La justicia de Australia rechazó desclasificar los documentos que relacionan la participación del gobierno de este país en el golpe militar contra Salvador Allende en 1973.
El exoficial de inteligencia militar australiano, Clinton Fernandes, había solicitado en junio pasado la desclasificación de estos documentos, no obstante, recibió una notificación del tribunal con la carta de negación a la solicitud, cita la agencia de noticias EFE.
Fernandes, había solicitado al director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker, la publicación del texto, para esclarecer los hechos que aún se desconocían.
«(Es) una obscenidad para la memoria de las víctimas seguir ocultando la verdad», expresó el exoficial, citado por la agencia de noticias.
En este sentido, aseveró que la decisión tomada por el tribunal evidencia «que la desclasificación es responsabilidad del gobierno australiano, y la ministra de Asuntos Exteriores, Marise Payne, debería desclasificar estos registros de hace 50 años».
Cabe recordar que, Estados Unidos desclasificó los documentos en donde detalla como se apoyó al dictador Augusto Pinochet para el golpe de Estado contra Allende, así como la posible participación de Australia en los hechos, que terminaron con el asesinato del entonces presidente, y el inicio de la dictadura militar en Chile.
En esos documentos de EE.UU. se describe cómo Australia envió a Chile en 1971 a agentes de los Servicios Secretos Australianos de Inteligencia (ASIS, siglas en inglés) durante el gobierno del liberal Billy McMahon, a petición de Washington, pero su sucesor, el laborista Gough Whitlam (1972-73) ordenó la retirada de estos uniformados del país.
A pesar de que algunos documentos australianos fueron desclasificados, algunos contenían poca información sobre las operaciones encubiertas, así como la información que fue recogida por inteligencia y su enlace con la CIA.
Aun así, los documentos divulgados confirman detalles de las operaciones secretas de Australia en Chile filtradas a la prensa o admitidas por políticos a lo largo de los años, cita el portal DW.
La justicia de Australia argumenta que la Ley de Archivos permite «preservar la capacidad del gobierno para mantener los secretos cuanto sea necesario».