pronico y compañías extranjeras.
Los movilizados señalan que allí se realizan actividades no autorizadas y ello pone en peligro a las comunidades Q’eqchi’, que días atrás protagonizaron movilizaciones contra la extracción de mineral.
Refieren que tras decretarse el estado de excepción por 30 días en el referido municipio del departamento de Izabal, se desplegaron 500 soldados y 350 agentes policiales para supuestamente restaurar el orden público.
Sin embargo, consideran que la medida del presidente Alejandro Giammattei en realidad desató la represión y el terror, como confirman allanamientos realizados en dos radioemisoras comunitarias y a la Defensoría Q’eqchi, entre otros sitios.
En discurso ante los congregados frente al MP, la representante de la organización Waqib’ Kej, Rosalina Tuyuc, responsabilizó a las fuerzas de seguridad por las violaciones a los derechos humanos de los indígenas del pueblo Q’eqchi’.
La lideresa subrayó que el Gobierno tiene intereses económicos con las trasnacionales a cargo de la minera.
En declaraciones a la prensa, el pasado sábado, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recordó que desde el año 2019 la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Compañía Guatemalteca de Níquel suspender la licencia de explotación minera, pues las comunidades indígenas de la región no fueron consultadas previamente.
Rodas agregó que, contrario a lo esperado, el Gobierno protege a los camiones de la empresa para acceder a la mina y las fuerzas de seguridad “reprimen a la población y periodistas”.
Cortesía de Telesur
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