La Fundación para la Libertad de Expresión (FLIP) de Colombia denunció públicamente que el Ministerio de Defensa habría fingido un ataque digital en cuentas oficiales con el fin de justificar su política de ciberpatrullaje, en el contexto de las masivas protestas por el Paro Nacional de abril y mayo.
Según esta organización, se trató de una «estrategia para llamar la atención de la ciudadanía», mientras se desplegaba un sistema de control en las redes sociales, presuntamente para contrarrestar las críticas contra el gobierno de Iván Duque.
En su investigación, la FLIP repasa que el 6 de mayo distintas cuentas de las fuerzas, como la Policía Nacional, aparecieron con imágenes que alertaban de un aparente ciberataque: «Intento de bloqueo», se leía en las fotos de perfil. Esta situación duró tres horas, en las cuales los funcionarios no hicieron declaraciones públicas. Al respecto, la Fundación advierte que todo habría sido parte de una puesta en escena para respaldar la vigilancia posterior aplicada por las autoridades.
Tras esa paralización digital momentánea, se lanzó una campaña gubernamental en redes bajo la siguiente consigna: «#ColombiaEsMiVerdad». En ella se alertaba sobre presuntas noticias y publicaciones falsas que atentaban contra la imagen de las fuerzas, mientras organismos de derechos humanos denunciaban graves casos de represión en las calles.
«Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21.000 horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad», sostiene la agrupación. Con ello, hacen referencia a la conformación de un equipo especial para la vigilancia a través de las pantallas, llamado Puesto de Mando Unificado – Ciber.
Asimismo, advierten que las acciones de control se amparan en ambigüedades legales, y criticaron que el Ministerio tildara de «terrorismo digital» a las denominadas ‘fake news‘ (noticias falsas). Para la FLIP, este tipo de clasificaciones atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión, ya que el Ministerio se estaría arrogando el rol de juez, pese a que esa no es su función original. Además, tampoco se conocen los criterios para calificar cada posteo, dejando todo al libre arbitrio del Ministerio de Defensa, enfatiza la Fundación.
Cuestiona que las fuerzas recopilen informaciones de usuarios para categorizar los perfiles, algo que va en contra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En contrapartida, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, rechazó las acusaciones: «Falso otra vez», sostuvo desde su cuenta de Twitter. Así, rechazó la teoría del autosabotaje y sostuvo que las explicaciones para desplegar su campaña contra las ‘fake news‘ sobre las fuerzas «fueron públicas y transparentes». Con ese tono, concluyó: «Defendemos libre expresión».
Sin embargo, desde la FLIP insisten en la necesidad de establecer un control político sobre estas polémicas prácticas de vigilancia, al considerar que perjudican el libre ejercicio del periodismo: «Se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias», subrayan.
Fuente: RT.
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