Haití se mantiene en una espiral de crisis que ahora tiene un agravante: la falta de combustible en todo el país. En la última semana, la escasez de carburantes ha provocado nuevas protestas, mientras que los grupos ilegales armados mantienen tomada una terminal petrolera y República Dominicana refuerza su frontera para evitar el contrabando de gasolina.
En Puerto Príncipe casi todas las estaciones de servicio están cerradas. El diario Le Nouvelliste detalla que la situación es similar en el interior del país y podría agravarse después de que bandas armadas, agrupadas en la llamada coalición G9, impidieran el acceso a la terminal de Varreux.
Esas instalaciones son estratégicas para garantizar el suministro de Haití, ya que es el mayor puesto de almacenamiento de combustibles. El bloqueo de esa terminal afecta directamente a la población, a las compañías de telecomunicaciones (que dependen de los productos petrolíferos para su puesta en funcionamiento) y a los hospitales, que requieren de diésel para mantener activas las plantas de generación eléctrica, explica un reportaje de Nazareth Balbás para RT.
Aunque el país antillano nunca ha gozado de estabilidad política, ni social, ni económica, el reciente asesinato del expresidente Jovenel Moïse agravó la situación, especialmente porque pandilleros como Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, han aprovechado la coyuntura para ganar terreno mediante secuestros y violencia, al punto de exigir la dimisión del actual primer ministro, Ariel Henry, a cambio de desbloquear la terminal de Varreux.
El ascenso de las pandillas
El magnicidio de Moïse fue un punto de quiebre en Haití. No solo porque aún no se han esclarecido las circunstancias de su asesinato –perpetrado por un comando de mercenarios colombianos–, sino porque paralizó la ruta electoral en el país y terminó de sumirlo en el caos.
En ese escenario es que las pandillas armadas, como la coalición G9 dirigida por el expolicía Chérizier, se han desplegado en el territorio a sus anchas. Secuestran, ganan espacios, imponen su ley y ahora hasta toman instalaciones clave para el suministro de combustible.
‘Barbecue’ es identificado como uno de los criminales con más poder porque logró aglutinar a nueve de las pandillas más peligrosas de Puerto Príncipe. Según Insight Crime, en el pasado colaboró con la policía y con el actual partido oficialista Parti Haïtien Tèt Kale – PHTK, pero ahora «estaría buscando aprovechar el vacío de poder dejado por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse».
El expolicía fue despedido en 2018 por su presunta participación en la Masacre de La Saline, donde fueron asesinadas unas 71 personas, y se expidió una orden de captura en su contra. Pero Chérizier, además de evadir a la justicia, protagonizó un ataque al año siguiente que culminó con la muerte de 24 ciudadanos el barrio Bel-Air de Puerto Príncipe.
El control por la fuerza es ahora el arma de negociación de ‘Berbecue’ y no ha perdido tiempo para usarla. Si por un lado pide la dimisión de Henry por su presunta implicación en el asesinato de Moïse, por el otro promete que sus bandas armadas acabarán con la inseguridad, la violencia y la escasez de combustible que ellas mismas han provocado.
«Las áreas bajo el control del G9 están bloqueadas por una sola razón: exigimos la renuncia de Ariel Henry«, dijo el líder pandillero en una entrevista radial citada por Reuters, tras prometer que de hacerse efectiva la dimisión, garantizarían el flujo normal de combustible, permitiendo el paso de camiones y liberando las carreteras.
El líder de la coalición de bandas ilegales armadas insiste en que Henry «responda» las dudas alrededor del asesinato de Moïse, especialmente después de la investigación que determinó que el primer ministro se había comunicado con Joseph Félix Badio, uno de los tres principales sospechosos del magnicidio.
¿Una salida en puerta?
Pero Chérizer no es el único que ha pedido la salida de Henry. Según medios locales, el jefe de la Oficina de Protección Ciudadana (OPC), Renan Hédouville, criticó el respaldo internacional que tiene el primer ministro haitiano y consideró que el funcionario no posee la capacidad para responder a las necesidades de la población.
«Hoy nos enfrentamos a una posible catástrofe humanitaria con líderes incapaces de garantizar el buen gobierno del país y proteger a la población en términos de seguridad y atención médica», apuntó la OPC en un comunicado, tras responsabilizar a la comunidad internacional de la crisis.
Por su parte, el sindicalista Jacques Anderson Desroches, que ha impulsado las protestas de los transportistas contra el Gobierno por la inseguridad, negó cualquier vinculación con las pandillas y aseguró que el problema es que hay «maniobras políticas» para desacreditar las manifestaciones.
Entretanto, el sindicalista Joseph Montes, del frente unificado de transportistas haitianos, consideró que si Henry no responde a las demandas del movimiento, tendrá que abandonar el cargo. «El poder ha cerrado los ojos y se ha metido plomo en los oídos«, dijo a Le Nouvelliste.
Este miércoles, además, el presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, se unió al pedido de renuncia al considerar que Henry ha perdido la confianza de la nación para «restablecer la autoridad de Estado y restaurar la seguridad».
«Este Gobierno no representa lo que necesitamos ahora, necesitamos un gran consenso con todos los sectores. Nadie podrá gobernar Haití sin un consenso mayor«, dijo Lambert en una entrevista con CNN. Según agencias, desde la oficina del primer ministro aseguran que el alto funcionario no dimitirá.
Situación crítica en Haití
Los directores de los principales hospitales advierten que se verán obligados a cerrar definitivamente si no llega el diésel, mientras se dificultan las comunicaciones en el país antillano y la población organiza protestas al frente de las estaciones de servicio, que permanecen cerradas, para exigir el abasto de carburantes y el freno a la inseguridad.
«Hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no hay seguridad, no vayan«, aconsejó el pasado domingo el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
La advertencia no es gratuita, ya que varios camioneros dominicanos están secuestrados en Haití desde principios de este mes y se suman a las más de 400 personas que han sido plagiadas por bandas armadas, al menos este año, incluido un grupo de 17 misioneros canadienses y estadounidenses, por el que los pandilleros exigen un rescate de 17 millones de dólares.
Ante el panorama, la solución que han encontrado muchos haitianos ha sido abastecerse de combustible en República Dominicana. Sin embargo, el país vecino anunció el martes que desplegaría un importante operativo militar para impedir el contrabando de gasolina, especialmente en las estaciones de servicio de Pedernales y Elías Piña.
La Oficina de Ayuda Exterior de Haití (BMPAD), encargada de la compra de combustible, posteó un video en el que informó que el país tenía disponibles 150.000 barriles de diésel y 50.000 barriles de gasolina, cifras que permitirían abastecer el mercado por varios días, según especialistas consultados por Reuters.
El problema es que parte del carburante está en la terminal de Varreux, tomada por la pandilla de Chérizier. Por eso es que mientras la escasez se incrementa, el mercado negro de gasolina se expande al punto de que un galón se transa en 20 dólares, cuando la misma cantidad costaría 2 dólares en un estación de servicio.
Las calles, de momento, están más vacías que de costumbre, no solo por la falta de combustible para facilitar la movilidad, sino también por el temor ante la ola de secuestros y la violencia. De hecho, ni siquiera la agencia de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) pudo concretar una entrega de gasolina para los hospitales porque, ante la inseguridad, los proveedores se niegan a hacer despachos.
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