El mirador de los fuertes

Si algo ha logrado Enrique Doger Guerrero con su acercamiento a una parte de lo que es Morena, más concretamente al diputado Ignacio Mier Velazco, es unir a varias corrientes de ese partido que se veían como antagónicas.

Y aunque la cercanía de Doger con Ignacio Mier no es nueva, que se dé en Morena es lo que prendió las alarmas en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en Puebla sigue sin tener ninguna carta fuerte.

Una de de esas voces que se unen al repudio no sólo del exrector de la BUAP, sino del también priista Juan Carlos Lastiri, es la de Alejandro Carvajal Hidalgo, legislador federal de Morena. 

“Siempre aceptamos al extranjero y no valoramos al que nació en casa. Ya quieren traerse a gente como Doger y Lastiri”, aunque, declaraciones al margen, los de Morena ya aceptaron en Puebla a Alejandro Armenta Mier, que pertenece a la misma camada de aquellos dos.

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Donde nada huele bien es en el conflicto de la UDLAP. Las fundaciones que se disputan el control de tan prestigiada universidad han caído en una vulgar guerra de boletinazos para manipular las resoluciones de los jueces, y distan mucho de representar la pulcritud que la institución inculca en sus alumnos y egresados.

Registre usted el nombre de José Gustavo Garmendia Domínguez, un personaje clave en toda la trama que aparentemente comenzó en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas y estalló en la actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Garmendia Domínguez es un pájaro de cuenta. Aquí le va una probadita: en 2015 era consejero del Instituto Electoral del Estado y dobleteaba como presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado.

Así como lo lee: cobijado por el morenovallismo se pasó por el arco del triunfo aquello de que los consejeros electorales no deben desempeñar cargo, empleo o comisión en ningún nivel de gobierno. Y ahora no aparece por ningún lado.

Si fuera cierto que Moreno Valle presionó a la familia Jenkins para quedarse con los millonarios recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, el instrumento debió ser nada más y nada menos que Garmendia Domínguez. Pronto, más detalles.  

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Quien ya comienza a desesperar a todos los que confiaron en él para estar al frente de la Auditoría Superior del Estado es Francisco Romero Serrano. Grillas aparte, nadie ve avances en casos que bien investigados y resueltos podrían desmantelar una red de empresas fantasma que sigue operando en Puebla.

Por ejemplo: en noviembre de 2020 el mismísimo Romero Serrano dijo que a Jorge Benito Cruz Bermúdez y a Diego Corona Cremean, ambos extitulares del CAPCEE, se les investigaba por presunto desvío de 430 millones de pesos del erario.

De esa declaración, hecha el 18 de noviembre de 2020, ya está por cumplirse un año y tanto Cruz Bermúdez como Corona Cremean, ambos distinguidos morenovallistas, siguen sin que oficialmente se les compruebe algo.

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Habitantes de San Pablo Xochimehuacan reportaron que había tomas clandestinas en los ductos de Pemex, también, a decir de la Canacintra, varias empresas instaladas en esa junta auxiliar avisaron a Pemex y al gobierno de Claudia Rivera Vivanco…, pero nadie hizo nada.

Luis Espinosa Rueda, presidente de la Canacintra en el estado, lo dijo claro esta semana: la delincuencia se ha inmiscuido en actividades de Petróleos Mexicanos. Si todos lo sabían y nadie hizo nada quedan pocas dudas: en Puebla opera el crimen organizado.

Así define la ONU al crimen organizado: “grupo estructurado (…), de tres o más personas, que existe durante un periodo continuado de tiempo, y actúa en concierto con el objetivo de cometer uno o más crímenes (…), con el objetivo de obtener directa o indirectamente un beneficio material o de otro tipo”.

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