Camilo Catrillanca tenía 24 años, era padre de una hija de 6 años y su compañera esperaba otra hija que nació en mayo de este 2019. Camilo fue asesinado mientras intentaba proteger a un niño en un tractor, siendo acribillado por la espalda, en la cabeza, el 14 de noviembre del 2018 por miembros del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y del Comando Jungla, crimen perpetuado luego del desplome de los planes de operación “Huracán y Andes”, asesinato que intentó cubrirse con un montaje y que involucró la responsabilidad política del gobierno de Sebastián Piñera.
Camilo Catrillanca Marin, fue asesinado el 14 de noviembre de 2018, tras recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza, mientras intentaba proteger a un niño que lo acompañaba en un tractor. El proyectil fue disparado por el GOPE – Comando Jungla.
Según informes policiales de inteligencia, Camilo Catrillanca, ya estaba previamente en la mira. El documento -“Exposición coordinación zona control orden público”– que CIPER reveló a fines de noviembre del 2018 lo indicaba, el que fue elaborado por la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE). La misma unidad que en esos precisos días de 2017 llevaba a cabo la “Operación Huracán”
Camilo era activo en la defensa de los derechos Mapuche. Fue nieto del conocido lonko en los procesos territoriales de Temucuicui, Juan Catrillanca e hijo del dirigente y werken, Marcelo Catrillanca, quien también fue perseguido por el Estado en años anteriores.
Cabe recordar, una vez cometido el asesinato. Andrés Chadwick como Ministro del Interior, dijo a la prensa: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común”. Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta la rebelión social de octubre del 2019.
En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, que establece la responsabilidad política directa del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en el crimen del joven Camilo Catrillanca.
En el texto, de 247 páginas, se detalla el rol que jugaron las distintas autoridades de gobierno en la muerte de Catrillanca, afirmándose que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política. Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche”.
Previo al asesinato de Camilo Catrillanca, estuvo activa la “Operación Huracán”, acto desde una unidad de inteligencia de Carabineros, sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017, generó una amplia red de ilícitos, con cifras que van desde cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de watsap falsos, atentados montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche, todo, con el propósito de frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales y ciertos latifundistas de origen colonial.
Condena por homicidio
En mayo de este 2021, la Corte suprema ratificó la siguiente sentencia: El principal imputado, el ex GOPE, Carlos Alarcón, fue condenado a 16 años de cárcel en total (11 años de presidio mayor en su grado medio como autor de delito de homicidio del comunero mapuche, y a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el homicidio frustrado del adolescente de iniciales M.A.P.C). El ex GOPE Raúl Ávila, en tanto, con una pena de 3 años y un día por apremios ilegítimos, 3 años y un día por disparos injustificados, y 61 días por obstrucción a la investigación.
Por otro lado, a los otros cinco condenados se les asignó las siguientes penas, bajo el régimen de libertad vigilada: Patricio Sepúlveda, se le condenó a 61 días de presidio; a Braulio Valenzuela se le condenó a 3 años y un día; a Gonzalo Pérez, a 61 días de presidio; a Manuel Valdivieso, remisión condicional; y Jorge Contreras, a 300 días de presidio.
Finalmente al abogado Cristián Inostroza se le otorgó la pena de remisión condicional. Inostroza se desempeñaba como asesor jurídico de la Prefectura de FF.EE. de la Zona de Control de Orden Público Araucanía, en la fecha en que fue asesinado Catrillanca.
Ver reporte de Chilevisión sobre asesinato de Catrillanca
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