Tras el categórico informe emitido por la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la falla de San Ramón, ubicada entre 10 y 12 kilómetros bajo la superficie terrestre de Santiago, la Gobernación Metropolitana se reunió este martes con distintos actores del mundo académico, científico, municipal y parlamentario, para abordar los riesgos y generar zonas de resguardo y restricciones ante un eventual sismo en la zona.
Recordemos que, según el informe del 13 de octubre realizado por la comisión especial investigadora de la Cámara, la falla se encuentra activa y representa un grave peligro para las nuevas edificaciones en la zona, ya que podría generarse un terremoto de hasta 7,5° de magnitud en toda la fractura geológica que cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, pudiéndose extender a Lo Barnechea y Pirque.
Así, frente al llamado de los parlamentarios a actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el gobernador regional, Claudio Orrego, declaró que “llegó el momento de la acción. La evidencia científica está sobre la mesa desde hace varios años y se ha venido perfeccionando. La falla de San Ramón tiene casi 50 km de largo, 300 metros de ancho y, lo más importante, está activa. Eso implica un riesgo para la vida de los santiaguinos y santiaguina”.
“Este es un momento histórico: municipios, mundo científico, academia, parlamentarios y autoridades regionales democráticamente elegidas hemos decidido enfrentar un fenómeno que hoy amenaza con afectar la calidad de vida de los capitalinos”, agregó Orrego.
Tras la reunión, la autoridad regional anunció el envío de un oficio al seremi de Vivienda regional, Manuel José Errázuriz, para que entregue la “dictación de resolución de inicio para la elaboración de antecedentes y estudios necesarios conducentes a la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago”.
En tanto, el diputado Tomas Hirsch (Acción Humanista), quien presidió la comisión investigadora de la Cámara, advirtió que la falla “representa un peligro para los miles de personas que viven en las inmediaciones de la misma. De familias que se han endeudado y comprado una vivienda, o la misma infraestructura pública que está emplazada en el lugar, como hospitales, colegios, universidades e incluso el aeródromo de Tobalaba”.
“Las conclusiones a las que hemos llegado es que acá ha habido negligencia del Estado por demasiados años, conociendo la información entregada por académicos y científicos, no se ha actuado con la urgencia que corresponde”, acusó el parlamentario.