Por Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda
La Cámara de Diputados ha aprobado la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Como dijo el H.D. Jaime Naranjo, gran protagonista de la inolvidable jornada, la Cámara no tolera ya más los abusos ni la impunidad. Ello la honra y legitima ante la ciudadanía que apoya abrumadoramente la destitución de Piñera.
Si el Senado la confirma, ello tendría un significado histórico relevante y positivo para la sana convivencia social y la legitimidad del sistema democrático. Nada menos que resolver ahora la crisis política nacional en curso, designando una autoridad legítima a la cabeza del Estado. Aunque la destitución se abra paso por otros medios, esta acusación pasará a la historia: en ella participaron millones de compatriotas y fue noticia mundial.
Junto a la Convención, el 18-O habrá alcanzado así, aunque sea simbólicamente, sus objetivos principales. De este modo, la transformación en curso puede seguir su curso principalmente por los cauces así abiertos. Por cierto, queda aún todo por hacer en cuanto a las reformas necesarias que el país requiere y el pueblo exige. De hecho una de las dos más importantes, acabar con el abusivo desvío al ahorro forzoso de las cotizaciones obligatorias, a costa de millones de jubiladas, apenas se esboza en los programas presidenciales.
La otra, la principal, la renacionalización y reserva en exclusiva al Estado del uso y protección del cobre y los bienes comunes estratégicos, esa nadie siquiera la menciona. Claro, es el elefante en la habitación, si se reconoce su presencia nadie hablaría de otra cosa. Porque al cambiar la relación de fuerzas en el empresariado desde los rentistas a los auténticos capitalistas, hace posible todo lo demás. Porque quien controla el cobre, controla Chile.
Pero la nueva institucionalidad política que así está naciendo, reforzada por la próxima elección presidencial y parlamentaria, y la elaboración y promulgación de una Nueva Constitución, debería ser capaz de completar dichas reformas necesarias. Porque seguirá empujada desde abajo, como ocurre hoy con los retiros y la acusación a Piñera, por un pueblo que apenas inicia esta nueva irrupción masiva en el espacio político: las dos últimas han durado siete años cada una.
Se honrará así la más noble tradición del sistema político chileno, que a lo largo de dos siglos generalmente ha sido capaz de conducir grandes transformaciones por un cauce legal, democrático y singularmente pacifico. El respeto del mundo por ello es simbolizado en la veneración universal por el Presidente Salvador Allende. Como ha dicho un periodista talentoso aunque conservador, el contenido del 18-O es acabar con lo que se inició el 11 de septiembre de 1973. Lo sucedido tras la derrota sangrienta de la Revolución Chilena, por criminal mano ajena con intervención de una potencia extranjera, seguida de tres décadas en que el dinero se adueñó de la política, fue la restauración de los vástagos de la vieja oligarquía, que otro periodista de talento bautizó como “Hijos de Pinochet”.
Nadie los personifica mejor que Piñera, ayer acusado por la Cámara de Diputados.