¿Quiénes están detrás de la consulta online por prorrogar el estado militarizado en territorio mapuche?

La iniciativa con una amplia publicidad en medios comerciales, fue impulsada por el gobernador de derecha, Luciano Rivas, ex presidente de la Multigremial de la Araucanía, instancia que reúne a los principales sectores empresariales de la industria extractiva, quienes justamente fueron los principales promotores de la consulta.

El directorio de la Multigremial de la Araucanía comunicó que el 15 de octubre del año pasado, Luciano Rivas Stepke presentó su renuncia al cargo de Presidente de esta confederación empresarial, tras tomar la decisión de asumir su candidatura a gobernador regional, quien finalmente fue elegido en segunda vuelta de junio de este 2021, luego  de la división de tres candidaturas mapuche (Huilcamán, Levi y Painel Seguel) y de una alicaída candidatura del ex senador PPD, Eugenia Tuma, quien no fue capaz de mantener su votación de primera vuelta.

Durante tres días se efectuó la denomina consulta ciudadana online, desde el viernes 5 de noviembre, hasta el domingo 7 de noviembre, con una masiva campaña publicitaria en los medios masivos comerciales, la que reunió sólo 144.994 votos lo que corresponde a un 16,4% del padrón electoral de la región, con 118.258 preferencias por la opción «Sí» (81,56%),, de extender el estado de excepción constitucional de emergencia más allá del próximo jueves 11 de noviembre, y con ello la mantener la militarización en zonas mapuche, resultado que fue valorado, respaldado por Pablo Urquízar, delegado presidencial, Coordinador de seguridad de la Macrozona Sur.

La convocatoria fue impulsada por el gobernador Luciano Rivas y la Asociación de la Municipalidades de la Araucanía, sin embargo, llamó la atención el protagonismo con publicidad de las principales empresas de las industrias extractivas agrupadas en la Multigremial, llamando a apoyar el decreto Sí, es decir, que se prorrogue el estado de emergencia, con el fin de presionar al Congreso de la república, instancia que debe autorizar tal medida presidencial.

Previo a la consulta online, MODATIMA en la Araucanía, anunció la interposición de un recurso de protección contra el gobernador, argumentando que carece de sustento legal, “toda vez que el Gobernador Regional no posee atribución para decretarla de forma autónoma”.

También indicaron: “Esta actuación del Gobernador, cuyo carácter arbitrario y caprichoso se devela en cuanto carece de fundamento jurídico que la sustente, es también un actuar ilegal. Ya que, además de infringir la norma de aplicación general y LOCBGAE, contraviene normas fundamentales de la Constitución Política de la República”, indicó Modatima”.

La constituyente mapuche, Natividad Llanquileo, señaló sobre la consulta online del estado excepción en la Araucanía: “No se puede legitimar violaciones a DDHH. Deber de las autoridades es buscar soluciones y mecanismos de salida a problemas. No pueden seguir mismas prácticas fracasadas para generar más crisis y manipular conflictos de fondo”, en alusión a los conflictos de tierras y los impactos de industrias extractivas.

Importante señalar que parte del discurso reiterativo del gobierno y sectores empresariales para justificar el estado de excepción es: Terrorismo de grupos organizados “que buscan instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo Mapuche, para poder esconder su lucrativo negocio como son el robo de madera, el narcotráfico y el crimen organizado (…) lo que hacen es quemar iglesias, católicas y evangélicas, quemar escuelas, quemar casas, atentar contra las personas, y muchos de sus integrantes están imputados por asesinato”, como señaló el representante presidencial Pablo Urquízar al medio La Tercera con relación a la supuesta organización “Weichan Auka Mapu”.

¿Quiénes son la Multigremial?

La Multigremial de la región de La Araucanía, es uno de los principales exponentes de la extrema derecha e impulsores de la militarización en comunidades mapuche, la que ha tenido una articulación en varias regiones. En la Araucanía desde el año 2008 reúne a las principales redes de poder económicas y políticas del empresariado regional, entre ellos: La Asociación Gremial Dueños de Camiones de Malleco y  Cautín; la Asociación de Industriales; la Cámara Chilena de la Construcción, Temuco; la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SALMONCHILE); la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) y la  Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G. (SOFO).

Es decir, reúne a las principales instancias que mantienen conflictos territoriales con comunidades mapuche: Empresas de la industria forestal, latifundistas coloniales agro industriales e industrias inmobiliarias.

En una declaración pública en agosto del 2020, la multigremial señalaba: “Como Multigremial Nacional, llamaremos a rechazar a todo y todos quienes promuevan o callen ante la violencia. Lo haremos en todo el país, pues no aceptaremos el cinismo de los que han callado ante brutales acciones de violencia. Los gremios, emprendedores y trabajadores somos abrumadoramente más que los terroristas y violentistas que hoy destruyen, amedrentan, saquean, queman, asesinan, trafican drogas y matonean. El silencio temeroso de las mayorías alimenta a los violentos. Por eso, hemos decidido dejar de ser una gran mayoría silenciosa».

