Comunidades Colla esperan que Corte Suprema haga justicia ante irregularidades proyecto explotación de litio en salar Maricunga de Atacama

Luego que la Corte de Apelaciones denegaran justicia a comunidades Colla de Atacama ante recurso de protección contra proyecto que pretende la explotación de litio en el salar de Maricunga, apelaron ante la Corte Suprema a la espera que se haga justicia.

Ante el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago del recurso de protección contra un proyecto aprobado por el gobierno y que pretende la explotación de un importante salar, Maricunga en la Región de Atacama, cuyo propósito es la extracción del litio y cuyo titular es el grupo Errázuriz, familias y Comunidad Colla, Pai Ote, recurrieron a la Corte Suprema.

Con fecha 22 de octubre de 2021 se presentó la apelación a la acción de protección recha por la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), para que se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 0174 de fecha 01 de septiembre de 2020, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Producción de Sales Maricunga”, por vulnerar garantías constitucionales, Corte que rechazó sus peticiones de dejar sin efecto el acto recurrido y ni adoptar otras medidas que permitan el restablecimiento del derecho.

La acción de las comunidades representada por el abogado Hugo Castro, indica, dentro de los antecedentes generales, que, El Salar de Maricunga, además de contener ecosistemas únicos caracterizados por la fragilidad de su equilibrio ecológico y por lo tanto susceptibles a sufrir degradación, es un espacio donde también se relacionan pueblos y actividades económicas fuera de la minería. Es un espacio utilizado para el desarrollo del turismo donde se ha desarrollado una perspectiva que busca ser más amigable y comprensiva para con el ecosistema–, la irrestricta relación que mantienen las comunidades Colla desde la lógica cultural y el peso de la ancestralidad con el ecosistema.

Asimismo, indican que en el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa, ni en sus Adendas, no hay antecedentes suficientes que permitan determinar adecuadamente todos los impactos que generará el proyecto ni aporta medidas idóneas que se hagan cargo de todos sus impactos, lo cual fue permitido por el Servicio de Evaluación, quien omitió además tramites esenciales para un correcto proceso de descarte de impactos en un contexto, siendo uno de los antecedentes más relevantes, que no se aplicó la consulta indígena, lo que fue señalado claramente por diferentes organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental, durante la evaluación ambiental mediante diversos pronunciamientos e informes.

Las Comunidades han señalado que ya existe jurisprudencia desde el máximo órgano, ya que la Corte Suprema ha sostenido que la afectación de un pueblo y sus comunidades “se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”

La consulta indígena está regulada en diversas normativas, tales como el artículo 7 del Decreto N.º 66 de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social que regula su procedimiento de consulta. Asimismo, el Convenio N.º 169 establece para aquellos grupos con una especificidad cultural propia un mecanismo de participación, ante cualquier proyecto o actividad que pueda afectar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos y comunidades interesados.

El Área de Influencia del proyecto involucra diversos intereses relacionados con la vida de las comunidades, desde aspectos culturales, patrimoniales, religiosos, espirituales y de actividades económicas, por tanto, la omisión de consulta, a pesar de existir afectación directa, determina la privación del derecho a la igualdad ante la ley. Del mismo modo, también afecta al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sosteniéndose que la Dirección Ejecutiva del SEA, que calificó favorablemente el EIA “Producción de Sales de Maricunga”, es un acto arbitrario y contrario a la ley, que vulneran garantías fundamentales.

El proyecto está vinculado a la empresa Simco SpA, firma ligada al Grupo Errázuriz (Francisco Javier Errázuriz), el que busca producir litio en el Salar de Maricunga, en Atacama, con una inversión de unos US$ 350 millones. El proyecto (Bi Regional) pretende la explotación de salmueras frescas desde el sector nororiente del Salar de Maricunga, a una tasa de extracción de 275 L/s, siendo procesadas las salmueras mediante el método de evaporación solar y posterior precipitación en una planta de carbonato de litio para la producción de 5.700 t/año, y, mediante la extracción por solvente, se obtendrían 9.100 t/año de hidróxido de litio (equivalentes a 14.300 t/año de carbonato de litio), añadiendo además 38.900 t/año de cloruro de potasio como subproducto.

Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, ha señalado en reiteradas ocasiones: “Frente a este proyecto, hay que señalar que nos preocupa mucho el ecosistema, así como la espiritualidad, los impactos hídricos y también el cómo afectaría a los paisajes porque estaría todo intervenido. Con respecto al ecosistema, el salar cumple una función allí y al retirarlo van a chupar mucha el agua, la laguna Santa Rosa, y se va a afectar un sector biológico. También los humedales se dañarían. Igualmente, los sectores de pastoreos donde los animales comen”.

El anhelo de Araya es que “esto se pare, nos preocupa mucho lo que puede pasar en el territorio. Este proyecto fue inconsulto, no se cumplió con el Convenio 169, no nos consultaron, ni siquiera por la ley indígena. Todo ha sido un atropello, y eso nos preocupa a nosotros. Lo del salar es también una forma espiritual para nosotros, que también nos da vida en varios aspectos”.

Agrega la dirigente Colla: “Estamos viendo que la explotación de los salares es un desastre, porque cumplen una función importante en el territorio, en el ecosistema. Acá no se trata de un tema de dineros, se trata de la vida de un territorio, se trata de comunidades, de familias, de seres vivos”.