La Multigremial tiene diversos actores que han gatillado la represión contra el movimiento Mapuche. Algunos de ellos:

• Emilio Taladriz Gómez, empresario, latifundista de origen colonial y de amplias redes e influencias de acuerdo a diversos antecedentes que se han dado a conocer, fue sindicado como  uno de los principales responsables de que Francisca Linconao haya sido vinculada con la muerte de los Luchsinger Mackay. “Su declaración contra la machi en 2013, donde fue procesada por la Ley Antiterrorista, es sólo un antecedente de la influencia que, como líder empresarial, Taladriz ha utilizado en la zona para combatir al pueblo mapuche”, señalaba la  publicación de un reportaje en enero del 2017.

Importante destacar, que la Machi Francisca Linconao, en septiembre del 2009 tribunales de alzada sentenciaron  a favor de esta autoridad tradicional  ante la tala ilegal de árboles, arbustos nativos y plantas medicinales,  en contra de una empresa forestal,  la Sociedad Palermo Limitada del empresario y latifundista Emilio Taladriz, marcando todo un precedente con la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

• Juan de Dios Fuentes, fue designado por el actual gobierno de Sebastián Piñera a como Director Regional del Registro Civil e identificación. En la Región de la Araucanía. De profesión abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica, ha denunciado ser objeto de diversos atentados “mapuche” y ha sido uno de los cabecillas de la tendenciosa campaña “Paz en  la Araucanía” y de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU La Araucanía), quienes han promovido a través de la Multigremial donde convergen, el denominado “Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena”.

Juan de Dios Fuentes, latifundista con conflictos por tenencia de tierras con comunidades mapuche ha sido sindicado por promover un clima de violencia, racismo e intolerancia. Comunidades han sido objeto de violencia estatal en el marco de esos conflictos, incluso niñez mapuche se ha visto afectada, como ocurrió el 2017 en la comunidad mapuche Antinao.

En marzo del 2016 el latifundista se paseaba armado con una pistola al cinto en una manifestación “Por la paz”, cuya “Asociación de víctimas de la Araucanía”  justificó  el accionar de agentes represores de carabineros en asesinatos a personas mapuche, como ocurrió por ejemplo, con el joven Matías Catrileo asesinado por la espalda por el GOPE Walter Ramírez. Señalaron, mientras Juan de Dios Fuentes era su presidente: “Creemos que el cabo segundo, Walter Ramírez, se ha convertido en una víctima más de la difícil situación que se vive en La Araucanía. Una víctima de la violencia”, caso ejecutado por un GOPE que asesinó por la espalda al joven mapuche Catrileo.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos señala en un estudio explorarorio del 2014 sobre la violencia en la Araucanía, indicaba: “A grandes rasgos, las demandas territoriales del pueblo Mapuche se refieren tanto a las tierras incluidas en títulos de merced o usurpadas por otras vías desde fines del siglo XIX, como a la restitución de las tierras recuperadas durante la reforma agraria y que luego les fueron desposeídas durante la dictadura; asimismo, a la reclamación de derechos de propiedad y acceso a recursos naturales (aguas, bosques, subsuelo y otros) y a las demandas de defensa de sus asentamientos ante proyectos y obras de infraestructura de alto impacto”.

La Multigremial ha sido también un poderoso actor en los últimos años en diversas regiones del País, para levantar abruptas campañas contra las modificaciones al Código de aguas para regular las privatizaciones controladas ampliamente por estos sectores empresariales. En su seno también se encuentran los principales operadores contra el proceso para una nueva Constitución en Chile.

Hoy, la justificación del estado de excepción y su militarización se hace relacionar en medio de una amplia campaña publicitaria para controlar crimen organizado de robo de maderas, narcotráfico, terrorismo, atentados a civiles, sin embargo, los temas de fondo que no se develan, se relacionan a los más de 100 conflictos de recuperación territorial que hay en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco y que involucra los intereses de latifundistas empresarios agroindustriales y empresas forestales, principalmente Arauco, Mininco y Bosques cautín, en medio de la paralización de las políticas indígenas de Conadi, en particular sobre el fondo de tierras indígenas.

Consejeros de la Corporación Nacional de desarrollo Indígena (CONADI) desde hace tiempo vienen denunciando que los fondos destinados a la compra de tierras no se están ejecutando y que el presupuesto se estaría destinando a otros objetivos.

El Consejero Mapuche Lafkenche ante Conadi, Iván Carilao, denunciaba a medios de prensa a fines de febrero de este 2021, que “Desde 2019 que la ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas ha sido bastante oscura. Se ha ocultado información”, agregando que con el presupuesto del año anterior se habían gastado “casi $ 6 mil millones (5.8) para compra de tierras, de un total de $ 76 mil millones”, acusando que el gobierno busca hacer colapsar esta situación.

Por su parte, el Consejero rapa Nui, Rafael Tuki, señaló recientemente a El Ciudadano: “He denunciado por dos años seguido la política genocida del señor director Ignacio Malig y del gobierno, porque en estos dos años se han sacado miles de millones de pesos para la compra de tierras y se han desviado con destinos desconocidos”.